Minería

Informe de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA), revela cómo toneladas de mercurio extraído de minas mexicanas llegan a los países amazónicos para ser usadas en la minería ilegal, una actividad que está destruyendo la biodiversidad y afectando la salud de las personas.

Desde hace 15 años el municipio cafetalero de Jericó, al sur del departamento colombiano de Antioquia, libra una batalla socioambiental que ha dividido a su población y que tiene hoy a 11 defensores del territorio y campesinos en un proceso judicial por oponerse a la minería de cobre del proyecto Quebradona. El proyecto es propiedad de AngloGold Ashanti, una de las mayores productoras de oro a nivel mundial.

En esta zona del norte de Chile, en el altiplano de la Cordillera de Los Andes, están puestos los ojos para una carrera a toda marcha por llegar a la explotación del litio, mientras comunidades, el mundo del turismo y ambientalistas desconfían del impacto que tendría sobre paisajes cautivadores y ecosistemas extremadamente frágiles. 

Vecinos de Asunción Mita afectados por la explotación minera exigen al Gobierno de Bernardo Arévalo que revisen los expedientes de licencias mineras y cancelen las que tienen procedimientos irregulares. Demandan el cierre del proyecto minero de Cerro Blanco que afecta a Guatemala y a El Salvador.

En diciembre de 2024, la Asamblea Legislativa de El Salvador revocó una histórica sentencia sobre la minería metálica para volver a autorizar esta actividad en el país, siete años después de convertirse en la primera nación del mundo en prohibirla explícitamente.

El pasado 2 de julio de 2025, 283 organizaciones, sindicatos y coaliciones ecuatorianas, canadienses e internacionales enviaron una carta expresando una profunda preocupación por la criminalización sistemática a 29 defensores de derechos humanos y de la naturaleza del cantón Las Naves debido a su oposición legítima y pacífica al proyecto minero Curipamba-El Domo, de propiedad canadiense. La carta fue enviada a los gobiernos de Ecuador y Canadá y a las empresas canadienses dueñas del proyecto, SilverCorp Metals Inc. y Salazar Resources Ltd. y a su filial Curimining S.A. que opera el proyecto.

La compañía Odyssey Marine Exploration busca extraer fósforo en aguas territoriales de México, a casi 45 kilómetros de la costa de Baja California Sur. La empresa insiste en impulsar su mina, mientras que pescadores, científicos y activistas advierten sobre los riesgos que implica esta actividad insólita en una zona del Pacífico rica en biodiversidad y producción pesquera.

Vidalina Morales es presidenta de la Asociación de Desarrollo Económico Social de Santa Marta (ADES). Es una referente social y de la lucha antiminera en su país, donde el gobierno de Nayib Bukele impulsó el regreso de la minería metálica, prohibida en el país en 2017. Ser defensor ambiental en El Salvador “no es una tarea fácil”, asegura Morales en diálogo con Mongabay Latam, y apunta no sólo al poder político sino a “quienes ostentan desarrollar proyectos a como dé lugar, sin tomar en cuenta el consentimiento de las comunidades” Denuncia detenciones arbitrarias de defensores de derechos humanos y luchadores sociales.