Minería

En medio de la entrega del país a la minería por el gobierno del presidente Laurentino “Nito” Cortizo, la sociedad panameña acumula indignación ante todas las irregularidades legales y ambientales que han tenido históricamente las trasnacionales mineras en el territorio panameño.

Mientras los gobiernos solapen la megaminería, incumplirán con el Régimen Ecológico artículos 118, 119, 120 y 121 de la Constitución Política de la República de Panamá (1). Porque permitieron el inicio y el avance de la destructiva y tóxica megaminería, produciendo ecocidio y amputación ecológica en la Cordillera Central de Panamá.

Entre fines del 2019 y este número de Biodiversidad, sustento y culturas, varias provincias argentinas se vieron amenazadas por el avance de la megaminería con dos ejes en común: la connivencia de los gobiernos provinciales con las empresas tratando de modificar (o modificando) leyes a conveniencia de las mismas y la resistencia popular en las calles como protagonista absoluto del rechazo a los intereses corporativos. Esto logró en varios casos (y hasta el presente) frenar los proyectos que se intentaron imponer. Compartimos un recuento de estas luchas ejemplares y de cómo se vivieron estas resistencias en cada territorio.

"La organización de la población es muy importante, ya que ella puede conseguir normativas que eviten una profundización y la definitiva expulsión del territorio de las empresas mineras. La instalación y funcionamiento de una planta minera corresponde exclusivamente al gobierno central, pero la decisión de permitir su actividad en su localidad es competencia del municipio, que tiene autonomía suficiente para decidir su aceptación".

"A pesar del festejo alrededor de la iniciativa por parte de organizaciones y del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, “esta aprobación será recordada por los pueblos originarios como un acto de justicia”, definió Regino Montes, movimientos sociales y especialistas alertan sobre las incoherencias y peligros de ser aprobada una ley de consulta. Para el integrante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), Miguel Mijangos, la reglamentación involucra actores e intereses que van más allá de la garantía de los derechos de los pueblos".

Una falla legal en Perú vulnera los derechos de los pueblos indígenas y originarios al dejarlos al margen del otorgamiento de concesiones mineras, un proceso administrativo que el Estado ejecuta de manera unilateral, sin someterlo al proceso de consulta previa que exigen los estándares internacionales.

El 7 de febrero 2021 la población de Cuenca decidió por amplia mayoría que se prohíbe la minería en los sitios de recarga hídrica de los cinco ríos que le cruzan. Éste es el resultado de un largo proceso de movilización social de las comunidades locales y la población de Cuenca para mantener su agua limpia y libre de minería. CUENCA SI, dijo la gente, y más del 80% de la gente votó por la prohibición. Su aplicación es vinculante.

Las poblaciones que están en conflicto con la minería, saben que desde principios del 2000 hay una expansión abrumadora de la minería en Brasil. Si analizamos sólo la extracción de mineral de hierro en 2001, el país representó el 20% de toda la producción mundial, con 210 millones 500 mil toneladas extraídas [1], saltando, en 2019, a 510 millones 400 mil toneladas extraídas [2]. El salto lo impulsaron el aumento de la demanda china, el alto precio del hierro y la tasa de rentabilidad que tiene su extracción mineral. Esto provocó que el sector minero tuviera una influencia creciente en la política y economía de los estados (provincias), e hizo estallar conflictos socio-ambientales y laborales.