Comunidades denuncian incumplimientos de amnistías otorgadas a defensores de derechos humanos y naturaleza

Durante años en Ecuador se ha resaltado la desconexión y el desconocimiento de los gobiernos, en las ciudades, sobre la forma en que se vive en las zonas rurales. Ese fenómeno —cree Vivian Idrovo, coordinadora de la Alianza por los Derechos Humanos de Ecuador ( ADHE)— explicaría porqué el gobierno del presidente Guillermo Lasso se haya opuesto a las  268 amnistías, otorgadas por la Asamblea Nacional el pasado 10 de marzo de 2022, en favor de defensoras y defensores de la naturaleza y de los territorios, y otras personas que habían sido judicializadas por ejercer el derecho a la protesta social.

“Existe un desconocimiento del gobierno no solo de lo que sucede en los territorios, sino también una invisibilización de lo que pasa en ellos y de aquellos a quienes afectan las políticas que intentan imponer de forma unilateral, en desconocimiento de los derechos de la población. Me refiero al caso de personas que son procesadas por resistirse a actividades extractivas hechas de manera inconsulta”, comenta Idrovo.

El gobierno ecuatoriano, a través de la entonces ministra de Gobierno, Alexandra Vela,  se opuso a las amnistías con el argumento de que se había exculpado a algunos supuestos responsables de actos violentos ocurridos durante las protestas de octubre de 2019 en Quito, Ambato y otras zonas del país.

El 29 de marzo, Vela presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional (CC) argumentando que los legisladores habían confundido justicia indígena y defensa de la naturaleza con “la usurpación, el tráfico de tierras, la delincuencia organizada, la intimidación, la paralización de servicios públicos, el robo, el daño a bien ajeno, la actividad ilícita de recursos mineros, la asociación ilícita, las lesiones, el delito de ataque y resistencia, y el secuestro”. Ese mismo día, Vela renunció a su cargo por desavenencias políticas con el presidente Lasso y la CC tiene en sus manos, desde entonces, la responsabilidad de abordar el caso, aunque no hay una fecha definida para hacerlo.

Para Floresmilo Simbaña, exdirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador ( Conaie), los funcionarios del Estado intentan construir un discurso “antiprotesta social, en contra de cualquier posición crítica al gobierno”. A lo que Idrovo añade que las impugnaciones demuestran que el Gobierno quiere entorpecer la labor de personas defensoras “para seguir imponiendo sus políticas extractivas tan claramente establecidas en los decretos  95 [sobre extracción petrolera] y  151 [sobre minería]”.

Denuncias de empresas contra defensores

Las 268 amnistías concedidas por el parlamento ecuatoriano en marzo no estaban dirigidas únicamente a los manifestantes de las protestas de octubre de ese año. Entre los beneficiarios solo había 60 personas enjuiciadas por ejercer su derecho a la resistencia y a la protesta social durante las manifestaciones de 2019, pero también fueron beneficiados 153 defensores de territorios comunitarios; 12 personas que fueron criminalizadas por haber ejercido su derecho a la administración de justicia indígena y 43 defensores de la naturaleza. Entre esas personas estaban, por ejemplo, Xavier Solís y Wilson Quindigua.

Entre mayo y junio de 2021, la comuna kichwa El Edén, asentada en la provincia de Orellana, en las riberas del río Napo,  organizó una protesta en contra de la estatal petrolera Petroecuador por operar sobre su territorio sin respetar el derecho a la consulta previa, en el bloque Edén-Yuturi. Todos los miembros de la comunidad  tomaron los caminos por los que los operarios de la empresa transitaban y obligaron a la compañía a interrumpir sus operaciones.

Petroecuador respondió imponiendo una demanda en contra de Wilson Quindigua, entonces presidente de la comunidad, y de Xavier Solís, abogado de la Fundación Alejandro Labaka y representante legal de El Edén, ante la Unidad de Fiscalía de Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional de Orellana, por el presunto delito de paralización de un servicio público. Con esa acusación, cuenta Solís, la empresa “buscaba intimidarnos y forzar a que la comuna desista de su derecho a la protesta”.

