Guatemala: la criminalización como método empresarial
En Guatemala, es continua y sistemática la violación de los derechos humanos y el hostigamiento a defensoras y defensores de derechos, del medio ambiente o la simple defensa de la vida y los territorios de los pueblos. Tal es el caso de la compañera María Magdalena Cuc Choc, mujer q’eqhi del municipio de El Estor, detenida arbitrariamente el 19 de enero de 2018 en Puerto Barrios por la Policía Nacional Civil, acusada injustamente con otros líderes por la “presunta comisión de los delitos de Usurpación Agravada, Amenazas y Detención Ilegal”. Todo esto basado en la acusación que hizo Lisbal Sociedad Anónima contra la comunidad Chabil’ Ch’och. Lisbal aseguró que algunos integrantes de la comunidad habían invadido la propiedad de la compañía. Y toda la persecución se activó sin respiro.
Para los medios y las investigaciones que han seguido el caso, es a todas luces un caso de acoso judicial para intimidar a la población y así obligarles a que renuncien a la resistencia.
María ha trabajado como traductora y es defensora de derechos humanos. Su cuñado Adolfo Ich fue asesinado en 2009 por agentes de seguridad de Hubday Minerals y la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN). Su hermano Ramiro Choc fue encarcelado por razones políticas durante seis años y medio.
Dice Alianza por la Solidaridad de María Choc: “Como mujer indígena, y ante la rabia de ver lo que estaba sucediendo en su comunidad, se comenzó a preguntar qué estaba pasando. Así investigó y visitó varias comunidades afectadas por las actividades de empresas extranjeras. Muchas mujeres sólo hablan el idioma q’eqhi, por lo que no se pueden defender frente a las multinacionales. Al constatar las violaciones y vulneraciones de derechos que se estaban produciendo, se empezó a preguntar cómo podían conseguir acceder a la justicia. Tras mucho trabajo lograron poner una demanda en Canadá, país de origen de la empresa minera responsable de los desalojos de las familias”.
Continúa el relato: “Su municipio (El Estor), como muchos habitados por población indígena, está seriamente afectado por la actividad de empresas mineras que los despojan de sus tierras, así como agroempresas de monocultivo de palma africana, caña de azúcar y bananeras, que llevan años contaminando y destrozando las tierras fértiles del territorio q’eqhi. El territorio y sus habitantes también están afectados por las empresas hidroeléctricas, que junto con las mineras y las agroempresas están contaminando sus ríos y lagos, que son su fuente de sustento. Incluso el bello Lago Izabal, donde las familias van a pescar, está siendo contaminado”.
En su primera detención, la defensora logró ser liberada tras el pago de una fianza de 5 mil quetzales (unos 375 euros), la prohibición de salir de Izabal y la orden de presentarse en tribunales una vez a la semana durante 6 meses.
Prosiguiendo con su proceso, este 21 de abril de 2022 se inició el juicio en su contra y se escucharon las primeras declaraciones. Un dato de esta primera audiencia es que el juez Jesús Mazariegos cambio el salón de la audiencia de una grande a una pequeña como estrategia para evitar el ingreso de acompañantes y prensa.
El 5 de mayo, en teoría, debía acudir con sus peritos y testigos para la continuación del juicio.
Dice Angie Ross, de Ruda, mujeres y territorio: “Han transcurrido cuatros años, en donde María ha pasado un proceso de criminalización, acusada de los delitos de usurpación agravada, detención ilegal y amenazas; la denuncias fueron presentadas por la empresa Lisbal, Sociedad Anónima. En horas de la mañana del 3 de mayo, diversas organizaciones de mujeres realizaron una conferencia de prensa para expresar su solidaridad y su respaldo a la defensora María Magdalena Cuc Choc, solicitaron que se garanticen sus derechos”.
De acuerdo a ese medio, en la conferencia participó en línea María Choc e insistió que “los motivos de su criminalizacion son por ser mujer, indígena y traductora de los pueblos y territorios q’eqchi’”. Ella resaltó que quienes deberían estar tras las rejas son las empresas “que perjudican los territorios de los pueblos y no las defensoras y los defensores que exigen justicia”. La misma María señala que van diez veces en que se han cancelado las audiencias “hasta que han llegado al debate oral”.
Esto parece una película donde se repiten los tiempos y las acciones, porque justo hace un año, el 8 de mayo de 2021, Prensa Comunitaria escribía que pese a estar programada para el 6 de mayo [de hace un año], no obstante tampoco se llevó a cabo la audiencia. Dijo Prensa Comunitaria en 2021: “El 6 de mayo, [María] llegó al Juzgado de Primera Instancia Penal de Puerto Barrios donde se suspendió la audiencia que se tenía programada para su caso, porque el juez Edgar Aníbal Arteaga argumentó que celebrar esa audiencia implicaría un riesgo, pues se coordinaría la fecha de debate en contra de Cuc Choc. La nueva audiencia donde se decidirá si se admiten los nuevos elementos de prueba fue reprogramada para el próximo 3 de agosto. No es la primera romería que María realiza en búsqueda de una resolución a su situación. Ella es una lideresa, traductora, defensora del territorio y del medio ambiente, que desde el 2018 ha enfrentado una serie de retrasos en los procesos judiciales, persecución por vehículos desconocidos, difamación y problemas a su salud derivados de ese caso, en el que se ha cansado de decir que es inocente y sus abogados de reiterar que se trata de un caso de criminalización a líderes indígenas en esa área del país”.
Un año después, en 2022, de acuerdo a Ruda, “La abogada Pérez, esperaba que este 5 de mayo se lograra la prueba de descargo en donde se escucharían los peritos y testigos que la defensa propuso, brindando al juez una mejor visualización de los hechos, los actos y de la labor de la defensa de los derechos humanos por parte de María Cuc Choc. Posteriormente se espera que el 19 de mayo se continúe escuchando las pruebas que presente el Ministerio Público”.
Como dice Lucía Ixchíu: “La libertad de María Choc, es la libertad para todas”.
Con información de Frontline Defenders; CMIGuate; Alianza por la Solidaridad; Ruda, Mujeres y Territorios; y Prensa Comunitaria
Fuente: Suplemento Ojarasca (La Jornada)