Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

Serie  | Por qué nos movilizamos 

La historia de nuestros pueblos está llena de hitos de rebeldía que han impedido el abuso del poder. Los levantamientos indígenas y las acciones de protesta de las diferentes organizaciones y movimientos sociales han logrado mantener vivo el sentido colectivo que se ha expresado en muchos procesos de resistencia a lo largo del tiempo frente a un colonialismo que sigue buscando despojar a los pueblos de sus derechos y territorios. 

Sobre las amnistías dadas por la Asamblea Nacional del Ecuador a Defensores de Derechos Humanos y de la Naturaleza.

 Una operación más tuvo lugar el domingo pasado a través del programa de Jorge Lanata, y sucede en simultáneo con un proceso de crisis en la conducción de esa organización que llevó a que importantes compañerxs se retiren de la misma. Desde aquí volvemos a repudiar estas operaciones que conspiran contra los intereses populares, buscando hacer retroceder experiencias muy importantes donde las organizaciones de pueblo demuestran concretamente que mucho de lo que padecemos puede ser de otra manera. Si queremos alimentos sanos a precios justos en otra Argentina, debemos entender que el camino es de la mano de las organizaciones de la agricultura familiar campesina e indígena.

Los indígenas Ka'apor necesitan atención global a su problema: su territorio, el Alto Turiaçu, es una selva tropical que está siendo saqueada por madereros, especuladores de tierras y buscadores de oro. La resistencia Ka'apor tiene por respuesta amenazas, ataques e incluso algunos de sus miembros han sido asesinados. Firma la petición.

El día domingo 12 de junio, en el programa Periodismo Para Todos (PPT), conducido por Jorge Lanata, se presentó un informe sobre la gestión del Mercado Central y el rol de su presidente, Nahuel Levaggi, integrante de la coordinación nacional de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT).

Tres meses después de que la Asamblea Nacional concediera las amnistías, los procesos se entrampan en trámites burocráticos y alimentan nuevos casos de persecución. La crisis institucional del poder Legislativo impide la cristalización de los beneficios que deberían obtener las personas a las que se les concedió la amnistía el pasado 10 de marzo. La intención del gobierno de Guillermo Lasso, de impulsar actividades extractivas en todo el país, propicia la persecución y criminalización de líderes indígenas, abogados y organizaciones de la sociedad civil.

En Guatemala, es continua y sistemática la violación de los derechos humanos y el hostigamiento a defensoras y defensores de derechos, del medio ambiente o la simple defensa de la vida y los territorios de los pueblos. Tal es el caso de la compañera María Magdalena Cuc Choc, mujer q’eqhi del municipio de El Estor, detenida arbitrariamente el 19 de enero de 2018 en Puerto Barrios por la Policía Nacional Civil, acusada injustamente con otros líderes por la “presunta comisión de los delitos de Usurpación Agravada, Amenazas y Detención Ilegal”. Todo esto basado en la acusación que hizo Lisbal Sociedad Anónima contra la comunidad Chabil’ Ch’och. Lisbal aseguró que algunos integrantes de la comunidad habían invadido la propiedad de la compañía. Y toda la persecución se activó sin respiro.

Andalgalá es el epicentro de la avanzada minera y, también, de la vulneración de derechos. Aldo Flores, de 73 años, y Enzo Brizuela, de 33, fueron detenidos por oponerse al proyecto minero MARA. Un docente jubilado y un lutier —padre de una beba—, dos historias de militancia, organización colectiva y cuidado de la vida. Ambos integran la Asamblea El Algarrobo.