Corrupción con tierras públicas genera violencia en San Pedro
Un nuevo contingente policial se preparaba en la mañana del pasado lunes para realizar una incursión en la zona de Kira’y Sexta Línea, donde unas 47 familias resisten exigiendo la recuperación de 265 hectáreas de tierras públicas actualmente usurpadas por una empresaria que no es de la zona. El emblemático caso revela una trama de corrupción en la que están involucrados actores privados que buscan apropiarse de tierras con apoyo de agentes del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) y de la Fiscalía.
El agente Fiscal José Alberto Godoy Blanco, emitió una orden para que una dotación de policías acompañe el intento de preparación de suelo y otras labores por parte de empleados de la agroempresaria que pretende apropiarse de la propiedad pública, sin embargo, las familias campesinas resisten e insisten en la necesidad de recuperar dichas tierras y que las mismas les sean devueltas ya que son sujetos de la reforma agraria habiendo ocupado esas tierras de forma legal y reconocida por más de 30 años, hasta que fueron desalojadas violentamente en junio del 2023.
El Fiscal Godoy ya había imputado a referentes de las familias campesinas tiempo atrás por invasión de inmueble ajeno, sin embargo, ni la fiscalía, ni la supuesta propietaria, pudieron presentar el título de propiedad, ni ningún documento que compruebe la titularidad de dichas tierras. Ante esta situación no tener documentos la defensa de los campesinos solicitó la anulación de la imputación.
Por otra parte, el Director Departamental del INDERT, Ing. Humberto Daniel Pereira, ha emitido el 16 de julio de 2023 Certificados de Ocupación justificando unas parcelas de 150 hectáreas tierras de INDERT a favor de los familiares de Nilda Torales, quienes no residen ni ocupan el lugar, evidenciando una clara irregularidad en el proceso. Pereira ha sido denunciado por este hecho en la Dirección de Anticorrupción del INDERT. Tras esta denuncia el día domingo 9 de marzo el INDERT emitió un comunicado oficial informando la intervención de su oficina regional y la separación del cargo de Pereira debido a “graves denuncias sobre supuestos hechos de corrupción recibidas de diferentes organizaciones campesinas”.
La persona que se atribuye la propiedad de la tierra del INDERT, Nilda Ramona Torales Caballero, apareció recientemente en la zona – en el año 2021 – y la misma tiene antecedentes penales por estafa. De acuerdo a los pobladores y pobladoras, Torales tiene contacto con el diputado colorado Leonardo Saiz, denunciado por malversación de fondos durante su gestión como intendente de Nueva Germania y sus vínculos con el negocio del narcotráfico.
El caso de Kira’y Sexta Línea es una muestra clara de la corrupción con tierras públicas y de la criminalización que afecta a las familias campesinas. Mediante la organización los pobladores y pobladoras han logrado resistir acampados frente a la propiedad durante casi dos años, mientras luchan por la recuperación de las tierras.