Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

La Vía Campesina, el movimiento global de campesinxs y pequeñxs productorxs de alimentos, se solidariza firmemente con la Liga Campesina de Corea, la Asociación de Mujeres Campesinas de Corea y numerosos sindicatos y grupos ciudadanos que se están movilizando contra la declaración antidemocrática y la imposición de la ley marcial por parte del presidente Yoon Suk-yeol.

El poder del crimen organizado se ha enseñoreado en la mayoría de las entidades de nuestro país, sin que el gobierno federal logre contener esta fuerza destructora. La vía militar que se ha implementado es una apuesta por el uso de la fuerza y la confrontación contra la población civil. En esta estrategia se mantienen intocadas las estructuras del poder político que han establecido alianzas con el crimen organizado. El entramado delincuencial se ha arraigado en las mismas corporaciones policiacas y en la misma fiscalía federal. Los colectivos de víctimas son la expresión de la violencia imparable y de la impunidad galopante. Son las madres buscadoras las que están en la línea de fuego increpando la inacción de las autoridades que son un dique que impide avanzar en las búsquedas y en las investigaciones de las personas desaparecidas. La crisis de los derechos humanos se plasma en las mismas estadísticas oficiales.

Esta movilización se enmarca en los llamados hechos por el Presidente de la República para agilizar el proceso de implementación de la Reforma Rural Integral como eje central para avanzar en la construcción de una sociedad en paz

Los Jenefes Quevedo son de las familias poderosas de Jujuy, tanto del sector político como judicial y empresario. Guillermo Jenefes fue vicegobernador y su hijo Juan es diputado. Junto con la jueza Lis Vadecantos Bernal impulsaron el violento desalojo de la comunidad kolla Guerrero. El rol del ex gobernador Gerardo Morales y un territorio codiciado por intereses inmobiliarios.

El Tratado de Libre Comercio (TLC) que se negocia entre Ecuador y Canadá avanza a puertas cerradas y con total opacidad, sin que las organizaciones indígenas, campesinas, afroecuatorianas y montubias, de mujeres, sindicales, defensoras de derechos humanos y de la naturaleza ni la ciudadanía en general tengamos acceso a información. A pesar de las solicitudes para conocer el alcance de este Tratado, el gobierno de Daniel Noboa mantiene en secreto las negociaciones, clasificando la información como confidencial, por dos años, a través del Acuerdo 2024-0008-R del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, que fue publicado en el Registro Oficial 637 el 5 de septiembre 2024.

Al igual que lo hicieron los colonizadores holandeses en el pasado, el gobierno, las empresas y los inversionistas de Indonesia consideran que la tierra de Papúa es un vasto territorio vacío, una nueva frontera para la extracción y la especulación. Sin embargo, la tierra de Papúa no está vacía sino que es el hogar de cientos de Pueblos Indígenas, entre ellos los hombres y las mujeres de la aldea de Kampung Bariat, quienes luchan por garantizar el control de su territorio ancestral y mantenerlo libre de plantaciones de palma aceitera.

En un periplo judicial de 14 años, la Cámara Federal de Casación Penal y la Corte de Justicia de Catamarca reconocieron el reclamo de las asambleas por el derecho a un ambiente sano y mantienen abierta una investigación sobre funcionarios por incumplimiento de la Ley de Glaciares. En tiempos de avance del RIGI, desde Andalgalá sostienen que los fallos son una “carga de energía para continuar en la lucha”.

Honorables Ministros: