Acaparamiento de tierras

La deforestación en el departamento colombiano de Guaviare —que está cubierto en un 85 % de bosque— repuntó en 2024 y muestra señales de alerta en lo que va del año. Esto ocurre mientras los grupos armados, la ganadería a gran escala, los cultivos ilegales y los incendios se expanden en la región amazónica del país.

Povo Avá Guarani tem sido alvo de violência desde julho de 2024; "nós vamos matar mais de vocês", diz trecho da carta.

Más de 1.172 órdenes de detenciones pesan sobre comunidades Q’eqchi’ en Alta Verapaz cuyos ancestros sufrieron despojos coloniales y que hoy son perseguidos por resistirse a perder lo poco que les queda.

La investigación "Los señores de la tierra" revela el accionar de diez corporaciones que controlan 40 millones de hectáreas y acumulan denuncias por vulneración de derechos. Figuran tres empresas que operan en Argentina: Benetton, Cresud y Arauco. El rol de los fondos de inversión, la complicidad de los gobiernos y la necesidad de reformas agrarias para devolver la tierra a campesinos y pueblos indígenas.

Organizações de Rondônia criticam decreto que regulamenta a Lei 14.757/2023, alegando que ele anistia grileiros e ameaça quase 16 mil famílias rurais. A medida é vista como estímulo à violência fundiária e à legalização de ocupações ilegais.

Recientemente, se ha intensificado una antigua disputa entre la compañía agroindustrial  SOCAPALM (Sociedad Camerunesa de Palmas), filial del  grupo europeo  Socfin, y la comunidad indígena Apouh à Ngog (Apouh) en la región costera de Camerún. Esta tensión ha vuelto a encender debates sobre los problemas que presenta la convivencia entre las comunidades locales y las agroindustrias.

La región del Bajo Aguán, norte de Honduras, vive una crisis de violencia exacerbada. Ante ello, miembros de cooperativas agropecuarias y empresas asociativas campesinas, organizadas en la Plataforma Agraria y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), protestaron este martes (3) frente al Ministerio Público (MP), en Tegucigalpa, para denunciar la impunidad de grupos armados que operan en la zona.

El día después de la violenta incursión policial que dejó un campesino herido de gravedad y cientos de familias desalojadas en el Asentamiento San Miguel, del Distrito de Maracaná, Canindeyú, el reclamo se hace más fuerte, la comunidad señala que seguirá exigiendo su derecho a la tierra y el fin de los atropellos. Rufino Pérez, uno de los referentes del asentamiento, denuncia que muchas de las víctimas del desalojo quedaron sin nada y señala que fueron destruidos frutos de años de trabajo campesino.