El Salvador

Dos periodistas y dos defensoras de derechos humanos recibieron mensajes amenazadores el 2 de mayo de 2025 por plataformas electrónicas. Se trataba de fichas de policía en las que los autores habían reproducido información personal de los amenazados y sus familiares, incluidas fotografías de sus hijos menores de edad, direcciones postales, asientos de pasaporte y documentos hacendarios. En las fichas se aseguraba que los destinatarios tienen órdenes de captura pendientes en El Salvador, lo cual es falso. Las fichas no eran oficiales, pero la información sí. Detrás de aquellos mensajes hay un grupo de agentes policiales salvadoreños dedicado a perfilar, vigilar y, si la orden llega, capturar a sus víctimas según lo confirmaron dos oficiales de alto rango en la Policía Nacional Civil y un agente vinculado a la Fiscalía General de la República.

Organismos internacionales denuncian una escalada represiva bajo el gobierno de Nayib Bukele contra voces críticas, con detenciones arbitrarias, procesos judiciales opacos y persecución.

Cristosal, la principal organización no gubernamental de defensa de los derechos humanos en El Salvador, anunció este jueves que abandona el país centroamericano.

En medio de una creciente represión estatal, donde el régimen de excepción en El Salvador deja 9.665 violaciones a los derechos humanos, conversamos con Ángel Flores, sindicalista y coordinador de MILPA, sobre pueblos indígenas y derechos humanos en El Salvador, esto a raíz del despojo territorial que los amenaza.

“En la historia de la persecución política en El Salvador quedará marcado el 11 de enero de 2023, durante la madrugada de ese día fueron detenidos cinco líderes ambientalistas de la comunidad Santa Marta, Cabañas, con una acusación que pronto se demostró que era falsa”, afirmó Alfredo Leiva, representante de ADES Santa Marta.

En diciembre de 2024, la Asamblea Legislativa de El Salvador revocó una histórica sentencia sobre la minería metálica para volver a autorizar esta actividad en el país, siete años después de convertirse en la primera nación del mundo en prohibirla explícitamente.

Ingrid Escobar, directora del Socorro Jurídico Humanitario, dijo en la entrevista de Radio YSUCA, que El Salvador “lamentablemente” vive una “escalada represiva” en contra de los defensores de derechos humanos y considera que “es la más violenta” después de los Acuerdos de Paz; ella, es un ejemplo, pues se autoexilió por temor a ser capturada luego de un constante acoso policial.

Vidalina Morales es presidenta de la Asociación de Desarrollo Económico Social de Santa Marta (ADES). Es una referente social y de la lucha antiminera en su país, donde el gobierno de Nayib Bukele impulsó el regreso de la minería metálica, prohibida en el país en 2017. Ser defensor ambiental en El Salvador “no es una tarea fácil”, asegura Morales en diálogo con Mongabay Latam, y apunta no sólo al poder político sino a “quienes ostentan desarrollar proyectos a como dé lugar, sin tomar en cuenta el consentimiento de las comunidades” Denuncia detenciones arbitrarias de defensores de derechos humanos y luchadores sociales.