El tipo penal de paralización de servicios públicos ha sido muy cuestionado por especialistas del derecho en Ecuador, debido a la amplitud que supone pues ha sido usado en algunos casos para criminalizar el derecho a la protesta de las comunidades amazónicas cuando rechazan las actividades extractivas en sus territorios. “Pretendían que la comunidad firmara un acuerdo acorde a los intereses de la empresa, pero por debajo de las peticiones que venía realizando la comuna tres años atrás”, aclara el abogado.

El 10 de marzo, la Asamblea Nacional amnistió a Wilson Quindigua y a Xavier Solís, quienes constaban en la lista de defensores de derechos de la naturaleza. Pero la crisis política que enfrenta ese poder del Estado ha entorpecido el trámite que permite la ejecución de sus amnistías.

Además, Solís reveló que tres meses después “no hay quien atienda nuestro caso”. El proceso de criminalización en su contra y de Quindigua empezó en la provincia de Orellana, bajo competencia de fiscales de esa jurisdicción, pero dado que Quindigua es kichwa, se solicitó que fuera juzgado bajo su propia lengua. “Es sorprendente que la Fiscalía de Orellana, donde cerca del 40 % de la población es indígena, no tengan un fiscal intercultural, indígena”, reclama Solís. Ese inconveniente obligó a buscar alternativas. Poco después de que se iniciara el proceso, las autoridades identificaron a un fiscal indígena en la provincia de Pastaza y trasladaron el proceso a esa provincia, pero cuando la amnistía fue otorgada, ese fiscal ya había sido destituido.

Xavier Solís hace notar que, a pesar de que las amnistías fueron concedidas a inicios de marzo, en el registro de la Fiscalía General del Estado los procesos todavía constan como abiertos. “A pesar de que se archivan los procesos siguen constando ahí los datos de las personas como denunciadas y criminalizadas y eso genera una revictimización y estigmatización”, dijo.

Mongabay Latam y La Barra Espaciadora se comunicaron con la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional, que confirmó que la Secretaría de la entidad no ha terminado de producir los documentos para que puedan hacerse efectivas todas las amnistías otorgadas.

La borrosa línea entre minería legal e ilegal

Para la coordinadora de la Alianza por los Derechos Humanos de Ecuador (ADHE), el gobierno intenta posicionar un discurso que ubica a la minería ilegal como el enemigo más peligroso para el Estado, pero desconoce los incumplimientos de las empresas mineras que, aún con licencias de operación y concesiones entregadas oficialmente, violan los derechos de las comunidades y afectan los ecosistemas de territorios comunales, ancestrales o patrimoniales. “Eso no se puede llamar minería legal”, asegura Idrovo.

De acuerdo con investigaciones de ADHE, no hay proyecto extractivista en Ecuador que haya cumplido con la consulta previa, libre e informada. “En ningún caso se ha cumplido con la Constitución”, dice Idrovo y agrega que el Estado sigue imponiendo decisiones unilaterales en las vidas de las personas.

Esto ha sucedido en los territorios de la nacionalidad shuar del Ecuador, asentada en su mayoría en la Amazonía sur del país. En las provincias de Morona Santiago y Zamora Chinchipe se concentran los primeros proyectos megamineros del país: Mirador (Ecuacorriente), Fruta del Norte (Lundin Gold), San Carlos Panantza (Explorcobres) y Warintza (Solaris Resources). Los shuar han sido desplazados por la minería y están cada vez más amenazados por el creciente interés en las cordilleras ricas en minerales en las que habitan.

