La violencia fue constante para los defensores y sus territorios en la región

En Mongabay Latam, documentamos cómo las industrias extractivas y las actividades ilícitas se expandieron sobre territorios indígenas, intensificando los conflictos socioambientales. Desde las operaciones petroleras y mineras hasta la tala ilegal, la ganadería extensiva y los cultivos vinculados al crimen organizado, los territorios indígenas se han convertido en campos de disputa donde la vida y la biodiversidad están en juego.

A pesar de las amenazas constantes, las comunidades indígenas han demostrado una vez más que la organización y la resistencia son herramientas poderosas para la protección del medioambiente. Este año, conocimos iniciativas innovadoras y proyectos liderados desde los propios territorios —particularmente, construidos por las mujeres y las juventudes indígenas—, enfocados en la conservación de especies, la recuperación de fuentes de agua y la preservación de los bosques y los manglares, logrando avances esperanzadores en medio de un panorama hostil, con territorios de por sí impactados por fenómenos como el cambio climático y los incendios forestales.

Este es un recuento del trabajo periodístico de Mongabay Latam durante 2024, año en el que se documentaron las experiencias, luchas y logros de los pueblos indígenas en su empeño por proteger la naturaleza y garantizar la vida frente a un escenario complejo.

Defensores indígenas y comunidades bajo amenaza

Año tras año, Latinoamérica se posiciona como la región más peligrosa para defender a la naturaleza. La violencia permea en países como  México,  Colombia,  Ecuador y  Perú, que frecuentan los primeros lugares en los listados y reportes de organizaciones que documentan los ataques mortales contra los defensores de la tierra, los bosques, el agua y la vida alrededor del mundo.

El riesgo incrementa cuando se trata de hacer frente a las amenazas desde los territorios indígenas. Varios informes analizados por Mongabay Latam a lo largo de 2024 confirmaron la situación: el crimen organizado, los grupos armados, diversos proyectos extractivos e incluso las propias fuerzas armadas de los Estados han puesto a las comunidades y sus líderes en peligro.

Según el  último reporte de Global Witness —organización que desde 2012 documenta estos crímenes— de los 166 asesinatos cometidos contra defensores ambientales durante 2023 en América Latina, el 49 % fueron personas pertenecientes a poblaciones indígenas y afrodescendientes. Aunque varios países de la región aparecen en el listado, Colombia y México han sido particularmente violentos con los pueblos indígenas, pues la mayoría de los asesinatos registrados corresponden a defensores de estos territorios.

En el caso colombiano, la violencia no solo acabó con las vidas de los liderazgos indígenas, sino que también sembró el terror en sus comunidades. La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC)  reveló que más de 58.000 hombres y mujeres de diferentes pueblos indígenas fueron víctimas de hostigamientos, toques de queda impuestos por grupos armados, desplazamientos y la falta de atención humanitaria producto del conflicto armado. También confirmó que al menos 37 líderes indígenas fueron asesinados en el país. De todos los casos, al menos el 90 % permanece en la impunidad.

Los niños y las niñas indígenas no han quedado fuera de esta terrible situación. La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca reportó que, entre enero de 2017 y abril de 2024, al menos  817 niños indígenas originarios del norte de este departamento del suroccidente colombiano fueron reclutados por grupos armados con el objetivo de entrenarlos para la guerra, así como para acciones de vigilancia y recolección de información de inteligencia.

En México, las agresiones en contra de las personas defensoras del ambiente y del territorio no cedieron. Durante el recién concluido mandato del expresidente Andrés Manuel López Obrador —que comenzó en diciembre de 2018— al menos 102 ambientalistas y defensores del territorio sufrieron agresiones letales desde 2019. Tan solo en 2023, 20 personas defensoras fueron asesinadas, de acuerdo con el  último reporte del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda). En el documento se destaca que seis de cada diez personas defensoras de ambiente y territorio que sufrieron una agresión son indígenas.

