"Lo único que hacemos es defender nuestra agua. No entendemos por qué nos persiguen"

Este artículo forma parte de la revista Biodiversidad, sustento y culturas #112

Nancy Simba es una de las 268 personas que recibieron amnistía el 10 de marzo por parte de la Asamblea Nacional del Ecuador.

Ella es una defensora de su territorio y la naturaleza, madre de familia, que ayuda además a su hermana con capacidades especiales, y líder social que ocupa la vicepresidencia de la comuna ancestral de La Toglla, a los pies del Cerro Ilaló, lugar con los más antiguos asentamientos humanos en el Ecuador. Su ubicación y clima privilegiado despertaron la voracidad del sector inmobiliario. Nancy, junto con otros 57 procesados fue criminalizada por el presunto delito de ocupación, uso ilegal del suelo y tráfico de tierras en su propio territorio ancestral.

Un caso parecido es el de don Homero de La Cruz, comunero de Valdivia en la costa ecuatoriana, donde también el sector inmobiliario lo criminalizó. La comuna de Valdivia es considerada como la cuna de la agricultura en el país, donde se han encontrado indicios de cultivo de plantas de 10 mil 800 años de antigüedad, y es en ese territorio donde el Estado ha desconocido su ancestralidad, entregando escrituras a agentes privados. Don Homero murió en la clandestinidad, víctima de Covid, y fue tardíamente amnistiado.

Hay madres y abuelas como Carmita Caripama, quien considera que su lucha es por sus nietos y biznietos. “Ellos han de sufrir y dirán ‘no hubo nadie quien haya hecho algo por nosotros’, por eso lucho. Hay defensoras de sus territorios que tuvieron que vender sus vaquitas para poder contratar a abogados que las defiendan, después de haber sido criminalizadas”, nos cuenta Ivonne Ramos de Acción Ecológica.

El grupo más grande fue de defensoras que enfrentan a empresas mineras, como doña Jovita Curipoma, agricultora de 62 años, defensora de los páramos de Fierro Urco, criminalizada por abogados de la empresa Guayacán Gold; o Gabriela Fraga, quien con su comunidad de La Merced de Buenos Aires, enfrentan a la minera Hanrine. Lo único que quieren las comunidades es continuar con sus actividades agrícolas y ganaderas, lo que no es posible si tienen que convivir con la minería.

Para don Víctor Guaillas, defensor del agua, la amnistía llegó tarde. Él estaba privado de la libertad y sin sentencia en firme por 15 meses, y fue asesinado en la masacre en la Penitenciaría de Guayaquil en noviembre de 2021.

Defensores del pueblo shuar, que viven en lugares remotos, y que para salir de sus territorios deben alquilar avionetas o viajar por canoas varios días, se quedaron sin el beneficio de las amnistías porque no pudieron cumplir con los requisitos de ley.

Ivonne Ramos dice que “aunque vivimos en un Estado constitucional de derechos, las personas que hacen uso de su derecho constitucional a la resistencia, de su obligación de defender los derechos de la naturaleza, son perseguidas continuamente”, porque en el Ecuador son sistemáticamente desconocidas las personas defensoras de derechos humanos y de la naturaleza, a pesar de que en el país se reconoce el Derecho a la Resistencia.

Aunque se dio amnistías a 93 personas por defensa de derechos de la naturaleza, muchas otras criminalizadas no fueron incluidas. Ya hay una lista de sesenta defensores que esperan beneficiarse de un nuevo proceso de amnistías, incluyendo abogados defensores de defensores.

Al referirse al proceso previo al otorgamiento de amnistías, Nathalia Bonilla, presidenta de Acción Ecológica, dice que “hubo un meticuloso análisis de cada caso de judicialización, y visibilizó el modus operandi de los grandes intereses económicos, su estrategia es levantar falsas acusaciones contra las comunidades y personas que defienden la tierra, y llevar estas acusaciones a los sistemas de justicia, en un uso utilitario de la ley. Pero estas amnistías representan un éxito en la concreción de los derechos de la naturaleza consagrados en nuestra Constitución: pues ésta tiene derecho a tener defensores”.

“En los listados de beneficiarias hay muchas personas defensoras de derechos colectivos. Además, personas que han sufrido discriminación estructural, que padecen múltiples vulnerabilidades y a quienes el Estado les ha impuesto decisiones unilaterales lesivas de derechos y que no han tenido otro recurso que apelar al artículo 98 de la Constitución que garantiza el derecho a la resistencia en nuestro país”, dice Vivian Idrovo, de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos.

Ella añade que “las amnistías reconocen el derecho a defender derechos como lo establece el derecho internacional, que protege a las personas defensoras que ponen su vida, sus cuerpos, su dignidad en juego al defender esos derechos que nos hacen bien a todas las personas y que permiten que nuestra sociedad sea más democrática… [pero] lamentablemente no existen garantías de no repetición en el Estado ecuatoriano para que estos actos que comete la Administración de Justicia y el Estado ecuatoriano no sigan sucediendo. Esto es muy grave porque nuestro país genera el precedente de uso indebido del derecho penal”.

La noticia fue recibida con alborozo por las comunidades, quienes se mantuvieron en vigilia mientras duraron los debates parlamentarios que se extendieron hasta las 4 de la madrugada. Ellas no entendían por qué eran perseguidas, si lo único que hacían era defender su ojo de agua, su páramo, su bosque. A las afueras de la Asamblea Nacionalun grupo de defensores y organizaciones que participaron en el proceso, acompañaron todo el proceso.

Otra fue la reacción de los grupos de poder, pues desde su promulgación, iniciaron una campaña de desprestigio a las amnistías, contando con la colaboración de los principales medios de comunicación. Así, un grupo de personas presentó una acción de protección y medidas cautelares contra el órgano legislativo por conceder las amnistías. Su objetivo es que las amnistías no tomen curso y no se concreten. Otro colectivo presentó una demanda de inconstitucionalidad. Entre los accionantes se incluye ex funcionarios de las Cámaras de Comercio de Quito y de Turismo.

El propio presidente de la República manifestó su “indignación” ante las amnistías otorgadas por la Asamblea y aseguró que hará todo lo necesario para evitar que se consume esa “injusticia”.

Pero ha habido también apoyos del exterior. El 6 de abril del 2022, el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos emitió un pronunciamiento en respaldo a las amnistías donde reconoce la amnistía como un acto del Estado ecuatoriano dirigido a implementar una política efectiva de reconocimiento y protección de las personas defensoras de derechos humanos en el país y cesar su criminalización; y hace un llamado a las autoridades ecuatorianas a actuar conforme al derecho nacional e internacional, y a continuar tomando las medidas necesarias para implementar una efectiva política de reconocimiento y protección de las personas defensoras de los derechos humanos y de la naturaleza en Ecuador.

Se sumó al apoyo Mary Lawlor, Relatora Especial de Defensores de Derechos Humanos, quien dijo “este mes, tras un trabajo increíble de la sociedad civil ecuatoriana, 268 personas defensoras perseguidas injustamente recibieron una amnistía de la Asamblea de Ecuador. Cuando existe voluntad política, ¡sí, se puede poner fin a los ataques contra las personas defensoras!”, y añadió que “las acciones abusivas presentadas contra las personas defensoras en los tribunales civiles, como la acción interpuesta contra los cuatro defensores en la provincia de Esmeraldas por la empresa Energy & Palma, también deben ser desestimadas”, refiriéndose a 4 comuneros que deben pagar a la empresa una suma exorbitante de dinero, por daños a la empresa.

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Fuente:  Revista Biodiversidad, sustento y culturas #112