Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

Los misiles iluminan el cielo con sus rayos de muerte. Estallan en los barrios, en escuelas, hospitales, viviendas y cultivos. No les importa asesinar porque quienes mueren no sólo no les importan a quienes envían esas bombas de precisión, sino que les estorban.

En una grave escalada de su ataque contra la Soberanía Agrícola Palestina, fuerzas militares israelíes llevaron a cabo una violenta incursión ayer por la mañana contra la Unidad de Multiplicación de Semillas del Banco de Semillas de la Unión de Comités de Trabajo Agrícola (UAWC), ubicada en la ciudad de Hebrón, al sur de Cisjordania.

Testimonio de Mohammed Abu Mughaisib, coordinador médico adjunto de Médicos Sin Fronteras en Gaza, Territorios Palestinos Ocupados.

Desde hace 15 años el municipio cafetalero de Jericó, al sur del departamento colombiano de Antioquia, libra una batalla socioambiental que ha dividido a su población y que tiene hoy a 11 defensores del territorio y campesinos en un proceso judicial por oponerse a la minería de cobre del proyecto Quebradona. El proyecto es propiedad de AngloGold Ashanti, una de las mayores productoras de oro a nivel mundial.

Campesinos del asentamiento «3 de Junio Translumbre», ubicado en el distrito de Alto Vera, Departamento de Itapúa, fueron víctimas de un nuevo caso de desalojo aparentemente irregular. Según los testimonios locales, el operativo se realizó a pesar de que las familias ocupan y poseen el terreno desde hace 26 años, según denuncian el procedimiento busca favorecer al Diputado cartista Avelino Dávalos quien pretende apoderarse de las tierras.

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU emitió semana pasada un dictamen dirigido al gobierno de México en el cual confirmó la criminalización y detención arbitraria de los defensores de derechos humanos tzeltales Manuel Santiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Martín Pérez Domínguez y Agustín Pérez Velasco.

Dos periodistas y dos defensoras de derechos humanos recibieron mensajes amenazadores el 2 de mayo de 2025 por plataformas electrónicas. Se trataba de fichas de policía en las que los autores habían reproducido información personal de los amenazados y sus familiares, incluidas fotografías de sus hijos menores de edad, direcciones postales, asientos de pasaporte y documentos hacendarios. En las fichas se aseguraba que los destinatarios tienen órdenes de captura pendientes en El Salvador, lo cual es falso. Las fichas no eran oficiales, pero la información sí. Detrás de aquellos mensajes hay un grupo de agentes policiales salvadoreños dedicado a perfilar, vigilar y, si la orden llega, capturar a sus víctimas según lo confirmaron dos oficiales de alto rango en la Policía Nacional Civil y un agente vinculado a la Fiscalía General de la República.

El Bajo Aguán sigue siendo una deuda pendiente para el Estado hondureño. Asesinato de campesinos, hostigamiento, persecución y estigmatización, desalojos forzosos, criminalización judicial e impunidad, es la cotidianidad de quienes se organizan por el acceso a la tierra y la defensa de territorios y bienes comunes.