Voces de las organizaciones sociales frente a un año de retrocesos y desigualdad
"El embate a la clase trabajadora a partir de las leyes aprobadas a lo largo del año no se puede entender por fuera del avance del modelo neoliberal y extractivista – extendido de manera regional – a partir del modelo de mal-desarrollo que precariza la vida de las mayorías sociales y de la naturaleza. Frente a ello, se observa un protagonismo cada vez más fuerte de los movimientos estudiantiles y la fortaleza de un renovado movimiento feminista".
Las organizaciones sociales denuncian que este gobierno ha profundizado la desigualdad, fortalecido el modelo neoliberal y extractivo, criminalizado la protesta social y provocado graves retrocesos a las débiles conquistas democráticas alcanzadas a través de la lucha social. La crisis económica y social se ha profundizado bajo el gobierno de Santiago Peña, golpeando especialmente a la clase trabajadora urbana y rural, altamente precarizada y fragmentada. En este contexto, Marcial Gómez de la Federación Nacional Campesina (FNC) afirma que hay una clara y abierta persecución hacia todo el sector organizado, con un paquete de leyes que implican enormes retrocesos, incluso inconstitucionales, y una abierta judicialización de dirigentes.
Según Svampa (2024), siguiendo los análisis de S. Levitsky y D. Ziblatt (2018), existen cuatro indicadores de comportamiento autoritario: rechazo (o débil aceptación) de las reglas democráticas de juego; negación de la legitimidad de los adversarios políticos; intolerancia y/o fomento de la violencia; predisposición a restringir libertades civiles de la oposición, incluidos los medios de comunicación (Svampa 2024). La presencia de cualquiera de estos indicadores en un gobierno lo caracterizaría como autoritario: todos ellos se ha observado a lo largo del gobierno de Peña.
Esta avanzada conservadora tiene uno de sus pilares el ataque a los derechos de las mujeres y disidencias sexuales, profundizando la doble carga de explotación, desigualdad y violencia de género. De tal manera, el primer proyecto de ley presentado en el Senado tuvo como objetivo prohibir lo que denominan como «ideología de género» en las escuelas, en un claro alineamiento con las promesas de campaña del presidente y su base ultraconservadora. De acuerdo a Montserrat Vera de la organización PsicoFem: «Este gobierno es una amenaza efectivamente para las mujeres, para las diversidades y para toda la organización social en general ya que busca eliminar cualquier posibilidad de asociación y organización que pueda oponerse a sus intereses».
Por otra parte, el cartismo, demostrando su autoritarismo, expulsó injustificadamente a una senadora opositora y aprobó la controvertida «Ley Garrote», una norma inconstitucional diseñada para silenciar a las voces disidentes. Además, aprobó la Ley denominada “Hambre Cero”, la cual profundiza las desigualdades y ha sido utilizada como herramienta de control político. Esto provocó grandes movilizaciones estudiantiles a lo largo del país. Melinda Cáceres, dirigenta estudiantil que formó parte de esta lucha, expresa que “la resistencia, reorganización y reestructuración son fundamentales. Es importante que las organizaciones y sectores sociales avancen en este contexto”.
Durante este los derechos laborales se han visto gravemente atacados. En 11 minutos, sin ningún tipo de debate, se sancionó el proyecto de ley que crea la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, tras una violenta represión a trabajadores y trabajadoras que se manifestaban contra la propuesta legislativa. Al final del año, el parlamento aprobó también la Ley de la Función Pública y el Servicio Civil, fuertemente cuestionada por la precarización de los derechos laborales que implica.
Gómez indica que “una de las medidas de este gobierno es recortar el presupuesto de todos los ministerios relacionados con temas sociales. Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura tiene un 35% menos de presupuesto que el año pasado, sin acompañamiento ni asistencia en el campo, afectando a los pequeños productores. Además, el proyecto de ley de creación del Registro Unificado Nacional está relacionado con la legalización de tierras malhabidas, dificultando la regularización de tierras para pequeños productores campesinos e indígenas”.
Desde la perspectiva de Coralie Arbo, de la organización que se levantó en defensa del último Bosque urbano del Barrio San Vicente de Asunción, “el gobierno de Peña es absolutamente entreguista y sometido, claramente en contra de los intereses soberanos del Paraguay, expoliador y enemigo de la clase trabajadora”.
El embate a la clase trabajadora a partir de las leyes aprobadas a lo largo del año no se puede entender por fuera del avance del modelo neoliberal y extractivista – extendido de manera regional – a partir del modelo de mal-desarrollo que precariza la vida de las mayorías sociales y de la naturaleza. Frente a ello, se observa un protagonismo cada vez más fuerte de los movimientos estudiantiles y la fortaleza de un renovado movimiento feminista. En tal sentido, Montse Vera subraya la necesidad de fortalecer ejercicios que tengan efecto en las comunidades, fomentar la autocrítica y soluciones creativas para el futuro. Jorge Coronel señala que, como respuesta al descontento generalizado debido a la falta de recursos económicos, es crucial trazar puentes de unidad para enfrentar esta situación.