Minería

Pobladores de 54 comunidades de Livingston, Izabal, protestaron de manera pacífica para manifestar su rechazo a posibles licencias de explotación y exploración minera en el cerro Santa Cruz, en Livingston, Izabal. Aducen que estas actividades dañarán el bosque y principalmente los nacimientos de agua que los abastecen en época de verano.

Tras ocho años de prohibición de minería metálica en El Salvador, el gobierno de Nayib Bukele impulsó una ley que elimina esta restricción. El Gobierno busca asociarse con mineras para la explotación de minerales valiosos, como el oro y la plata. Organizaciones, comunidades, estudiantes e incluso líderes religiosos se han manifestado contra la nueva legislación y presentaron una demanda ante la Suprema Corte para exigir su inconstitucionalidad.

La lucha por la defensa de los territorios y la Naturaleza no puede ser silenciada. Hoy, la empresa minera ACLARA ataca a quienes se han organizado para proteger su comunidad, usando mecanismos judiciales para perseguir y amedrentar a activistas como Camila Arriagada y Arnoldo Cárcamo.

El Poder Judicial y el gobierno de Mendoza funcionan como los mejores aliados de la megaminería. Ante el rechazo vecinal al proyecto de cobre San Jorge, detuvieron de formar arbitraria a dos asambleístas socioambientales. El fiscal Juan Manuel Sánchez impulsó las detenciones a partir del testimonio de un comerciante prominero. La jueza Claudia Tula lo avaló, pero este jueves se declaró incompetente y ordenó liberarlos.

En esta columna, Pablo Madrid, investigador de Fundación Terram cuestiona el proceso de asignación de los Contratos Especiales de Operación de Litio (CEOL), debido a su falta de transparencia, ausencia de participación ciudadana y escasa consideración de variables ambientales. El autor alerta sobre la implementación de mecanismos que privilegian a grandes actores privados y marginan tanto a las comunidades locales como a la ciencia.

Los municipios de Palos Blancos y Alto Beni, en el departamento de La Paz, han logrado que se aprueben leyes municipales y departamentales para que se frene la actividad minera en sus localidades. Se ubican en la cuenca del río Beni y ahora impulsan una ley nacional contra la actividad extractiva. Las comunidades campesinas de estos municipios se dedican al cultivo de cacao, banano, cítricos y otros productos. Lo hacen bajo sistemas agroforestales, que, aseguran, les permiten combatir las enfermedades de los monocultivos.

La comunidad ejidal de Carrizalillo, establecida en el estado de Guerrero, al sur de México, resiste ante una fuerte campaña de agresiones provenientes de la empresa minera Equinox Gold, dueña del complejo minero Los Filos. Este escenario de violencia se ha agudizado en los últimos meses ya que el vencimiento del convenio de ocupación temporal de las tierras de los ejidatarios finalizó el 31 de marzo. 

Almaden Minerals ha anunciado que ha presentado su memorial en el procedimiento de arbitraje internacional con México en el marco del Acuerdo Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico. En él y sobre la base de la valoración realizada por un experto independiente, solicita una indemnización global de más de 1.000 millones USD, muy lejos de los 200 millones que reclamaba anteriormente por la pérdida total de la inversión en el proyecto de metales preciosos Ixtaca en México.