Verdurazos versus operaciones en la Argentina en disputa

El sector de la agricultura familiar campesina e indígena irrumpió con fuerza en la agenda pública desde hace tiempo. A través de los verdurazos y otras acciones de lucha, sus organizaciones lograron visibilizar a quienes producen la mayor parte de lo que comemos diariamente, sobre todo las verduras. Rostros y problemáticas que era invisibles para la mayoría de la población urbana. Mientras esos millones en las ciudades empezaron a preocuparse por la calidad de lo que comen, el sector incorporó a ese debate las condiciones que el modelo dominante impone a esas miles de familias productoras: rehenes de canales de comercialización injustos, condicionados por un sinfín de cuestiones al uso del paquete tóxico de síntesis, a semillas sobre las que no tienen control con precios en dólares, sin políticas de acceso a la tierra y sometidos a contratos de alquiler leoninos que impiden condiciones dignas de vida, o empujados sistemáticamente por la especulación inmobiliaria en los periurbanos.

Por sobre el economicismo que impera en la mayoría de los sindicatos, sus organizaciones incorporaron a sus reivindicaciones gremiales debates de fondo respecto al modelo agropecuario en la Argentina y el mundo. Así, ocuparon la centralidad del reclamo por el acceso a la tierra, contra la apropiación corporativa de las semillas, construyendo feminismos campesinos y herramientas específicas contra la violencia patriarcal en el campo, demostrando en la práctica que es posible tener cadenas de comercialización con precios justos en ambas puntas, y que los aumentos que las corporaciones atribuyen casi a cuestiones naturales tienen que ver con la especulación de pocos jugadores concentrados, entre tantas cosas más.

A partir de todas estas iniciativas concretas, esas organizaciones lograron construir potentes alianzas con sectores urbanos y, juntas, poner sobre la mesa cuestiones centrales como el alimento, la salud, la vivienda, la justicia, la violencia, el ambiente, cómo está ordenado el territorio en nuestro país, y quién debe apropiarse de los frutos del trabajo.

Con el gobierno del Frente de Todos que encabeza Alberto Fernández, muchos compañeros y compañeras de las organizaciones pasaron a ocupar lugares importantes de gestión en distintos estamentos del Estado. Uno muy destacado fue el nombramiento de Nahuel Levaggi de la Unión de Trabajadorxs de la Tierra en el Mercado Central de Buenos Aires, de cuya gestión hemos dado cuenta en muchas oportunidades. Esa gestión empezó en plena pandemia, el 24 de marzo del 2020, cuando el abastecimiento de alimentos estuvo en el centro de las preocupaciones oficiales y sociales; pero desde el minuto cero tuvieron que sufrir aprietes y operaciones de sectores que perdieron poder y negocios. Con el embate reaccionario que vivimos en todo el país, también se busca barrer de lugares relevantes de decisión a las organizaciones populares. Una operación más tuvo lugar el domingo pasado a través del programa de Jorge Lanata, y sucede en simultáneo con un proceso de crisis en la conducción de esa organización que llevó a que importantes compañerxs se retiren de la misma. Desde aquí volvemos a repudiar estas operaciones que conspiran contra los intereses populares, buscando hacer retroceder experiencias muy importantes donde las organizaciones de pueblo demuestran concretamente que mucho de lo que padecemos puede ser de otra manera. Si queremos alimentos sanos a precios justos en otra Argentina, debemos entender que el camino es de la mano de las organizaciones de la agricultura familiar campesina e indígena.

La lucha de los y las trabajadoras de la tierra tuvo hace poco menos de una semana un nuevo hito con un nuevo verdurazo en la Plaza de Mayo, sacando a la calle reclamos que son centrales para todos y todas, en el campo y las ciudades.

Fuente: Huerquen