Pueblos indígenas

Indígenas de Loreto y Ucayali confirmaron movilizaciones para este 4 de enero, fecha en que también se prevé el reinicio de protestas en el interior del país ante crisis política.

Les talaron los bosques, los dejaron sin su alimento y su remedio para el espíritu y el cuerpo, les saquearon la tierra para pooles de siembra, les extinguieron los animales que cazaban, les mataron las hierbas y los frutos que recogían. Los niños se apagan en el Chaco salteño.

La pandemia ocasionada por el COVID-19 saco a la luz el carácter multidimensional de la crisis global que hoy enfrentamos, una crisis que es a su vez sanitaria, económica, ambiental, social, alimentaria, energética y de cuidados.

Persiste clamor histórico de justicia por los 45 indígenas masacrados el 22 de diciembre de 1997.

En 1983 se estableció el 5 de septiembre como el Día Internacional de las Mujeres Indígenas, resaltando su lucha por la Madre Tierra y por sus derechos y los de sus comunidades. Esta fecha se conmemora en honor a la indígena Aymara Bartolina Sisa, asesinada en 1782, una de las representantes de la resistencia indígena frente a la colonización española.

Es indudable que el mundo enfrenta una dramática pérdida de biodiversidad, tema de gran preocupación para el Ecuador por su condición de país megadiverso y por los distintos frentes de destrucción de la naturaleza existente en nuestro país.

En el informe se detallan los desalojos forzosos ocurridos en el periodo del 1 de noviembre de 2021 al 30 de octubre de 2022, que tuvieron lugar en los departamentos de San Pedro, Itapúa, Canindeyú, Caazapá, Caaguazú y Alto Paraná. Se registran casos que han afectado a comunidades rurales, tanto campesinas como indígenas. Se describe un panorama general de las situaciones de violencia contra las comunidades campesinas, mientras que en el caso de las comunidades indígenas se abordan dos casos paradigmáticos referidos a los pueblos mbya guaraní (Hugua Po’i) y ava guaraní (Ka’a Poty) de la región Oriental.

Mientras la criminalización y los desalojos hacia los pueblos indígenas y campesinos de Paraguay funcionan como política de Estado que legitima el avance del agronegocio, la Articulación Nacional Indígena por una Vida Digna (ANIVID) se organiza para defender los territorios de manera colectiva y construir alternativas frente a la crisis climática.