Honduras

El Bajo Aguán sigue siendo una deuda pendiente para el Estado hondureño. Asesinato de campesinos, hostigamiento, persecución y estigmatización, desalojos forzosos, criminalización judicial e impunidad, es la cotidianidad de quienes se organizan por el acceso a la tierra y la defensa de territorios y bienes comunes.

Solidaridad con las comunidades hondureñas afectadas por las inversiones mafiosas contra Honduras. Esta semana, del 14 al 16 de julio, el Instituto de Estudios Políticos (IPS), el Instituto Transnacional (TNI), la Red de Solidaridad con Honduras (HSN) y TerraJusta, co-organizan en conjunto con las organizaciones hondureñas aliadas, Red de Abogadas Defensoras de Derechos Humanos (RADDH), MASSVida y Caritas Honduras, un encuentro de tres días en la ciudad de Choluteca, titulado: «Sin derechos humanos, no hay soberanía energética: Encuentro de comunidades afectadas por proyectos energéticos en el sur de Honduras».

Un grupo de expertos independientes, respaldado por la CIDH, investiga el caso de la ambientalista hondureña asesinada en 2016. Por primera vez, se investigará quiénes ordenaron su muerte y los intereses económicos detrás del crimen.

Representantes de comunidades indígenas, organizaciones campesinas y defensores de la soberanía alimentaria – entre ellas Vía Campesina, CNTC, Madre Tierra y ANAFAE – denunciaron que el Congreso Nacional discutirá la reinstauración de la Ley para la Protección de Obtenciones Vegetales, conocida como Ley Monsanto, junto a una nueva propuesta de Ley de Semillas, ambas con el objetivo de privatizar el uso de semillas criollas en Honduras.

La decisión del Congreso Nacional de poner nuevamente sobre la mesa la Ley para la Protección de Obtenciones Vegetales, conocida como Ley Monsanto, acompañada de una nueva Ley de Semillas, ha generado rechazo entre organizaciones campesinas, indígenas y sociales, – entre ellas Vía Campesina, CNTC, Madre Tierra y ANAFAE –quienes denuncian que estas normativas ponen en riesgo el derecho a la alimentación de millones de hondureños.

La región del Bajo Aguán, norte de Honduras, vive una crisis de violencia exacerbada. Ante ello, miembros de cooperativas agropecuarias y empresas asociativas campesinas, organizadas en la Plataforma Agraria y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), protestaron este martes (3) frente al Ministerio Público (MP), en Tegucigalpa, para denunciar la impunidad de grupos armados que operan en la zona.

En el Bajo Aguán, en el Caribe hondureño, comunidades campesinas sostienen una lucha histórica por las fértiles tierras. Los pequeños agricultores y cooperativas suelen enfrentarse a grandes terratenientes y agroindustrias. ONU Derechos Humanos apoya a las comunidades.

El asesinato del defensor ambiental obligó a las autoridades de Honduras a atender las denuncias de daños ambientales al Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras. Las comunidades afectadas por el megaproyecto minero en Tocoa han sido testigos de los asesinatos y el desplazamiento forzado de defensores. Actualmente hay tres presuntos autores materiales detenidos por el asesinato del defensor. Sin embargo hay 13 personas señaladas por delitos ambientales y de abuso de autoridad relacionadas con denuncias hechas por López desde 2021.