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"Este material busca ser un insumo que contribuya a una discusión verdadera y profunda, que potencie el empoderamiento de las comunidades y organizaciones ante un escenario adverso y asimétrico donde, mientras las empresas estatales y privadas hacen gárgaras de la importancia de acelerar los proyectos de inversión para cuidar el planeta, las comunidades sufren de la devastación territorial y cultural, sin poder dimensionar, en muchos casos, el rol fundamental que poseen en la denuncia de la transición falsa, en la construcción de análisis críticos, y en la emergencia de verdaderas alternativas que nos lleven a una transición energética comunitaria con justicia".

La lucha por la defensa de los territorios y la Naturaleza no puede ser silenciada. Hoy, la empresa minera ACLARA ataca a quienes se han organizado para proteger su comunidad, usando mecanismos judiciales para perseguir y amedrentar a activistas como Camila Arriagada y Arnoldo Cárcamo.

El 6º Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza se reunió el 28 de febrero de 2025 en la Universidad de Toronto (Canadá) para analizar los devastadores efectos de las industrias extractivas canadienses, en particular sobre los pueblos indígenas y sus comunidades, los sistemas hídricos y los ecosistemas críticos de todo el mundo. 

El 28 de febrero de 2025, la Universidad de Toronto será la sede para la segunda sesión del VI Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, cuyo tema será "Los impactos de la minería y la era post-extractivismo". Este acontecimiento histórico coincide con la Conferencia de la Asociación de Prospectores y Desarrolladores de Canadá (PDAC), un encuentro emblemático de la industria minera mundial.

Familiares de la dirigenta mapuche Julia Chuñil, acompañados de numerosas organizaciones sociales, se convocaron frente la Moneda y diferentes edificios gubernamentales de Chile, para exigir una respuesta al gobierno, el estado y sus instituciones por la desaparición de la defensora ambiental.

Resuena en los medios de comunicación la alternativa del hidrógeno verde como una oportunidad para Chile, pero poco y nada se plantea sobre que es una oportunidad para profundizar el modelo extractivista que nos ha empujado a la crisis climática y la serie de vulneraciones que comunidades han enfrentado por años.

Organizaciones comunitarias y sociales han estado denunciando durante años a lo largo de Chile los graves impactos causados en sus territorios por centenares de proyectos, presentados como fuentes de energía “verde”, “limpia” o “renovable” para una supuesta transición energética justa que no toma en cuenta los derechos, necesidades e intereses de la mayoría de la población.

Está comprobado que el extractivismo genera grandes impactos medioambientales, fenómeno que en América Latina durante los últimos años ha sido ampliamente analizado por distintos movimientos socioambientales e intelectuales Latinoamericanos, así como denunciado por diversas comunidades que han dado cuenta de los impactos negativos a nivel social, cultural, económicos y ambientales, tal como señala el Informe “Utilidad Privada, Despojo Público”. En el presente análisis ahondaremos específicamente en el caso del proyecto minero Vizcachitas, ubicado en el Valle de Putaendo, comuna del mismo nombre, Región de Valparaíso, y que pretende extraer cobre y molibdeno, y cuya implementación está justificada en la concepción constitucional de utilidad pública de este tipo de extracciones.