Mendoza: otra amenaza contra el agua, la Corte Suprema contra la Ley 7722

El 28 de octubre la Corte Suprema de la Nación dio lugar a una apelación de la minera San Jorge y resolvió la inconstitucionalidad de una parte del artículo 1 habilitando el uso sustancias tóxicas para el medio ambiente como el xantato, la poliacrilamida, etc. Desde la asambleas hubo un fuerte rechazo y un llamado de alerta. La Asamblea Maipucina Por el Agua comunicó que están en estado de alerta y movilización, «Hoy, la Corte Suprema de la Justicia de la Nación resolvió el recurso de queja que Minera San Jorge había elevado tras la declaración de constitucionalidad de la Ley 7722 dictada por la Corte Suprema de Justicia de Mendoza en 2015 (¡Se tomaron su tiempo para decidir!), y no le da lugar al reclamo. En el fallo RATIFICA LA CONSTITUCIONALIDAD DE NUESTRA LEY GUARDIANA DEL AGUA, por considerar que la misma avanza en la protección ambiental, del agua y del derecho a un ambiente sano garantizados por la Constitución Nacional y por la Ley General del Ambiente. Además, reconoce los enormes riesgos ambientales de este tipo de actividad, con casos concretos y probados, tal como quedó demostrado en la provincia de San Juan; y por ello la aplicación del Principio Precautorio y del uso de facultades para ampliar las medidas de protección ambiental».  SIN EMBARGO, ABRE LAS PUERTAS AL AVANCE MEGAMINERO. El artículo 1° de la ley 7722 determina: “A los efectos de garantizar debidamente los recursos naturales con especial énfasis en la tutela del recurso hídrico, se prohíbe en el territorio de la Provincia de Mendoza, el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, y otras sustancias tóxicas similares en los procesos mineros metalíferos de cateo, prospección, exploración, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos obtenidos a través de cualquier método extractivo.” La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró que parte de este artículo (“…y otras sustancias tóxicas similares…”) es INCONSTITUCIONAL por su grado de INDETERMINACIÓN, lo que podría habilitar en Mendoza el desarrollo de la megaminería con el uso de otras sustancias no mencionadas explícitamente como el XANTATO, proyecto elevado por ejemplo, por Minera San Jorge en Uspallata.»

Y expresó, «Ante esto, ratificamos que la LEY 7722 ES LEGÍMITA porque la conquistó y defendió el pueblo en las calles. Es el resultado de una DECISIÓN CLARA Y CONSCIENTE: ¡NO QUEREMOS MEGAMINERÍA EN MENDOZA! No avalamos una actividad de tan alto impacto ambiental, con uso intensivo de enorme volúmenes de agua y energía. No queremos que exploten nuestras montañas. No toleramos que contaminen el agua NI CON CIANURO, NI CON MERCURIO, NI CON ÁCIDO SULFÚRICO, NI CON NINGUNA OTRA SUSTANCIA TÓXICA SIMILAR en contextos de crisis hídrica y de cambio climático, reconocidos incluso por los mismos organismos estatales. En esto NO hay indeterminación. Hay una posición concreta. Hay una afirmación. Una realidad. ¡El artículo es legítimo, es nuestro! NO HAY DUDAS».

Un ejemplo de la tóxicidad del xantato y la poliacrilamida fue la contaminación del río Loa en Chile. El colapso de Quillagua comenzó en el año 1997, cuando se produce el primer evento de contaminación de las aguas del río Loa. Componentes químicos, entre ellos, el xantato, el isopropanol, detergentes y metales pesados, provocaron la muerte biótica del río e impactaron la vida socio económica del pueblo. Las familias de camaroneros, perdieron toda fuente de subsistencia y los campos de cultivos fueron quemados por los contaminantes disueltos en las aguas del río. Entonces la vida del pueblo se paralizó. Podes leer la experiencia en esta  nota aquí.

