Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

El Comité de Unidad Campesina -CUC- expresamos, con gran indignación y profundo dolor, nuestra más enérgica condena, ante el vil asesinato del querido compañero José Alberto Domingo Montejo, abogado, incansable defensor de las comunidades indígenas y campesinas que formó parte del equipo jurídico del CUC hasta 2019, pero comprometido con sus principios, siguió apoyando a las familias campesinas.

Referente de los derechos humanos, santa pagana de todas las luchas, Norita estuvo hasta principios de este mes en Plaza de Mayo –ese lugar que transitaba desde mayo de 1977. Nunca supo qué hizo la dictadura con su hijo Carlos Gustavo Cortiñas.

Campesinos organizados en la Federación Nacional Campesina (FNC) realizaron dos jornadas de protestas ante instituciones públicas en las cuales reclamaron políticas de Estado que permitan mejorar la producción agrícola y la calidad de vida de las familias rurales. La legalización de asentamientos campesinos, el acceso a semillas e insumos para la producción y la construcción y reparación de caminos rurales de todo tiempo fueron algunos de las exigencias.

Un nuevo informe publicado por la UNESCO el 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, advierte del aumento de la violencia y la intimidación contra los periodistas que informan sobre el medio ambiente y el cambio climático. Al menos 749 periodistas o medios de comunicación que informaban sobre cuestiones ambientales han sufrido agresiones en los últimos 15 años.

La militarización de las comunidades es un paso previo a la estigmatización y criminalización de personas que defienden los territorios y los derechos ambientales.

Una importante movilización se llevo a cabo en Pucón donde se busca frenar los megaproyectos mineros.

La Unión de Pueblos y Fraccionamientos contra el Basurero y en Defensa del Agua desmintió «categóricamente» el comunicado de la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial de Puebla, en el que asegura que antes de iniciar el diálogo con los pueblos que protestaron para exigir el cierre definitivo del basurero de Cholula, la comisión «determinó retirarse de la mesa, pues pretendían imponer nuevos y diferentes temas a la problemática original».