Juan Bautista Xol

Una comisión de derechos humanos de Costa Rica y el Comité Campesino del Altiplano visitaron el departamento de Izabal y encontraron que las comunidades desalojadas durante el gobierno del presidente Bernardo Arévalo viven en condiciones de abandono. Las familias Q’eqchi’ han sufrido violaciones sistemáticas a sus derechos humanos, indicaron las organizaciones que pidieron la intervención urgente de organismos nacionales e internacionales.

Pobladores de 54 comunidades de Livingston, Izabal, protestaron de manera pacífica para manifestar su rechazo a posibles licencias de explotación y exploración minera en el cerro Santa Cruz, en Livingston, Izabal. Aducen que estas actividades dañarán el bosque y principalmente los nacimientos de agua que los abastecen en época de verano.

A pesar de que las familias de la comunidad de Chaab’il Ch’och’ cuentan con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sus dirigentes continúan sido criminalizados. Tal es el caso de Luis Xol Caal quien fue detenido el fin de semana. Su detención ha sido rechazada por comunitarios y organizaciones campesinas.

Por segunda vez, las fuerzas de seguridad pública ingresaron a la comunidad Río Tebernal, Livingston, para desalojar a las familias Q’eqchi’ asentadas en ese lugar desde 2019. En el desalojo se pudo ver a Byron Matta, supuesto propietario de la finca, acompañando a las fuerzas de seguridad. La organización campesina CCDA señala que hay un amparo vigente por lo que el desalojo no debió llevarse a cabo.

Las autoridades comunitarias del primer nivel de Livingston, Izabal, se reunieron con el alcalde municipal Enrique Xol Caal, luego de conocer la llegada de la empresa minera Río Nickel S.A.