José Esach está entre quienes se han enfrentado a la minería desde la nacionalidad shuar. Su nombre se dio a conocer en 2016, cuando estuvo entre las decenas de shuar que intentaron tomar el campamento de San Carlos Panantza. Haberse involucrado en este caso, conocido como Nankints, le costó ser parte de la lista de los más buscados de la Fiscalía del Municipio de Gualaquiza. En 2021 fue nuevamente criminalizado, pero esta vez por liderar la defensa del Bosque Protector Kutukú Shaimi, su hogar. Esach recibió una amnistía por el segundo caso, mientras que el primero sigue a espera de la decisión de las autoridades judiciales.

“Lo que más sorprende es que el Estado sea el que pone estas denuncias a través de fiscales, alcaldes, prefectos, y a través de los gobernadores, que son los representantes del gobierno en el territorio”, explica Floresmilo Simbaña. Cuando no es el Estado el que criminaliza, continúa Simbaña, es la empresa privada la que acusa a los defensores de territorios de delitos tan graves como el intento de homicidio.

“Lo que hace el gobierno es instrumentalizar lo que ha pasado en la Asamblea para generar mala información, una información distorsionada para seguir estigmatizando a las personas defensoras de derechos humanos. Se sigue obstaculizando su labor y se siguen activando mecanismos para impedir que las personas defensoras puedan tener tranquilidad y un entorno seguro para realizar su labor”, destaca el líder de Conaie.

La persecución en Barranquilla

Néstor Caicedo es uno de los líderes de la comuna afroecuatoriana Barranquilla de San Javier, ubicada en el cantón San Lorenzo de la provincia de Esmeraldas, a más de 300 kilómetros de Quito.

Caicedo y otros seis comuneros de Barranquilla fueron enjuiciados en septiembre de 2019, luego de protestar a inicios de ese mismo mes en el sector Piquigüero “para señalarle a la empresa que ese era el paso para llegar a nuestro territorio”. Caicedo se refiere a la palmicultora  Energy & Palma, una firma del grupo La Fabril, la industria aceitera más grande de Ecuador, que se instaló en su territorio desde hace casi 18 años.

Entre 2004 y 2005, gente foránea contratada o relacionada con operarios de Energy & Palma llegó a estas tierras y sin ningún tipo de advertencia ni consulta comenzó a abrir terrenos para sembrar palma aceitera, recuerda Caicedo.

Entre 1994 y 1995, diez años antes, los 60 habitantes de la comuna habían iniciado los trámites de titulación. En 1997 obtuvieron una primera respuesta, cuando se emitió el acuerdo ministerial 318 que los reconoce como organización con el nombre de Comuna Afroecuatoriana Barranquilla de San Javier y, desde el 2000, el territorio está constituido legalmente. Sin embargo, “los primeros gerentes decían que no sabían nada de comunas, que no sabían que existía Barranquilla y que el Estado tenía que demostrarles que estábamos legalmente constituidos”, señala Caicedo.

Barranquilla de San Javier tiene 225 habitantes y está ubicada a hora y media del casco urbano de San Lorenzo. Su territorio ocupa 1430 hectáreas de tierras rurales en la parroquia de San Javier de Cachaví, que cuenta en total con 712 habitantes, en su mayoría afrodescendientes. Un estudio multitemporal del Ministerio de Agricultura y Ganadería de 2017 comprobó que 251,6 hectáreas de palma han sido sembradas en territorio comunal, pero Caicedo y sus vecinos aseguran que son al menos 754 las hectáreas que han sido sembradas por la empresa. Esa violación de territorio comunal, dice el dirigente, ha sido la bandera de defensa de los habitantes de Barranquilla.

“Tú a mí no me conoces, así que mucho cuidado conmigo”, asegura Caicedo que le dijo una vez un empleado de Energy & Palma. Él es uno de los siete dirigentes que desde el inicio lideran las acciones de protesta por la contaminación que aseguran ha provocado la palmicultora en sus suelos y en sus fuentes de agua.

El momento crítico llegó el 6 de septiembre del 2019, cuando “se levantó la comunidad —cuenta Caicedo ahora—, cada día había 70 u 80 personas. La empresa llegó engañando con su poder económico para apoderarse del territorio y reclamábamos la devolución de nuestro territorio comunal”.

