El dilema colonial de Brasil: Minería del oro y deforestación en la Amazonía

Durante los últimos 20 años, Brasil ha enfocado su desarrollo económico hacia la producción de commodities: materias primas agrícolas, minerales y petróleo. Esta estrategia es muy similar a la implementada por los gobiernos militares que pensaban el progreso a partir de la exportación primaria y expandiendo la frontera agrícola-ganadera sobre tierras calificadas como “inhabitables”. El principal ejemplo fue  la apertura de la Carretera Transamazónica (BR-230), que diezmó a varias poblaciones indígenas y fue un fracaso millonario por su alto costo y nula utilidad. La apertura de caminos y vías navegables para la exportación de granos y minerales fue uno de los pilares de la infraestructura creada en pos del desarrollo.

El avance de la minería en Tierras Indígenas (TI) viene provocando una fuerte polémica a nivel nacional y ha puesto a Brasil en la agenda internacional por los problemas ecológicos que genera, la posibilidad de la aparición de nuevas enfermedades y el daño al desarrollo sustentable global por la depredación de la Amazonía. Desde el punto de vista legal, se viola la Constitución de 1988 y se incumplen los acuerdos internacionales: el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en materia de consulta libre, previa e informada a los pueblos indígenas; y al Acuerdo de París sobre el cambio climático y reducción de la deforestación.

Minería en Tierras Indígenas: de los bandeirantes al desarrollo contemporáneo

Desde la época colonial, los minerales siempre han sido uno de los commodities más explotados en Brasil. De más está recordar las excursiones de bandeirantes en búsqueda de piedras preciosas y oro:  las conocidas entradas e bandeiras. En el siglo XXI esta realidad persiste a partir de la explotación minera que abastece el desarrollo contemporáneo: hierro, oro, bauxita y niobio. El oro es el segundo mineral que más exporta el país después del hierro y  existe evidencia de que casi el 30% de las 48,9 toneladas de oro vendidas al exterior entre 2019 y 2020 provino de la minería ilegal debido a la falta de fiscalización, la acción irregular de empresas y los documentos falsos utilizados para blanquear el oro extraído de áreas protegidas.

Generalmente, la minería “ilegal” se encuentra en territorios indígenas o áreas de conservación ambiental. En la Amazonía Legal brasileña (un área conformada por nueve estados que supera los 5 millones de kilómetros cuadrados), se encuentran 321 minas de oro ilegales, activas e inactivas. En el estado amazónico de Pará se ubica la mayor parte de los procesos mineros en tierras indígenas que avanzaron durante el primer año de gobierno de Jair Bolsonaro. La Tierra Indígena Kayapó es la que más avances enfrenta, seguida por Sawré Muybu de los Munduruku. Este territorio es el más afectado en la última década, al reunir más del 14% de las solicitudes de explotación minera en áreas indígenas amazónicas. Además, se realizaron 97 procesos mineros en yacimientos de oro, cobre y diamante y, en menor medida, en yacimientos de casiterita y extracción de grava.

Después de Pará, los estados de Mato Grosso y Roraima son los que más concentran procesos en Tierras Indígenas durante el primer año de gobierno de Bolsonaro. Uno de los territorios especialmente afectados por títulos mineros es el del pueblo Uru-Eu-Wau-Wau, en Rondonia, cuyo proceso de homologación se completó en 2006. En este territorio viven nueve pueblos, incluyendo indígenas aislados. Los datos indican que las actividades mineras en Territorios Indígenas amazónicos han crecido un 91% desde principios de 2019: es la primera vez que registran un aumento desde 2013, tras venir cayendo año tras año.

La ofensiva de la minería sobre los marcos legales

Cualquier persona física o jurídica que desee realizar una exploración en el subsuelo brasileño debe registrar su solicitud ante la Agencia Nacional de Minería. El proceso comienza con el pedido de autorización y finaliza cuando se otorga una licencia para exploración o extracción. Desde la Constituyente hasta 2020, ya fueron enviados varios proyectos de ley con el objetivo de apropiarse de los Territorios Indígenas. Sin embargo, debido a la fuerte presión de la sociedad civil, la comunidad internacional y el movimiento indígena, ninguno de estos proyectos logró avanzar en el Congreso Nacional.

Según el Ministerio Público Federal, existen 4.073 solicitudes de títulos mineros sobre Tierras Indígenas en la Amazonía Legal en trámite, de los cuales 3.114 fueron “bloqueadas”.  Los fiscales informan que las Tierras Indígenas más afectadas en la región son Alto Río Negro (cuyas solicitudes superan las 174 mil hectáreas) y Médio Río Negro I, con solicitudes por un área superior a 100.000 hectáreas.

