Amenaza de nuevo desalojo en el Asentamiento San Miguel de Maracaná
En las últimas semanas se ha recrudecido la violencia estatal contra comunidades campesinas e indígenas, lo que marca el inicio de 2025 como un reflejo de tendencias estructurales. En este marco, los pobladores del Asentamiento San Miguel, del Distrito de Maracaná, Canindeyú, denuncian que existe una amenaza de desalojo latente contra su comunidad.
Según datos recabados por el observatorio de Tierra y Derechos Humanos, de BASE-IS en lo que va del presente año se dieron seis casos de desalojos forzosos contra comunidades rurales, cuatro de ellos fueron contra asentamientos campesinos y dos afectaron a comunidades indígenas. Si bien esta práctica de represión al campesinado y hacia los pueblos indígenas es histórica – con variaciones de estrategias a lo largo de los diferentes periodos – se recrudeció tras la aprobación de la Ley N.º 6830/2021 – conocida como Ley Riera – Zavala – con el objetivo de elevar hasta 10 años de pena privativa de libertad por la «invasión de inmuebles» señalan desde el Observatorio.
A este marco normativo se sumó la aprobación y promulgación de la Ley N° 7424/2025 que crea el Sistema Unificado Registral y Registro Unificado Nacional (RUN), conocida como Ley RUN. Esta ley busca legitimar la usurpación de tierras por parte de intereses económicos vinculados a la exportación de materias primas, extraídas a partir de procesos altamente contaminantes. Con ello, en términos estructurales se busca profundizar el modelo extractivista que acrecienta la desigualdad, el saqueo y la concentración de la tierra.
Mediante un comunicado los miembros de la comunidad San Miguel denunciaron que “una comitiva fiscal-judicial pretenden realizar un desalojo ilegal contra los miembros del Asentamiento, por considerarnos invasores”. Ante esta situación indican que el asentamiento está constituido hace más de 9 años en forma pública, pacífica y “con el debido reconocimiento de las autoridades”. Así también mencionaron que los habitantes de la comunidad trabajan la tierra, “cada miembro y dueño de parcelas, cuenta producción de autoconsumo familiar: como poroto, mandioca, maíz, maní, plantaciones frutales, animales domésticos, ganados vacunos, camino de acceso a la comunidad, instalación de electrificación dentro de la comunidad. Contamos con tres pozos artesianos, dos puentes de madera, los dueños de parcelas tienen construidas sus casas con material cocido, de madera con la comodidad requerida para ser habitable, es decir, es un asentamiento bien constituido en el distrito de Maracaná”.
El Asentamiento está compuesto por 230 familias campesinas que ocupan 2.300 hectáreas y que ante el riesgo de ser desalojadas han solicitado el apoyo de autoridades nacionales, departamentales y locales. En ese sentido el Intendente de Maracaná ha manifestado su acompañamiento a los pobladores y solicitó evitar el desalojo, más aún atendiendo que las familias “cuentan con dictamen favorable de la Comisión de Reforma Agraria y Bienestar Rural de la Cámara de Senadores para la ley de expropiación, lo cual demuestra la existencia de actos posesorios”.
Los desalojos contra comunidades campesinas e indígenas tienen como trasfondo el avance del modelo de agronegocios sobre territorios hasta el momento ocupados por familias rurales dedicadas a la agricultura familiar. En la última década el modelo de agronegocios ha significado el aumento del uso de agrotóxicos, de la deforestación y de la dependencia alimentaria, en la medida que el modelo se extiende también se reporta un aumento de la violencia contra las poblaciones rurales.