Avances en la lucha por la tierra en Gral. Resquín – San Pedro
"Las tierras en disputa – que suman aproximadamente 265 hectáreas – son tierras del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), adquiridas por el Estado y otorgadas a las familias como sujetas de la Reforma Agraria hace 30 años, en 1995. La ocupación que conquistó el territorio campesino inició en 1989, es decir, tiene 35 años".
El 18 de febrero, trece pobladores del camino vecinal de la sexta línea Kira’y comparecieron en una audiencia de imposición de medidas en el Juzgado Penal de Garantías de Santa Rosa del Aguaray, San Pedro, por el cargo de “invasión de inmueble ajeno” [1]. Estas personas habían sido imputadas el 28 de enero de 2025 por el fiscal José Alberto Godoy Blanco, de la Unidad Penal 3 de esta fiscalía y la Unidad Especializada Antisecuestro, Antiterrorismo y de Lucha contra el Abigeato; la imputación además incluía una solicitud de prisión preventiva. Sin embargo, esta imputación puede caer por su propio peso, con la fuerza de la organización campesina y el compromiso de la defensa.
Las tierras en disputa – que suman aproximadamente 265 hectáreas – son tierras del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), adquiridas por el Estado y otorgadas a las familias como sujetas de la Reforma Agraria hace 30 años, en 1995. La ocupación que conquistó el territorio campesino inició en 1989, es decir, tiene 35 años.
La persona que se atribuye la propiedad de la tierra del INDERT, Nilda Ramona Torales Caballero, apareció recientemente en la zona – en el año 2021 – y la misma tiene antecedentes penales por estafa. La misma no presentó ningún título en la última audiencia donde tuvieron que comparecer las y los campesinos criminalizados. La defensa de esta población presentó un incidente de prejudicialidad y nulidad de imputación, y suspensión de la audiencia. Queda en manos del fiscal la respuesta al incidente: el mismo tiene el deber de formular el motivo por el cual imputó a estas personas, si no tenían como respaldo para esta acción judicial el título de propiedad. Esto podría abrir la posibilidad de un cierre a la causa judicial.
De acuerdo a los pobladores y pobladoras, Torales tiene contacto con el diputado colorado Leonardo Sáiz, denunciado por malversación de fondos durante su gestión como intendente de Nueva Germania y sus vínculos con el negocio del narcotráfico [2]; asimismo, cuenta con el respaldo de la intendenta de Gral. Resquín, Dolly Vera, así como del fiscal y el juez – quien está recusado -. Por lo tanto, está utilizando el Poder Judicial para mantener estas tierras bajo su dominio de manera ilegítima. Por otra parte, el Director Departamental del INDERT, Ing. Humberto Daniel Pereira, ha emitido el 16 de julio de 2023 Certificados de Ocupación justificando unas parcelas de 150 hectáreas tierras de INDERT a favor de los familiares de Nilda Torales, quienes no residen ni ocupan el lugar, evidenciando una clara irregularidad en el proceso. Pereira ha sido denunciado por este hecho en la Dirección de Anticorrupción del INDERT.
Este proceso judicial inició el 18 de diciembre – un día después de la aprobación en cámara de diputados de la Ley conocida como “RUN” – a partir de una amenaza de desalojo por parte de una comitiva fiscal-policial que llegó hasta el camino vecinal donde acampan las 47 familias de Sexta Línea Kyra’i, luego de haber sido desahuciados de manera forzosa el 4 de junio del 2023, momento en el que perdieron todo lo que habían construido a lo largo de más de 30 años de haberse asentado en las tierras públicas concedidas por el INDERT.
Esta situación ejemplifica cómo opera la criminalización hacia el campesinado, a partir del cual el Estado es responsable de la violación de los derechos campesinos consagrados en la Constitución Nacional, con especial violencia hacia mujeres de edades avanzadas y las infancias de las comunidades y asentamientos reprimidos.
Las familias de la Sexta Línea Kyra’i son constantemente amenazadas por civiles armados pagados por Torales y si bien solicitaron apoyo a las autoridades locales, no recibieron respuestas. Además, la defensa está impulsando trámites administrativos ante el INDERT Central, ya que considera que la solución a este conflicto debe ser gestionada por este ente estatal, y no por los juzgados ni las fiscalías.
Por otra parte, el Ministro de Agricultura y Ganadería coordinó la instalación de una mesa de trabajo con el propio Presidente del INDERT en el Departamento de San Pedro, la cual se llevó adelante en la segunda semana de febrero; se espera que este proceso pueda avanzar y, con ello, dar lugar a la regularización de algunos asentamientos. Si bien los abogados luchan con compromiso desde las instancias legales para obtener justicia, respaldados en los derechos consagrados en la constitución nacional, han recibido amenazas de imputación, en un escenario donde avanza la criminalización.
Notas:
[1] Específicamente se trata de la causa N° 2072/2024, caratulada «Ministerio Público c/ Asunción Ramón Núñez Galeano y otros sobre invasión de inmueble ajeno en la colonia Kira’y, distrito General Resquín, Depto de San Pedro»
[2] https://www.rdn.com.py/2018/02/22/narcocandidatos-buscan-lugar-2/
Fuente: Base Investigaciones Sociales - BASE IS