“Las comunidades están aisladas, incluso abandonadas […] Se ha impuesto una zona de silencio que, en los hechos, es una zona de sacrificio, con el pacto de impunidad que hay entre el crimen organizado, los poderes económicos y el Estado mexicano”, afirmó Eduardo Mosqueda Sánchez, representante de la organización defensora de derechos humanos Tsikini, con sede en Guadalajara, Jalisco, respecto a lo que ocurre en la  Sierra de Manantlán, uno de los sitios más asediados en el país.

Además, la presencia militar en los territorios indígenas ha traído consecuencias que van desde la expropiación de tierras hasta masacres en contra de los pueblos. Esto se documentó en un  informe elaborado por Indigenous Peoples Rights (IPRI) y ocho organizaciones indígenas, que presentaron los diversos impactos de la militarización del sur y sureste de México. Aunque el análisis ofrece un recorrido histórico que inicia en 1965, la actual presencia de las fuerzas armadas en las actividades de la vida pública mexicana continúa impactando a los territorios indígenas en su autonomía, la libre determinación, el autogobierno, el territorio y las instituciones propias de las comunidades.

La situación no es nada diferente en otros países. En Ecuador, dos indígenas Chachi fueron asesinados en la provincia de Esmeraldas, fronteriza con Colombia. En febrero, el líder indígena Alberto Quiñónez, de 46 años, y su sobrino Didson De la Cruz Quiñónez, de tan solo 12 años, activo como un joven líder indígena,  murieron en extrañas circunstancias en un accidente automovilístico, en una zona afectada por la minería ilegal.

En Perú, el caso de  Victorio Dariquebe Gerawairey, líder indígena harakbut asesinado en abril, encendió las alarmas en la región Madre de Dios, una zona históricamente impactada por la minería ilegal. Era guardaparque de un área natural protegida en la Amazonía. Más tarde, en julio, el cuerpo del líder indígena kakataibo  Mariano Isacama fue encontrado en un campo a las afueras de la ciudad de Aguaytía, capital de la provincia de Padre Abad, tras varios días de búsqueda por su desaparición. Antes, Isacama había informado sobre amenazas vía mensajes anónimos de Whatsapp. Estas muertes se suman a más de una veintena de defensores ambientales asesinados en Perú desde 2020.

Territorios acorralados

En 2024,  una investigación de Mongabay Latam develó una realidad que aterroriza a los territorios indígenas de Perú. En colaboración con Earth Genome, se detectaron 67 pistas de aterrizaje clandestinas utilizadas para el transporte de droga en las regiones peruanas de Ucayali, Huánuco y Pasco. Se trata de tres regiones que configuran un triángulo geográfico en el que al menos 15 líderes indígenas han sido asesinados desde la pandemia por el Covid-19.

Este análisis incluyó el uso de inteligencia artificial e información satelital de fuentes oficiales. La mayoría de estos aeródromos ilegales se ubican dentro y alrededor de comunidades indígenas, reservas para pueblos en aislamiento y concesiones forestales. Un equipo periodístico recorrió las zonas y fue testigo del temor que estos hechos imprimen en las comunidades nativas, donde nadie quiere hablar de este problema y solo sobreviven en medio de una economía marcada por el narcotráfico.

Pero no solo el  crimen organizado, con toda la violencia que implica, es el único actor que acorrala a las comunidades indígenas y sus territorios en toda la región. En 2024, documentamos cómo fue que los pueblos se enfrentaron a la  agricultura extensiva que carcome sus tierras y seca los ríos en México, los monocultivos de  palma aceitera en Bolivia y los  cultivos ilícitos en Perú que deforestan el bosque, al igual que la  minería ilegal que contamina las fuentes hídricas. También, los  derrames y cementerios de petróleo que enferman a las personas en aquel país, sumados a los  incendios forestales y a los  impactos del cambio climático que desplazan a las comunidades de sus territorios originarios en Panamá.