Las propuestas de exploración minera en las Tierras Indígenas vienen acompañadas de leyes que atentan contra los derechos indígenas garantizados por la Constitución brasileña. Este es el caso del controvertido Proyecto de Ley 191 sobre el Marco Temporal. Estas propuestas son el resultado de acuerdos entre el Estado Federal, la Fundación Nacional del Indio (FUNAI), la Casa Civil, el Programa de Alianzas e Inversiones, y el Ministerio de Minas y Energía.

Por lo tanto, se observa que, además del Proyecto de Ley 191 sobre el “marco temporal”, existe un conjunto de propuestas convergentes que apuntan a debilitar la figura jurídica de “tierras tradicionalmente ocupadas” y los derechos territoriales indígenas.  Estas iniciativas promueven excepciones a la posesión permanente de tierras tradicionalmente ocupadas por los pueblos indígenas, así como el usufructo de sus riquezas del suelo, ríos y lagos. En el mismo sentido, autorizan el ingreso, tránsito y permanencia de no indígenas.

El Proyecto de Ley 191: el avance de la minería sobre los territorios indígenas

En este momento, existen 17 Proyectos de Reforma Constitucional en la Cámara de Diputados y tres en el Senado Federal relacionados a la disputa por el territorio. En noviembre de 2019, se detectaron 148 artículos vinculados con la minería en ambas Cámaras, de los cuales el 14% correspondía a actividades mineras dentro de tierras indígenas. Estos datos revelan el grado de movilización de los legisladores en el Congreso Nacional.

El Proyecto de Ley 191/2020 enviado por el Poder Ejecutivo, para regular la minería, la producción de petróleo y gas, y la generación de energía eléctrica en tierras indígenas, es una consecuencia directa de la presión del extractivismo. El apartado referido a la demarcación de territorios indígenas es extenso y complejo, y está marcado por diferentes disputas. Las leyes que inauguraron la regulación de estos temas datan de los años 60 y 70, especialmente el Código de Minería de 1967 y el Estatuto del Indio de 1973. Si bien una parte de ambas normas sigue vigente, la Constitución Federal de 1988 estableció nuevos parámetros.

El Estatuto del Indio de 1973 permite ciertas formas de exploración del subsuelo en tierras indígenas, en casos de “gran interés nacional”, es decir, cuando las tierras contienen “riquezas del subsuelo de interés relevante para la seguridad y el desarrollo nacional”. Apenas diez años después, el Decreto 88.985 estableció que la exploración del subsuelo en estas áreas solamente podría realizarse a través de la minería mecanizada, de acuerdo con los requisitos establecidos por la FUNAI para proteger los intereses del patrimonio indígena.

La Constitución Federal reconoce derechos colectivos y rompe con el principio de integración. Según el artículo 231 de la Constitución Federal de 1988, las reservas indígenas son: “Las tierras tradicionalmente ocupadas por indígenas, las por ellos habitadas de carácter permanente, las utilizadas para sus actividades productivas, las imprescindibles para la preservación de los recursos ambientales necesarios para su bienestar y las necesarias para su reproducción física y cultural”. Sin embargo, las poblaciones indígenas no tienen poder de veto, a pesar de que la consulta libre, previa e informada es un derecho reconocido en el Convenio 169 de la Organización Mundial del Trabajo (OIT) y ratificado por Brasil.

La devastación de la minería del oro en números

La explotación de minerales es extremadamente depredadora en todos los sentidos: afecta a todo el ecosistema, amenaza la supervivencia de una minoría vulnerable como son los pueblos indígenas (el 0,49% de la población brasileña) y a toda una población ribereña que depende de la pesca para su alimentación y trabajo. La gran devastación ambiental y la amenaza en términos de salud y bienestar no forman parte de los cálculos económicos del gobierno. Por el contrario, los consideran obstáculos para el desarrollo de Brasil.

En el primer semestre de 2020, según el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales, la deforestación aumentó en un 25%. Al 10 de junio de 2020, la contribución de la actividad minera a las tasas de deforestación en territorios indígenas había aumentado del 4% en 2017 al 23%, especialmente en territorios indígenas donde la degradación ambiental causada por la minería aumentó en un 107% entre 2018 y 2019. Esta situación tiene un impacto directo en las tasas de deforestación y los riesgos a la salud de las poblaciones indígenas.

