Privatización de la naturaleza y la vida

El gobierno central, por medio del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, realiza diálogos a nivel nacional para la construcción de una nueva iniciativa de Ley de Aguas, este proceso ha generado controversia, aunque algunos ven la oportunidad de presentar demandas en contra de la privatización de este bien común vital para la vida. Otros desconfían de los partidos políticos y la mayoría de los diputados en el Congreso de la República, pues aseguran que responden al pacto de corruptos.

"Dado que esta ley afecta varios derechos colectivos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, nunca debió ser presentada como “económico urgente”, pues tenía que pasar por un proceso de consulta prelegislativa, como lo establece el Art. 57(17) de la Constitución del Ecuador. Por todo lo expuesto, hacemos un llamado a la Corte Constitucional para que declare la inconstitucionalidad de este cuerpo legal".

El gobierno de Javier Milei realizó el mayor ataque en décadas a la agricultura familiar-campesina, a los pueblos indígenas e incluso a organismos de gran sintonía con el agronegocio a partir de las facultades delegadas. De la eliminación del Instituto de Agricultura Familiar hasta las modificaciones en el INAI, INTA y la disolución del Inase. La responsabilidad del Congreso Nacional y de Aapresid. "Es la entrega del sistema agroalimentario al capital financiero", denuncian.

4 voces de distintas partes del mundo. Desde Ecuador a Sri Lanka y desde Kenia hasta Argentina periodistas y portales actualizan la situación de estos países con respecto al Fondo Monetario Internacional y como las deudas impactan en el campesinado.

Há três décadas, Brasil curvava-se ao TRIPS, acordo da OMC que regulamentou propriedade intelectual para garantir fartos lucros à Big Pharma. É hora de enfrentar seus efeitos, se quisermos reverter devastação na indústria nacional e garantir mais remédios à população.

La región del Bajo Aguán, norte de Honduras, vive una crisis de violencia exacerbada. Ante ello, miembros de cooperativas agropecuarias y empresas asociativas campesinas, organizadas en la Plataforma Agraria y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), protestaron este martes (3) frente al Ministerio Público (MP), en Tegucigalpa, para denunciar la impunidad de grupos armados que operan en la zona.

Las comunidades indígenas, nucleadas en la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita, enfrentan una nueva oleada de desalojos, persecuciones judiciales y violencias territoriales. Testimonios desde San Pedro de Colalao y Tafí del Valle visibilizan una estructura de impunidad para el despojo, que amenaza la vida, los ecosistemas y la propia existencia de una cultura milenaria.

Los intereses de las actividades ilegales y las industrias extractivas son comprometidos cuando científicos levantan datos para mostrar la magnitud de sus daños. En algunos casos, actores ilegales, empresariales y estatales son responsables de intimidaciones, agresiones e incluso asesinatos de investigadores en Latinoamérica.