Los logros y la esperanza

Durante el año que se fue, conocimos numerosas historias que nos devolvieron la esperanza y nos mostraron rutas para lograr cambios positivos para el planeta. Muchas de ellas fueron contadas desde los territorios indígenas, cuyas comunidades —aún con múltiples retos— han dejado grandes lecciones para la humanidad.

Un ejemplo de ello está en Ecuador. Dentro de la  Reserva de Producción de Fauna Cuyabeno, una iniciativa implementada por el pueblo indígena Cofán desde hace casi tres décadas ha logrado un importante aumento de las poblaciones de dos especies de tortugas de río. Más de 100 000 crías de la amenazada tortuga Podocnemis unifilis —conocidas comúnmente como charapas— han sido el resultado del exitoso programa de manejo comunitario. ¿Cómo lo lograron? Una de las principales estrategias es la recuperación de los huevos y la construcción de playas y piscinas artificiales al lado de las casas cofanes, montadas para la crianza de las tortugas recién nacidas antes de devolverlas a la naturaleza.

Además, 2024 representó logros sin precedentes para los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial, de hecho, el  Día Internacional de los Pueblos Indígenas fue dedicado al reconocimiento de estos pueblos alrededor del mundo. Particularmente, en Perú, las organizaciones indígenas amazónicas  lograron un hito por el que lucharon durante casi dos décadas. Los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial —conocidos como PIACI— serán protegidos dentro de la nueva Reserva Indígena Sierra del Divisor Occidental, territorio en el que habitan y en el que históricamente han enfrentado presiones que amenazan su existencia.

Mongabay Latam documentó además las luchas, los sueños y los desafíos que viven cuatro defensoras del ambiente y el territorio en la Amazonía colombiana.  Este reportaje muestra que todas ellas tienen algo en común: crecieron en un territorio lleno de vida que se ha ido transformando conforme avanzan actividades como la minería, la deforestación, la extracción de hidrocarburos o los cultivos ilícitos. Aún así, han encontrado fuerza para defender lo suyo. ¿Qué es lo que lleva a una mujer a ser defensora del ambiente? ¿Qué actividades amenazan la vida en su territorio? ¿Con qué obstáculos debe lidiar? ¿Qué violencias ha recibido y cómo las ha enfrentado? ¿Cómo afecta eso su vida familiar y comunitaria? Hablamos con ellas.

Frente a este panorama violento en toda la región, han sido precisamente las mujeres indígenas quienes se han organizado para crear espacios para cuidar a sus comunidades y a las nuevas generaciones. Muestra de ello es la  Escuela Yachaikury, un espacio educativo fundado en territorio Inga, en el departamento del Caquetá, Colombia, como una respuesta para frenar la pérdida de su cultura. Se trata de un proyecto para fortalecer a las infancias en la medicina tradicional y el conocimiento sobre las plantas, el aprendizaje de la lengua materna y su arte popular, la organización social y el manejo de los territorios.

En México existe un proyecto similar: la  Escuelita Autónoma Maya, en el estado de Quintana Roo, que se creó como un espacio para defender las raíces del pueblo indígena maya, haciéndolas crecer a través de las nuevas generaciones, frente a un contexto donde la presencia del turismo masivo y la llegada de megaproyectos como el llamado “Tren Maya” están poniendo en riesgo no solo al territorio y al medio ambiente, sino a las formas de vida del pueblo indígena maya.

De norte a sur en América Latina conocimos el gran impacto positivo que están generando los pueblos indígenas, quienes ya han sido reconocidos internacionalmente como los mejores guardianes de la naturaleza. En la Amazonía boliviana, las comunidades indígenas tsiname, mosetén y tacana  encontraron estrategias para luchar contra las sequías e inundaciones. En Colombia, el pueblo Eperaara Siapidaara  logró restaurar uno de los ecosistemas más amenazados del planeta: los manglares deforestados en su territorio. En Perú, un  nuevo libro documentó dos décadas de grandes esfuerzos de conservación de más de 90 comunidades indígenas en todo el país.

