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Este artículo plantea que la pérdida de la diversidad política y la polifonía política es reflejo de una tendencia homogeneizante genérica, que opera al confiscar derechos sociales e imponer fundamentalismos, que esto tiene relación con la biodiversidad y que se necesita una ecopolítica de la diversidad a diversas escalas que sostengan las vidas dignas más allá del antropocentrismo.​

En el centro de todos los sistemas alimentarios está la semilla. El principio y el fin del ciclo de la cultura de la tierra: la agri-cultura. En los últimos años se han establecido mecanismos legales que nos arrebatarían esta herencia construida por más de 800 generaciones.

Ponencia de Geum-Soon Yoon sobre la fuerza de las mujeres moviendo cambios sistémicos.

Hasta la década de 1950 predominaba en nuestro país la agricultura campesina, basada en la cultura, los saberes y el uso de las semillas tradicionales. El fogón encendido, el olor a tortillas recién sacadas del comal, impregnaban las cocinas de nuestros pueblos. Diversidad, olores, colores, sabores, saberes, eran parte de la cotidiana vida campesina.

La concentración de la industria pesquera mundial en manos de la élite de los fondos privados de inversión no ofrece a las comunidades ninguna solución en sus luchas por los medios de subsistencia, la soberanía alimentaria y la justicia social. Con todos los problemas que acosan a la industria, desde la explotación laboral hasta la gran contaminación ambiental, no hay posibilidad de que los fondos privados de inversión generen las transformaciones necesarias. Es por esto que resulta crucial seguir sacando a la luz quiénes son estos actores y así poner fin a sus inversiones.

Una nación es soberana, es dueña de su propio destino, cuando tiene suficientes alimentos para que todos sus habitantes coman y todavía se abastecen para varios años. Tener alimentos suficientes y abastecidos significa Soberanía Alimentaria.

La soberanía alimentaria (SA) es un concepto que estableció La Vía Campesina durante la Cumbre Mundial de la Alimentación de 1996. Implica mucho más que el derecho a no padecer hambre, consignado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, y también significa mucho más que asegurar la disponibilidad suficiente y estable de alimentos, que se conoce desde 1974 como seguridad alimentaria.

La historia de campesinas y campesinos es la historia de una larga conversación entre las personas y los seres que conviven en un territorio. Es la certeza de ser parte interdependiente en una casa común. Pero también es la historia de una interminable resistencia al despojo y la devastación; sobre todo, una inagotable lucha por la autodeterminación como condición de subsistencia y vida digna.

Una investigación en ocho pueblos fumigados de Santa Fe, que involucró a 27.000 personas, confirmó la relación entre agrotóxicos y cáncer. Los jóvenes de estas localidades tienen 2,5 veces más probabilidades de morir de cáncer que quienes viven lejos de zonas con uso de pesticidas. El agronegocio, los gobiernos que fomentan el modelo y los impactos en la salud.

El mundo ha perdido la sencillez con la que lo leíamos apenas hace unos años. El signo de nuestra época es la complejidad que puede tragarnos, dejándonos en la ceguera o cayendo en los remiendos y las “falsas soluciones” que promueven las corporaciones al cazar, minuto a minuto, más oportunidades para prevalecer, para lucrar, para que sus esquemas sean aceptables y sonrientes. Nadando en esa complejidad, se puso de moda invocar la soberanía alimentaria como “alternativa”.

La Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú (FENMUCARINAP), como organización miembro de La Vía Campesina, el CETIM y la Red Whipalas, en colaboración con la organización de la sociedad peruana en Suiza “Quinto Suyo” y el Colectivo Perú Solidario – Bélgica, sometieron una queja ante diferentes mecanismos de protección de derechos humanos de la ONU para denunciar las violaciones y la represión contra el pueblo peruano, en el marco del estallido político y social que afecta al país desde el quiebre institucional de diciembre 2022.

El 18 de octubre del 2022, el gobierno indio aprobó la primera liberación ambiental de un cultivo alimenticio genéticamente modificado: la mostaza DMH11. Si bien el permiso fue concedido por un periodo limitado de cuatro años, la liberación ambiental se considera un paso crucial en el camino hacia la liberación comercial.