Pueblos indígenas

Energia solar e eólica no Brasil: como a expansão de parques no Nordeste causa desmatamento na Caatinga, ameaça comunidades tradicionais e contradiz a sustentabilidade prometida.

Tres décadas y un buen cacho después aquí sigue Ojarasca. 

"Este informe resume la resistencia y las propuestas del pueblo Kichwa de San Martín, Perú, ante el despojo de sus territorios por el PNCAZ y el ACR-CE. Detalla además las acciones legales, de incidencia política y técnica ante el Estado peruano y otros actores de la conservación tradicional, y la estrategia de autodemarcación territorial que las comunidades kichwa y sus organizaciones representativas han emprendido en su lucha para exigir la restitución, las reparaciones y los beneficios, defendiendo sus derechos en el contexto de la conservación mientras ejercen su autonomía y autodeterminación".

A través de un manifiesto denunciaron que a pesar de tener regulados sus derechos y titulados sus territorios, el mismo Estado les arrebata y despoja, otorgando derechos a terceros y permisos para el extractivismo en todas sus formas.

Cerca de 400 delegados de diferentes países expusieron la indiferencia e insensibilidad de los gobiernos ante la grave contaminación de los ríos, la expansión del crimen organizado y el asesinato de defensores del agua.

En el día 15 del Paro Nacional 2025, las comunidades amazónicas se preparan para la Marcha por la Vida y el Territorio.

Encontro aconteceu nesta sexta-feira (3) após recomendação da DPU para suspensão do programa.

La historia se vuelve a repetir en Ecuador. Daniel Noboa, mediante el decreto 126, del 12 de septiembre, eliminó el subsidio al diésel. Medida que está dentro de los planes requeridos por el Fondo Monetario Internacional, FMI, para el desembolso de préstamos. En 2019, el gobierno de Lenín Moreno y, en 2022, el gobierno de Guillermo Lasso ya lo intentaron hacer, sin embargo, en las dos ocasiones, fuertes protestas obligaron a los dos gobiernos a retroceder con la medida. En esta ocasión, Noboa ejecutó una política de control de la protesta con dos decretos de estados de excepción en siete provincias, la militarización de las calles, el bloqueo de cuentas bancarias a organizaciones y líderes sociales, indígenas, ambientales y de derechos humanos, y la judicialización de la protesta con el uso de delitos como “terrorismo”.