Bolivia

Después de tres días de intenso trabajo de campo, debate e intercambio de experiencias en el control y vigilancia de su territorio para el ejercicio de sus derechos individuales y colectivos, el IV Encuentro Nacional de Monitores Territoriales Indígenas emitió el domingo una importante declaración en la que identificó a los mercados de carbono y a la explotación de tierras raras como nuevas amenazas del modelo de desarrollo extractivo. 

Diez empresas extranjeras concentran la mayor cantidad de ventas en el mercado formal de los alimentos y bebidas en Bolivia, con el  55,7% de los ingresos facturados en el país.

Exhorta a YPFB a cesar de inmediato el uso del sistema judicial como mecanismo de intimidación y advierte sobre prácticas locales que también se consolidan como formas de amedrentamiento hacia defensoras y defensores de Derechos Humanos.

Desde la Defensoría del Pueblo, la ANPB, el CMPLP, hasta defensores de DDHH y ambientales le recordaron al Estado que está vigente el Acuerdo de Escazú que garantiza el acceso a la información y participación en materia ambiental.

Representantes de pueblos indígenas amazónicos como los tsimanes, mosetenes y tacanas, se hicieron presentes en la sede de gobierno para presentar ante las oficinas centrales de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) resoluciones para que se restrinja la otorgación de derechos mineros en la Reserva de la Biósfera y TCO (Tierra Comunitaria de Origen) Pilón Lajas, así como en el Territorio Indígena Mosetén.

CP anuló al menos 19 asentamientos en tierras ancestrales Tsimane y ordenó la aplicación de medidas precautorias a favor de Los Tsimanen de Yacuma y la cesación de autorización de desmonte otorgada por la ABT.

Después de tres días de amplio debate realizado en el V Encuentro Integración de las resistencias aglutinadas en la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas se emitió un amplio manifiesto con propuestas económicas, ambientales y sociales.

Ante la cercanía de la audiencia de medidas cautelares programada para el 24 de junio, la Defensoría recuerda que Bolivia ratificó el Acuerdo de Escazú en 2019, el cual obliga al Estado a proteger a las y los defensores de DDHH en asuntos ambientales.