Guatemala

Una comisión de derechos humanos de Costa Rica y el Comité Campesino del Altiplano visitaron el departamento de Izabal y encontraron que las comunidades desalojadas durante el gobierno del presidente Bernardo Arévalo viven en condiciones de abandono. Las familias Q’eqchi’ han sufrido violaciones sistemáticas a sus derechos humanos, indicaron las organizaciones que pidieron la intervención urgente de organismos nacionales e internacionales.

Pobladores de 54 comunidades de Livingston, Izabal, protestaron de manera pacífica para manifestar su rechazo a posibles licencias de explotación y exploración minera en el cerro Santa Cruz, en Livingston, Izabal. Aducen que estas actividades dañarán el bosque y principalmente los nacimientos de agua que los abastecen en época de verano.

La población maya Q’eqchi’ proveniente de la Franja Transversal del Norte (FTN), al norte del país, expresó su preocupación porque se mantiene impune la contaminación de ríos, pozos y abastecimientos de agua a consecuencia de las actividades de las empresas de palma aceitera

Tensión se vivió en la aldea Zunil, en Ixcán, cuando una comitiva de agentes de la Policía Nacional Civil y trabajadores del Ministerio Público llegaron al lugar a realizar una inspección ocular de una parte del territorio que era reclamada por el comerciante Raúl Rivas. La población de Zunil retuvo por varias horas a la comitiva que también estuvo integrada por dos personas que afirmaron ser turistas, pero que después reconocieron trabajar para Rivas. Los comunitarios dejaron ir a la comitiva cuando esta persona desistió de seguir reclamando tierras en ese lugar.

Comunidades organizadas en defensa del agua marcharon por las calles de Cobán, Alta Verapaz, el 21 de marzo para visibilizar y hacer conciencia a la ciudad sobre la contaminación de los ríos, pozos y abastecimientos de agua que provocan empresas extractivas especialmente las de palma aceitera.

Las Guardianas del Lago y el colectivo Tz’unun Ya’ organizaron una jornada de limpieza terrestre y subacuática en la cuenca del lago de Atitlán, en el municipio de San Pedro La Laguna, el pasado 8 de febrero, una labor que han realizado durante los últimos 16 años. Esta jornada permitió la extracción de 1,500 libras de desechos mientras autoridades gubernamentales y empresas privadas evadieron responsabilidades.

A pesar de que las familias de la comunidad de Chaab’il Ch’och’ cuentan con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sus dirigentes continúan sido criminalizados. Tal es el caso de Luis Xol Caal quien fue detenido el fin de semana. Su detención ha sido rechazada por comunitarios y organizaciones campesinas.

Con un total del 43,6 por ciento de su población que autoidentifica como indígena, Guatemala es el país latinoamericano más diverso de la región. Sobre el final del conflicto armado interno que se cobró la vida de miles de mayas y campesinos, el país inició la Educación Intercultural Bilingüe a través del apoyo de USAID y, más tarde, la cooperación europea. Luego, sería el turno del Estado guatemalteco. Recién en el último tiempo, las organizaciones indígenas reclamarían este derecho como sujetos políticos. Con el nuevo gobierno, se abre una nueva ventana de esperanza.