Desalojan a familias Q’eqchi’ en Río Tebernal, Livingston
Por segunda vez, las fuerzas de seguridad pública ingresaron a la comunidad Río Tebernal, Livingston, para desalojar a las familias Q’eqchi’ asentadas en ese lugar desde 2019. En el desalojo se pudo ver a Byron Matta, supuesto propietario de la finca, acompañando a las fuerzas de seguridad. La organización campesina CCDA señala que hay un amparo vigente por lo que el desalojo no debió llevarse a cabo.
Aproximadamente 36 familias fueron desalojadas en la comunidad Río Tebernal, en Livingston, ubicada en la finca Jocoló, por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y personas que vestían de particular. Este fue el segundo intento por sacar a las personas de estas tierras que Byron Matta reclama como suyas.
Todo transcurría con normalidad en el municipio de Livingston la mañana del 5 de marzo, pero alrededor de las 7 a.m. un grupo de comunitarios advirtió la presencia de docenas de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en la comunidad Fronteras Río Dulce.
“Son como unas 75 unidades de radio patrullas y una gran cantidad de policías”, informaron a Prensa Comunitaria.
Una hora más tarde, la jueza Jesnne Selina Mackenzie Meléndez acompañada por la policía y personas particulares que portaban chalecos reflectivos y cascos, llegaron a notificar a la comunidad Río Tebernal que serían desalojadas.
“Llegó la misma jueza y nos dijo que venían a ejecutar una orden de desalojo, le pedimos la orden y no nos la quiso dar, así hizo la vez pasada”, dijo un comunitario en referencia al 4 de septiembre del 2024 cuando se intentó desalojar a la comunidad.
Se concreta el desalojo
Así se llevó a cabo el desalojo en la comunidad Río Tabernal. Foto: Prensa Comunitaria
La población exigía a las autoridades que leyeran la orden judicial pero no lo hicieron, según testimonios de quienes estuvieron en el lugar. Alrededor de las 10 de la mañana, la jueza Mackenzie les dio un plazo de dos horas para que abandonaran el lugar y sus viviendas.
“Desde ese momento la jueza nos da un plazo de dos horas para que nos retiráramos del lugar, pero no tenemos a dónde ir, nuestros hijos y las mujeres están nerviosas, además estamos en riesgo de perder más de 80 manzanas de milpa que es nuestro alimento”, manifestaron los comunitarios.
Al mediodía concluyó el plazo dado por la jueza quien ordenó a la policía y personas particulares que ejecutaran el desalojo. Según los testimonios de los campesinos, varias personas salieron corriendo ante la prepotencia con que actuaron las fuerzas de seguridad, aunque en ese momento estaba presente un representante de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH).
“Los policías nos están corriendo, algunas mujeres con sus hijos ya se fueron al monte, gritaban desesperadamente los hombres, al no poder sacar sus pertenencias dentro de sus viviendas”, relataron.
Mientras se ejecutaba el desalojo niños, mujeres y hombres se reunieron en un solo punto, debajo de los árboles a varios metros de la aldea.
Sin certeza jurídica de la propiedad
Según datos obtenidos por Prensa Comunitaria, la comunidad Río Tebernal está asentada en la finca 1577, folio 36, del Libro 23 Grupo Norte, llamada Finca Jocoló, que supuestamente pertenece a la señora Lily Vidaurre Marroquín de Matta.
Sin embargo, el juez B del Jugado Pluripersonal de Primera Instancia del Juzgado Penal de Izabal cerró, en 2023, el proceso contra los campesinos acusados de usurpación agravada porque a su criterio había incertidumbre sobre quien era la persona propietaria del terreno en este caso.
Representantes del Comité Campesino del Altiplano (CCDD) que han acompañado a la comunidad desde abril del 2024, informaron que no se les notificó sobre el desalojo y que existe un amparo presentado en septiembre del 2024 que no se ha resuelto.
Byron Matta, acompañando a policías en 2024, en el intento de desalojo de la comunidad Río Tebernal. Foto Juan Bautista
En septiembre de 2024, presentaron un amparo en la Corte de Constitucionalidad (CC) debido a que existía un proceso por parte de la comunidad, desde 2019, para asentarse en esas tierras de manera legal, llegando incluso al Fondo de Tierras (Fontierras) para averiguar a quien pertenecía la propiedad.
El 23 de diciembre nos informaron que el amparo lo habían trasladado a un tribunal de Puerto Barrios, enviamos la información que nos pidieron, evidenciando que hay una resolución o amparo abierto; por ello, la jueza no tiene por qué ejecutar un desalojo, manifestó Leocadio Juracán, dirigente del CCDA.
Un abogado que ha acompañado este proceso dijo que no hay seguridad de quién posee la certeza jurídica de la propiedad, a pesar de que Matta la reclama como suya.
“Él no puede alegar que haya usurpación mientras no sea el legítimo propietario”, indicó el abogado.
El entrevistado señaló que es irresponsabilidad de los jueces ordenar el desalojo cuando el amparo aún no ha sido resuelto.
¿Cómo llegaron las familias a la finca Jocoló?
Desde el 2019, las 36 familias Q’eqchi’ ingresaron a la finca Jocoló y nombraron la ubicación de ese lugar como Río Tebernal. Matta reclama la propiedad y se le vio en el intento de desalojo del año pasado y también este 5 de marzo acompañando a los agentes de la PNC.
Las familias dicen que ocuparon las tierras para tener acceso a ella y cultivar alimentos para sus familias ya que en Sumach, una comunidad vecina donde ellos vivían, no tenía tierra.
“Desde el 2019 ocupamos las tierras, ya que no tenemos dónde cultivar maíz y frijol, llegamos personalmente al Fondo de Tierras para averiguar si el terreno tenía dueño y nos dijeron que no, nuestro objetivo es negociar, pero lamentablemente nunca nos informaron sobre el supuesto dueño”, expresaron.
Sufren ataque
Para Juracán, el desalojo ocurrido es una violación sobre los derechos de las familias, ya que el Estado no busca garantizar su seguridad.
Las familias desalojadas están ahora viviendo bajo árboles. Foto Prensa Comunitaria
“El pacto de corruptos sigue controlando el sistema del Estado, haciendo creer que los ricos son las víctimas, cuando en la realidad las víctimas somos nosotros, los indígenas que nos han invadido nuestras tierras”, dijo Juracán.
El dirigente campesino agrega que seguirán demandando al Estado que se garantice a las familias atención básica que ahora se quedaron sin nada.
Después de que las familias pasaran la noche sobre la orilla de la carretera, a las 5:30 de la madrugada de este jueves, un grupo de personas que se movilizaban tres vehículos particulares llegaron a disparar en contra de las familias, hiriendo a tres comunitarios que fueron trasladados a la emergencia del hospital de Río Dulce, según la versión de testigos.
Una hora más tarde otras comunidades de Livingston llegaron a solidarizarse con las familias, tomaron la carretera para exigir la presencia del gobernador departamental Carlos Tenas y otras autoridades para que atiendan a las familias que están en riesgo.
También llegaron fiscales del Ministerio Público (MP) a recolectar evidencias luego de lo ocurrido.
Fuente: Prensa Comunitaria