Alianza Biodiversidad

Tras una serie de reclamos de pobladores del distrito de Tacuaras, Departamento de Ñeembucú, inspectores del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), realizaron una inspección a establecimientos arroceros presentes en la zona, donde detectaron importantes obras hídricas no contempladas en el Plan de Gestión Ambiental aprobado. Desde pequeños productores, hasta representantes de la Cámara de Comercio, reclaman una actuación real y concreta por parte del Estado ante el grave impacto socioambiental que genera el avance del cultivo extensivo de arroz sobre los humedales.

Campesinos del asentamiento «3 de Junio Translumbre», ubicado en el distrito de Alto Vera, Departamento de Itapúa, fueron víctimas de un nuevo caso de desalojo aparentemente irregular. Según los testimonios locales, el operativo se realizó a pesar de que las familias ocupan y poseen el terreno desde hace 26 años, según denuncian el procedimiento busca favorecer al Diputado cartista Avelino Dávalos quien pretende apoderarse de las tierras.

"En el Ecuador de Noboa, la fusión del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica con el de Energía y Minas, constituye una agresiva forma regresiva frente a los derechos humanos ambientales y las obligaciones internacionales para afrontar la crisis climática, eliminando los contrapesos misionales de ambas instituciones, pues mientras la una realiza evaluaciones ambientales y determina la viabilidad de licencias ambientales, el otro está encargado de promover proyectos de extracción de recursos fósiles y minerales".

La presentación del Libro «Nuevas Fronteras Agrícolas. El avance del agronegocio sobre los humedales» fué presentado en la jornada de ayer jueves en tres localidades del Departamento de Ñeembucú. Las presentaciones fueron un espacio propicio para que la población exprese sus preocupaciones y denuncie los impactos que tiene el avance del agronegocio sobre los ecosistemas de la región.

Un nuevo informe del Panel Internacional de Expertos en Sistemas Alimentarios Sostenibles (IPES-Food, por sus siglas en inglés), reveló que la cadena industrial de alimentos consume al menos 15 por ciento de los combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón) usados a nivel global, porcentaje que va en aumento. Mientras en otros sectores como transporte y energía se plantea la descarbonización (con magros resultados, pero al menos su necesidad está en discusión), el sector agroalimentario queda en la sombra pese a ser uno de los principales emisores de gases de efecto invernadero que causan el cambio climático.

Un reciente informe de la organización Corporate Accountability (CA) confirma que los mercados de carbono son mayormente una estafa: no sirven para aliviar el cambio climático, se apropian del control de tierras, bosques, costas y humedales, en muchos casos en territorios indígenas y campesinos. Sin embargo, este comercio continúa porque es muy lucrativo para empresas, certificadores, verificadores y ONG intermediarias.

"La declaración del clima como un derecho humano y de la naturaleza como sujeto de derechos no son avances aislados: son los pilares de una nueva ética y arquitectura jurídica que reconoce la interdependencia entre personas, ecosistemas y culturas, y reconoce que estos principios no pueden aplicarse sin el reconocimiento y cumplimiento de los derechos de los pueblos apegados a la tiene cuya cosmovisión y relación con el territorio son determinantes como formas de limitación a proyectos y políticas que rebasan la capacidad de regeneración de la naturaleza".

"Dado que esta ley afecta varios derechos colectivos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, nunca debió ser presentada como “económico urgente”, pues tenía que pasar por un proceso de consulta prelegislativa, como lo establece el Art. 57(17) de la Constitución del Ecuador. Por todo lo expuesto, hacemos un llamado a la Corte Constitucional para que declare la inconstitucionalidad de este cuerpo legal".

La relatora especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese, presentó el 3 de julio un informe titulado De la economía de la ocupación a la economía del genocidio, donde se señala a más de 60 empresas trasnacionales de lucrar con el genocidio en Gaza y la ocupación de otros territorios palestinos.

“Barones de la Alimentación”, una publicación de 2022 del Grupo ETC, desnudó el aumento de la concentración del poder corporativo en el sistema alimentario industrial. La publicación documenta el aumento de las fusiones y adquisiciones, la creciente influencia del capital financiero y la penetración de la digitalización y otras tecnologías de gran impacto en toda la cadena de abastecimiento corporativa.

El pasado sábado se realizó en Santa Rosa del Aguara’y, Departamento de San Pedro, una plenaria de dirigentes campesinos donde se debatió respecto a la propuesta de modificación de la Ley de la Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO) a fin de destinar las tierras incautadas a personas vinculadas al narcotráfico a la Reforma Agraria. Según reportes obtenidos por dirigentes campesinos existirían más de 200.000 hectáreas de tierras en manos de la SENABICO que podrían ser destinadas a pequeños productores y familias campesinas.