Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

Timoteo Váldez es Maya Ch’orti’, originario de la comunidad Tuticopote del municipio de Olopa, en el departamento de Chiquimula a 220 kilómetros de la ciudad capital de Guatemala. Timoteo Valdez es autoridad indígena espiritual, forma parte del Consejo de Autoridades Ancestrales Maya Ch’orti’, quien fue detenido este 30 de enero en el centro del municipio de Olopa. Denuncian que detrás están los intereses de una de las empresas mineras que operan de manera ilegal en este territorio, afirman en un comunicado. 

El caso del pueblo de Gunadule puede caracterizarse como un proceso de lucha y defensa de su territorio ancestralmente ocupado, que con el tiempo fue reduciendo hectáreas de tierra para otros usos y ocupaciones de diversos actores, incluso en el conflicto armado colombiano. La lucha de los indígenas de la comunidad Gunadule o Kuna Tule ubicados en Unguía Choco, Resguardo Guna Makilagundiwala o conocido como resguardo Arquía y el resguardo de Caimán negro Ubicado en el Urabá antioqueño.

El grave atentado se produjo cerca del resguardo Las Delicias, en el departamento del Cauca. Además del menor, falleció un adulto.

El Congreso colombiano no debatió el proyecto de ley para ratificar el Acuerdo de Escazú y lo archivó. Aunque se volvió a presentar, los expertos consultados creen que se hundirá de nuevo, a pesar de que, por segundo año consecutivo, Colombia lidera el listado de los países donde más se asesinan defensores ambientales. El gobierno prevé una disminución en la deforestación para este año, pero esto no sería suficiente para indicar que la tendencia al alza se ha revertido.

La ONU lucha contra la pobreza y el hambre. Sin embargo, programas como el PNUD, el PMA y Unicef, no prestan la necesaria atención al comportamiento de las empresas con las que trabajan. El Grupo Bolloré, uno de sus mayores proveedores de servicios, está acusado de corrupción y, a través de una filial, de acaparar tierras.

La justicia ratificó el desalojo de la lof Quemquemtrew luego de meses de hostigamientos y violencia policial que terminó con el asesinato de Elías Cayicol Garay, en noviembre pasado. Soraya Maicoño y Nadia Silvera Nuñez narran el calvario al que la política racista y colonial someten a su comunidad en los territorios que les pertenecen ancestralmente, la importancia del cuidado de esas tierras y esos ríos y las alianzas estratégicas que están tejiendo con sus activismos cuerpo a cuerpo. 

"Reconocemos que el migrar no es un delito, es un derecho pero a la vez tenemos claro que la migración forzada no es una decisión individual ni inmadura. Es impuesta, repetimos, como medida de sobrevivencia, por ello las políticas migratorias son expresiones terroristas de los gobiernos y son también políticas racistas, neoliberales, xenófobas, sistemáticas, crueles, de exterminio, despojo, saqueo, destrucción y tortura que criminalizan la movilidad humana".

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) escribió una carta abierta al presidente Alberto Fernández. Le recuerdan que megaminería, fracking y agronegocio, entre otras actividades, violan los derechos humanos. Le solicita que tome medidas para desalentar acciones que perpetúen una matriz económica y productiva “insostenible y extractivista”.