Ecuador

"En el Ecuador de Noboa, la fusión del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica con el de Energía y Minas, constituye una agresiva forma regresiva frente a los derechos humanos ambientales y las obligaciones internacionales para afrontar la crisis climática, eliminando los contrapesos misionales de ambas instituciones, pues mientras la una realiza evaluaciones ambientales y determina la viabilidad de licencias ambientales, el otro está encargado de promover proyectos de extracción de recursos fósiles y minerales".

Ante las recientes decisiones del gobierno de Daniel Noboa y las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI), expresamos nuestro más enérgico rechazo a las políticas neoliberales que, bajo el pretexto de la "eficiencia, la lucha contra la corrupción y el narcotráfico", están desmantelando el Estado, eliminando derechos y condenando al pueblo ecuatoriano a la pobreza, el desempleo y la precariedad.

El presidente ecuatoriano suprimió seis ministerios, entre ellos, el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) como parte de su Plan de Eficiencia Administrativa.

La fusión del Ministerio del Ambiente con el Ministerio de Energía y Minas, ha generado críticas desde varios sectores sociales, ambientales y académicos, que advierten sobre una posible colisión de intereses. 

"Dado que esta ley afecta varios derechos colectivos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, nunca debió ser presentada como “económico urgente”, pues tenía que pasar por un proceso de consulta prelegislativa, como lo establece el Art. 57(17) de la Constitución del Ecuador. Por todo lo expuesto, hacemos un llamado a la Corte Constitucional para que declare la inconstitucionalidad de este cuerpo legal".

El pasado 2 de julio de 2025, 283 organizaciones, sindicatos y coaliciones ecuatorianas, canadienses e internacionales enviaron una carta expresando una profunda preocupación por la criminalización sistemática a 29 defensores de derechos humanos y de la naturaleza del cantón Las Naves debido a su oposición legítima y pacífica al proyecto minero Curipamba-El Domo, de propiedad canadiense. La carta fue enviada a los gobiernos de Ecuador y Canadá y a las empresas canadienses dueñas del proyecto, SilverCorp Metals Inc. y Salazar Resources Ltd. y a su filial Curimining S.A. que opera el proyecto.

"El presente informe examina la situación de la carga global de trabajo que recae sobre las mujeres rurales en el país, un trabajo poco reconocido social y políticamente, y cómo esta carga se ve exacerbada por la presencia de plaguicidas como sustancias tóxicas".

"Todavía no es claro qué va a pasar, pero sí es cierto que potencias -como Canadá- siguen apostando por la vía de los TLC porque les asegura las ventajas de una cancha inclinada a su favor y el de sus transnacionales, y Ecuador reafirma su condición de perdedor y cómplice (a cambio de los beneficios muy concretos obtenidos gracias a la puerta giratoria entre lo público y lo privado)".