Pesca

El parlamentario de la denominada “bancada salmonera”, además de promover un proyecto de ley que busca criminalizar y silenciar a organizaciones defensoras del medioambiente, el debilitamiento del Sistema de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAPs) y la eliminación de la Ley Lafkenche, enfrenta una serie de denuncias penales por su presunta participación en hechos de corrupción.

Una investigación de Fundación Terram reveló millonarios subsidios estatales destinados a cubrir la mano de obra de la industria salmonera mientras las empresas infringieron derechos laborales.

Los pescadores de la laguna El Arrastradero, frente al Golfo de México, aguardan por los beneficios a mediano plazo que les darán las tilapias sembradas el 12 de diciembre, cuando el alcalde Alfonso Baca Sevilla posó frente a las cámaras para inaugurar el programa de repoblamiento lagunar del municipio Paraíso. Sobre una lancha en medio de la laguna, varios líderes pescadores acompañaron al edil, agarraron un montón de bolsas y liberaron 52.000 tilapias nilóticas, un pez que la ciencia llama oreochromis niloticus.

Mediante una carta dirigida al alcalde de Aysén Luis Martínez y al gobernador regional Marcelo Santana dieron cuenta de la grave situación de desempleo que les aqueja. Los alrededores de la localidad están colmados de concesiones salmoneras, donde empresas como AquaChile, Blumar, Camanchaca, Invermar, Mowi, Cermaq, Australis Mar, MultiX cuentan con más de 300 centros en la reserva nacional Las Guaitecas y el parque nacional Isla Magdalana, maritorio hoy altamente contaminado por la industria. 

A pesar de las fiscalizaciones y órdenes de la Superintendencia de Medio Ambiente para aplicar medidas correctivas, la compañía Zero Corp continúa operando causando plaga de roedores, ruidos molestos y malos olores, junto con el despliegue de una campaña de lavado de imagen corporativa en el territorio.

En entrevista con Mongabay Latam, la bióloga marina Elizabeth Soto, experta en temas de océanos de Fundación Terram, analiza las falencias de la ley de fraccionamiento a la pesca, recientemente aprobada en el Congreso. La norma ha sido celebrada como un hito que reivindica a la pesca artesanal, atribuyéndole mayores cuotas de pesca. Sin embargo, Soto sostiene que la ley sólo modifica “cómo se está repartiendo la torta”.

Desde 1997 la ley ambiental exige que los centros que produzcan más de 35 toneladas de salmones o que modifiquen su proyecto original por sobre esa cantidad, deben evaluar sus impactos ambientales. A pesar de eso, Aquachile, brazo salmonero de Agrosuper, registra 30 ciclos productivos con más de 73 mil toneladas cosechadas por sobre lo autorizado originalmente en 9 centros distintos, y con el agravante de hacerlo dentro del Parque Nacional Isla Magdalena (2) y la Reserva Nacional Las Guaitecas (7) en la región de Aysén. A pesar de recibir denuncias, la Superintendencia del Medio Ambiente aún no inicia los procesos sancionatorios.

La Conferencia de la ONU sobre los Océanos (Niza, 9-13 junio 2025) reunió a Estados Miembros y referentes de la sociedad civil, como el pueblo mapuche y territorialidades williche-lafkenche, para abordar amenazas como industrias extractivas y conservación excluyente. Mientras sectores políticos en Chile debaten debilitar la Ley Lafkenche, la Relatora de la ONU Astrid Puentes destaca en su artículo en El País sobre la lucha mapuche por la protección costera.