Desde entonces, la empresa inició procesos legales en contra de los siete comuneros bajo el cargo de daños y perjuicios. En la primera audiencia de juicio, el juez de primera instancia en San Lorenzo sentenció a cuatro de ellos —incluido Caicedo— a pagar 151 000 dólares. Con la concesión de las amnistías por parte de la Asamblea Nacional, ese proceso debería estar cerrado. Sin embargo, el juez de San Lorenzo —cuenta Caicedo— los ha convocado a una nueva audiencia en junio.

Mongabay Latam y La Barra Espaciadora solicitaron entrevista a la empresa Energy & Palma, pero no se tuvo respuesta.

Floresmilo Simbaña, de la Conaie, explica que en la mayoría de casos de criminalización de defensores, los procesos se inician pero se estancan en algún momento. “Hay denuncias presentadas pero no se registran avances”.

A pesar de esto, en la comunidad de Barranquilla hay temor y están a la espera de que se reanude la audiencia para saber lo que decidirá el juez con respecto a las amnistías que les fueron concedidas a sus dirigentes. “Con las amnistías se liberaron muchas cosas: los compañeros estaban muy aterrorizados, amedrentados y con miedo de pagar una cantidad de dinero que no tenemos. La amnistía por lo menos me ha dado más luz, me siento un poco más seguro y me ha vuelto la esperanza”, cuenta Néstor Caicedo.

Imbabura y el Chocó Andino

Yuly Tenorio Barragán es una abogada de 31 años que habita en la región del Chocó Andino, a menos de una hora de Quito, y representa a comunidades como Cahuasquí y La Merced de Buenos Aires, dos parroquias rurales del cantón San Miguel de Urcuquí, en la provincia de Imbabura; además de la parroquia rural de Pacto, perteneciente al Distrito Metropolitano de Quito. Todas estas comunidades, explica la abogada, están amenazadas por operaciones mineras iniciadas sin consulta previa.

Tenorio es coordinadora del Observatorio Nacional Ciudadano para vigilar el cumplimiento de los Derechos Humanos y la Naturaleza, creado, precisamente, para dar seguimiento a los procesos de amnistías.

A inicios de 2022, la empresa canadiense Natural Resources Company, subsidiaria de la transnacional Salazar Resources, que a su vez tiene una participación del 25 % en Curimining S.A, presentó dos denuncias en su contra, una por sabotaje y otra por daño a bien ajeno, luego de que el jueves 4 de noviembre de 2021, comuneros y comuneras intentaran acompañar una inspección de instituciones del Estado a la zona. Empleados de las empresas impidieron el paso de Yuly Tenorio y de los pobladores agrupados en el Frente Antiminero.

“Lo que intentan es que yo me aleje de la comunidad y que deje abandonando el caso, algo que no va a pasar”, advierte Tenorio, quien también trabaja como abogada del Gobierno Parroquial de Pacto.

Natural Resources tiene dos concesiones en el noroccidente de Quito: el proyecto Rumiñahui y el proyecto Bettys, que abarcan 2910 hectáreas. Las dos concesiones están dentro del Área de Conservación y Uso Sustentable (Acus) Sistema Hídrico y Patrimonio Arqueológico Yumbo Pachijal, declarada en 2012 por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito; de la Reserva de Biósfera Chocó Andino de Pichincha y del Área de Importancia para la Conservación de las Aves Mashpi-Pachijal. A pesar que se solicitó la versión de la empresa, no respondió a la solicitud de entrevista.

En La Merced de Buenos Aires, dice Tenorio, “la comunidad es sobreviviente de la minería ilegal, de la corrupción, del abandono estatal y de la falta de control y protección de los recursos naturales por parte del Estado”. Según la jurista, hay más de 70 personas criminalizadas en esta localidad en donde opera la empresa minera Hanrine, subsidiaria en Ecuador de la australiana Hancock Prospecting, y dueña de la concesión Imba 2. En mayo de 2021, Favio Ocampo, jefe de operaciones de la empresa, aseguró en una entrevista con el portal Primicias que “hay un grupo de pobladores de La Merced de Buenos Aires que está contaminando con la minería ilegal y que ahora se disfraza como un grupo antiminero (…); son los mismos que tienen procesos legales en contra por minería ilegal”.