Mientras el legislador provincial por el FIT-U, Lautaro Jiménez, también denunció el «lobby minero» y la modificación de parte de la Ley, «Unamos la lucha en Mendoza y el país. El fallo de la Corte a favor de la Megaminería contaminante acompaña la ofensiva del Gobierno Nacional y la derecha contra las leyes que protegen el agua y el ambiente. La lucha del pueblo en las calles es la única que puede defender el agua».

Comunicado de las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura (AMPAP):

LA MEGAMINERÍA NO TIENE LICENCIA SOCIAL

Las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura (AMPAP) expresamos nuestro rechazo a parte del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre nuestra Ley 7722 Guardiana del Agua, elemento clave de la resistencia de nuestro pueblo contra la instalación de la megaminería en nuestros territorios. *Nos declaramos en estado de alerta y movilización* y convocamos a todo el pueblo a regresar a las calles para defender nuestra agua.*El reciente fallo de la Corte nacional declara constitucional la mayor parte de nuestra ley 7722.* Sin embargo, alentando a los capitales mineros, *declaró inconstitucional una expresión del artículo 1, que prohíbe el uso de “otras sustancias tóxicas similares”.* Aunque cianuro, ácido sulfúrico y mercurio siguen prohibidos en minería metalífera, *este fallo facilita la explotación de proyectos mineros que utilicen otras sustancias también muy contaminantes y dañinas para la salud,* como xantato, poliacrilamida y otras.La derrota jurídica que sufrió el lobby minero en 2015, producto de la movilización popular que logró sostener ante la Justicia mendocina la constitucionalidad de la ley 7722, fue compensada con la decisión política de la Corte nacional de favorecer parte del reclamo de Minera San Jorge. Y esto en un contexto político donde tanto el gobierno nacional de Alberto Fernández como el provincial de Rodolfo Suárez pretenden impulsar la megaminería y el fracking en Mendoza. Las asambleas no olvidamos que en 2019 las cúpulas del PJ y la UCR acordaron derogar la ley 7722 traicionando al pueblo mendocino. El Frente de Todos y Cambiemos son socios estratégicos del lobby empresarial megaminero, y no hay grietas en su intento conjunto de imponer contaminación y saqueo de nuestros bienes comunes.Este guiño judicial al poder político y económico nos obliga a informar el riesgo al cual quedamos expuestos. *La principal beneficiaria inmediata del fallo es Minera San Jorge,* pues le facilita reimpulsar su proyecto en el valle de Uspallata, con una técnica similar a la de Minera Alumbrera en Catamarca. Si diera lugar a esa pretensión, el gobierno provincial será responsable de la conflictividad social en torno a un proyecto que desde sus inicios no tuvo licencia social. Mientras la clase política apoya el proyecto San Jorge, se niega desde hace dos décadas a crear el Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas. Ese proyecto presentado por la comunidad de Uspallata, apoyado por AMPAP y el movimiento socioambiental, permitiría un modelo productivo socialmente inclusivo y en armonía con el ambiente y los bienes comunes. Los medios de desinformación, principales aliados de las empresas y del gobernador, celebraron el fallo judicial con el objetivo de confundir a nuestro pueblo. Pretenden deslegitimar nuestra ley 7722 y cuestionar su apoyo social, para instalar la mentira de que la megaminería solucionaría los problemas económicos que atraviesa Mendoza. Las asambleas repudiamos esos intentos de desorientar a la ciudadanía comprometida con la defensa del agua. Instamos al amplio movimiento socioambiental y organizaciones de todo tipo a expresarse en calles, plazas, medios y redes, retomando la experiencia histórica que como pueblo nos permitió recuperar la ley 7722 en diciembre de 2019. Nuestra fortaleza está en la unidad y en la conciencia del pueblo que defiende el agua de Mendoza.

Desde AMPAP exigimos que la Legislatura trate y apruebe con urgencia el proyecto de creación del  Área Natural Protegida Uspallata Polvaredas, y que la dirigencia política acepte que la megaminería no tiene ni tendrá jamás Licencia Social en Mendoza.

ELAGUA DE MENDOZA NO SE NEGOCIA

Fuente: ANRed