En la cuenca del Tapajós, donde viven los pueblos indígenas Munduruku, se estima que se comercializan ilegalmente 30 toneladas de oro al año: aproximadamente 4,5 mil millones de reales en ingresos no declarados, es decir, seis veces más que la actividad legal en la región. Esta estimación significa buena parte de la cantidad total de oro producida por la minería en 2018.

Ya en el primer semestre de 2019, en la Tierra Indígena Yanomami ubicada en Roraima, el Estado había exportado 288 kilos de oro, a pesar de no haber minas autorizadas para su extracción. Este fenómeno evidencia los desafíos de la irregularidad y la ilegalidad en la cadena de producción de oro. Según el Ministerio Público Federal de Brasil, un kilo de oro representa 1,7 millones de reales en daños ambientales que, a su vez, genera un costo ambiental casi 10 veces mayor que el precio real del oro.

De este modo, los pueblos indígenas se encuentran amenazados económica, social y culturalmente, y desprotegidos en relación a la salud. En este escenario de “tierra arrasada”, se encienden las alarmas frente a un posible genocidio. Con la contaminación de ríos por mercurio (como es caso del Tapajós) y la falta de caza debido a la deforestación y el fuego, los grandes brotes de malaria y Covid-19 dejan a esta población a merced de un país en el que la ley, como decía el jurista y político brasileño Ruy Barbosa, “solo se aplica a los enemigos”.

El impacto de la minería en la propagación de la malaria y el Covid-19

A raíz de un brote de malaria en tierras indígenas, el 4 de noviembre, la Secretaría de Salud del Municipio de Jacareacanga le solicitó ayuda al Instituto Evandro Chagas, el reconocido centro de investigación en medicina tropical que depende del Ministerio de Salud. La carta advierte sobre la alta circulación de mineros y la posibilidad de que la enfermedad se propague a áreas urbanas e indígenas: "Como los buscadores de oro viven migrando de una mina a otra, la malaria se está expandiendo a otras tierras no indígenas". Otro factor de preocupación es la capacidad de respuesta del sistema de salud local: “Además de los casos nuevos, todavía hay un gran número de recaídas, provocadas por la interrupción del tratamiento”.

Si bien  la malaria es endémica en la región amazónica, la Secretaría de Salud Pública del Estado de Pará registra que los 13 centros regionales de salud en Pará, Santarém y Altamira son los únicos que mostraron un aumento de casos entre 2019 y 2020. De modo contrario, otras áreas registraron una caída de más del 50%. Al 10 de noviembre de este año, la región de Santarém, que abarca el municipio de Jacareacanga, registró 8.536 nuevos casos de malaria. En todo 2019, hubo 8.427 casos.

La población indígena lucha por preservar su medio ambiente y por un servicio de salud que pueda garantizar su supervivencia. Sin embargo, este fue también uno de los frentes en los que el actual gobierno trabajó para desmantelarlo. El resultado fue un aumento de la desnutrición, de las enfermedades endémicas y brotes provocados por invasores legales e ilegales en sus territorios. Cuando el Covid-19 llegó a las Tierras Indígenas, las comunidades estaban totalmente debilitadas y sin recursos federales. La FUNAI y la Secretaría Especial de Salud Indígena no tienen recursos y sus funcionarios responden a los intereses del agronegocio y el extractivismo.

La Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil contabiliza 60.190 contagios por Covid-19 en territorios indígenas, 1.221 indígenas muertos y 162 pueblos afectados.  La mayor incidencia se da en las áreas con presencia de no indígenas: “Vivimos una situación alarmante que se agrava cada día porque además de la amenaza de la pandemia, se agravó el racismo, la deforestación ilegal, el agronegocio, la acción criminal de los acaparadores de tierras, madereros, mineros y tantos otros delitos que siguen avanzando hacia dentro de nuestros territorios”.

Si bien son muchas las causas que aumentan la violencia hacia los pueblos indígenas, el gobierno de Jair Bolsonaro juega un rol importante al echar más nafta a la hoguera de conflictos. A la ausencia de un plan de acción para enfrentar al coronavirus y a su prédica antivacunas, se suma una batería de medidas legislativas que buscan recortar los derechos territoriales de las comunidades. Mientras en este momento el Congreso Nacional avanza sobre el Presidente, hace tiempo que los pueblos indígenas vienen resistiendo en las calles y en los territorios.

Fuente: Debates indígenas