En Ecuador, el pueblo Kichwa de Sarayaku, en la Amazonía ecuatoriana, inspiró al Centro de Justicia Climática de la Universidad de California para crear un  nuevo estándar de mitigación climática. Se trata del Estándar de Justicia Climática, que aboga por mecanismos que contribuyan a la descarbonización, pero también a la justicia social. Sarayaku ahora implementa el proyecto Kawsay Ñampi, con el que busca ser reconocido por las prácticas ancestrales con las que han resguardado la biodiversidad.

Las batallas legales y la búsqueda de justicia

El año pasado, un fallo fue considerado emblemático en Perú, pues se trató del primero relacionado con un caso en que líderes indígenas fueron asesinados en defensa de su territorio. El Poder Judicial acreditó que el asesinato de los dirigentes ashéninkas de Alto Tamaya-Saweto —Edwin Chota, Leoncio Quintisima, Francisco Pinedo y Jorge Ríos— ocurrido el 1° de septiembre de 2014, fue cometido con alevosía por empresarios madereros y taladores ilegales. Aquel reconocimiento se consideró como un paso adelante en la batalla que hasta ahora libran las viudas contra la impunidad.

En México, también hubo casos representativos de la lucha legal indígena. La resistencia de los pueblos logró sentencias y avances inéditos en la defensa de sus territorios. Sobre todo, en el sureste del país, donde la presencia de megagranjas porcícolas amenaza el bienestar de las fuentes hídricas y las poblaciones que dependen de ellas. Tal es el caso de la comunidad indígena maya de Homún, en Yucatán. Un juzgado federal  emitió una sentencia en contra del permiso ambiental de la empresa Producción Alimentaria Porcícola (PAPO), instalada en ese territorio, tras comprobársele legal y científicamente múltiples violaciones ambientales y a los derechos humanos. La decisión judicial llegó para respaldar la resistencia del pueblo maya, que considera que este es un paso más en el camino para lograr el cierre definitivo de la granja contra la que luchan desde 2017.

En el norte del país, en una sentencia excepcional, un juzgado federal  reconoció el derecho al territorio de la comunidad indígena rarámuri de Bosques de San Elías Repechique, en Chihuahua. Dejó sin efectos los permisos de aprovechamiento forestales que particulares tenían sobre la propiedad ancestral de la comunidad. La resolución emitida por el tribunal le dio la razón a esta comunidad que desde hace más de 40 años demanda el reconocimiento de su territorio ancestral, mientras se enfrenta a agresiones y saqueo de recursos.

Mientras tanto, en Colombia, 20 resguardos awá de Nariño  radicaron una acción de tutela contra Ecopetrol, la mayor petrolera colombiana. Los awá denuncian que de 2014 a septiembre de 2023 hubo al menos 447 derrames de crudo en su territorio. Las cifras del propio Estado son más altas y hablan de 1117 eventos de derrames y fugas de crudo. Varios de estos fueron generados por grupos armados ilegales, pero los indígenas denuncian que los derrames no fueron controlados de manera pronta ni estructurada. La exigencia es que limpien el petróleo en sus ríos y su territorio.

Pero, ¿qué sucede cuando se busca proteger los derechos de un ecosistema? Las mujeres guardianas kukama, en Perú, demostraron que esto es posible. Su  batalla legal para que se reconozcan los derechos del Marañón, el río del que dependen y que tiene un importante valor espiritual para las comunidades indígenas de Loreto, rindió frutos en  2024. Una sentencia, en primera instancia, del Juzgado de Nauta ha reconocido que el río Marañón tiene derecho a estar protegido y libre de contaminación, principalmente derivada de los constantes derrames de petróleo en su afluente. Además, ha nombrado a las comunidades indígenas como las nuevas protectoras del río.

Fuente: Mongabay