BASE Investigaciones Sociales

El inicio de 2025 se ha caracterizado por un recrudecimiento alarmante de la violencia estatal contra las comunidades campesinas e indígenas, evidenciando tendencias estructurales que configuran el modelo de (mal) desarrollo paraguayo. Entre estas, destaca el acaparamiento de los sectores agroexportadores sobre los territorios de las comunidades que resisten al extractivismo. Estos sectores –históricos aliados del Estado y su aparato represivo– ejercen una influencia determinante en la protección de sus intereses económicos, violentando sistemáticamente derechos humanos de las poblaciones campesinas e indígenas.

Las movilizaciones de marzo demostraron un descontento social creciente hacia las políticas gubernamentales, las acciones llevadas adelante en la capital, el interior e incluso fuera del país, recogieron reclamos de diversos sectores, entre ellos nuevos actores sociales, además de dejar claro un rechazo a las formas antidemocráticas con que el gobierno ejecuta su plan. A futuro podría presentarse un escenario de mayor movilización social, lo que respondería a la necesidad poner un freno a los avasallamientos que sufre la ciudadanía y a retornar a los principios democráticos.

“Esta nuestra marcha es la expresión política del campesinado” arengaba desde el escenario un antiguo militante de la Federación Nacional Campesina mientras miles de sus compañeros ingresaban a la plaza de la democracia en pleno microcentro de la capital. La FNC realizó su 31 marcha nacional reclamando por tierra y defensa de la producción, al tiempo de posicionar un fuerte mensaje de rechazo a las prácticas y políticas del gobierno de Santiago Peña.

Un nuevo contingente policial se preparaba en la mañana del pasado lunes para realizar una incursión en la zona de Kira’y Sexta Línea, donde unas 47 familias resisten exigiendo la recuperación de 265 hectáreas de tierras públicas actualmente usurpadas por una empresaria que no es de la zona. El emblemático caso revela una trama de corrupción en la que están involucrados actores privados que buscan apropiarse de tierras con apoyo de agentes del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) y de la Fiscalía.

Este 7 de marzo desde las 18 horas se realizará el evento en el que estarán presentes representantes de comunidades rurales que recientemente fueron víctimas de desalojos forzosos, además, se presentarán dos nuevos materiales bibliográficos elaborados por la institución. EL encuentro se realizará en EL Granel (Juan de Salazar 372 c/ Artigas) y será un homenaje al fundador de BASE-IS. Tomás Palau a 13 años de su fallecimiento.

"Las tierras en disputa – que suman aproximadamente 265 hectáreas – son tierras del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), adquiridas por el Estado y otorgadas a las familias como sujetas de la Reforma Agraria hace 30 años, en 1995. La ocupación que conquistó el territorio campesino inició en 1989, es decir, tiene 35 años".

En las últimas semanas se ha recrudecido la violencia estatal contra comunidades campesinas e indígenas, lo que marca el inicio de 2025 como un reflejo de tendencias estructurales. En este marco, los pobladores del Asentamiento San Miguel, del Distrito de Maracaná, Canindeyú, denuncian que existe una amenaza de desalojo latente contra su comunidad.

"El embate a la clase trabajadora a partir de las leyes aprobadas a lo largo del año no se puede entender por fuera del avance del modelo neoliberal y extractivista – extendido de manera regional – a partir del modelo de mal-desarrollo que precariza la vida de las mayorías sociales y de la naturaleza. Frente a ello, se observa un protagonismo cada vez más fuerte de los movimientos estudiantiles y la fortaleza de un renovado movimiento feminista".