Tenorio asegura que después de que se entregaran las 268 amnistías se han iniciado nuevos procesos legales en contra de al menos una docena de habitantes de la localidad. Las causas abiertas responden a acusaciones por paralización de servicios públicos, intimidación, daño a bien ajeno, entre otros delitos.

De acuerdo con un conteo realizado por el Observatorio que está bajo su coordinación, en Pacto hay 33 nuevos casos de defensoras y defensores judicializados; en Buenos Aires hay 21 casos; en Cahuasquí hay 58 casos; en Molleturo hay 5 y en Gualea un caso más. Y esos no serían todos. “¡Hay más de 140 personas criminalizadas!”, dice.

¿Criminalización como política de Estado?

Durante los últimos 15 años, en Ecuador se registraron otros dos procesos de concesión de amnistías a personas defensoras de derechos humanos y de la naturaleza. El primero ocurrió en marzo de 2008 y favoreció a 362 personas. El segundo tuvo lugar en julio de 2020 y benefició a 20 autoridades indígenas de San Pedro del Cañar, criminalizados por haber aplicado justicia indígena amparados en la Constitución.

El gran número de casos de personas beneficiadas con amnistía, según la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) y la Alianza por los Derechos Humanos de Ecuador (ADHE), muestra que la criminalización es una práctica naturalizada en el país donde se usa el derecho penal para disuadir las protestas, condenar prácticas de justicia indígena o para permitir el avance ilegal de actividades extractivas.

Todo esto ocurre, según las organizaciones, a pesar de que el artículo 57 de la Constitución reconoce y garantiza a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas su derecho a la consulta previa, libre e informada sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan generarles algún tipo de afectación.

Por su parte, el artículo 98 consagra el derecho a la resistencia ante violaciones a derechos cometidas por instancias estatales o no estatales, y el artículo 171 garantiza el derecho de autoridades de comunidades, pueblos y nacionalidades, a aplicar justicia indígena para resolver asuntos internos.

Ecuador, además, es firmante de tratados internacionales que respaldan la labor de los defensores ambientales como el Acuerdo de Escazú, y ordena a los Estados brindar acceso a información oportuna, actualizada y detallada sobre temas ambientales a toda la sociedad civil. Además, exige que los ciudadanos gocen de acceso a la justicia de una manera eficaz cuando se trata de asuntos relacionados con la conservación del medio ambiente y le demanda a los gobiernos garantizar la participación activa de las personas —sobre todo a quienes habitan zonas afectadas por daños ambientales— en las decisiones que tengan que ver con su entorno natural, lo que incluye respetar sus decisiones en caso de rechazar actividades extractivas.

Por eso, Vivian Idrovo cree que existe una contradicción en la decisión del gobierno de Lasso de impugnar las amnistías concedidas por la Asamblea Nacional, reduciendo sus argumentos a un solo episodio de protesta social e invisibilizando las luchas de muchos años.

En mayo de 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó un  comunicado oficial en el que expresa “su preocupación ante la violencia, intimidación y criminalización de personas defensoras registrada durante los primeros cuatro meses del año en la región” y advirtió que América Latina sigue siendo una de las más peligrosas para ejercer la labor de defensa de derechos humanos en el mundo.

La CIDH hizo un llamado a los gobiernos a garantizar las condiciones para que las personas defensoras de derechos humanos realicen sus actividades libremente; a no impedir sus actividades y resolver los obstáculos existentes en su labor; a evitar actos destinados a desincentivar o criminalizar su trabajo, y a protegerlas si están en riesgo.

Fuente: La Barra Espaciadora