La cara oscura de la agroindustria en Perú: deforestación y conflictos se expanden en la Amazonía

El reporte titulado  El laberinto Verde, publicado el 12 de febrero, también señala que una serie de políticas públicas, normas y leyes han facilitado la expansión de los agronegocios, afectando los derechos territoriales de comunidades indígenas y campesinas, además del ecosistema amazónico.

El informe precisa que entre 2015 y 2022, Perú perdió 773.000 hectáreas de bosque debido a la deforestación causada por las prácticas de conversión de tierras forestales en áreas agropecuarias de gran extensión. Una dinámica que, advierte Oxfam, está impulsada por la especulación de tierras que se destinan al avance de cultivos a gran escala de palma aceitera, café y cacao, muchas veces bajo la apariencia de legalidad.

“En este estudio hacemos un análisis de las políticas que facilitan esta expansión agroindustrial en la Amazonía que colisionan con los derechos territoriales ancestrales de las comunidades indígenas”, señala Claudia Castillo, oficial de proyectos en Justicia ambiental y climática de Oxfam y una de las autoras del estudio.

Castillo explica que en Laberinto Verde se analiza cómo “las políticas públicas y normas favorecen la inversión privada en desmedro de los derechos territoriales y ambientales” y cita entre los principales hallazgos del estudio la forma en la que se facilita la apropiación de tierras por parte de las empresas dedicadas a los agronegocios.

“En términos sociales, el modelo de agronegocios a gran escala perpetúa la desigualdad estructural en la tenencia de tierras en Perú. Solo el 34.44 % de las tierras agrícolas del país tienen título de propiedad. En la Amazonía, esta cifra es aún menor”, precisa el estudio.

Evadiendo las leyes

De acuerdo con el informe de Oxfam, los agronegocios a gran escala han encontrado formas para evadir la regulación forestal y ambiental. Son rutas que utilizan las empresas para poder acaparar grandes extensiones de tierras. Una de estas formas es aprovechar las normativas destinadas al reconocimiento de derechos de pequeños agricultores para formalizar grandes extensiones de tierras previamente deforestadas.

La ruta que realmente deberían seguir las empresas, explica Castillo, es solicitar permiso para el cambio de uso de suelo, lo que implica un estudio de suelo, de clasificación de tierra y una serie de autorizaciones e instrumentos de gestión que deben entregar las autoridades ambientales. “Esta ruta es la ruta que en teoría debería seguirse, con una correcta fiscalización”, dice Castillo.

Sin embargo, en lugar de seguir este proceso, muchas empresas se benefician de un proceso de formalización de propiedad agraria destinado originalmente a productores de pequeña escala. Y lo hacen comprando parcelas a pequeños agricultores que han sido beneficiados por los procesos de formalización territorial. De esta forma evitan cumplir con los requerimientos ambientales y forestales.

“Muchas grandes empresas toman esta ruta que les permite evadir las normas establecidas. Lo que hacen es adquirir las tierras de los pequeños agricultores que han pasado por ese proceso de titulación o de formalización más breve. Suelen comprar a los pequeños agricultores que están adyacentes a sus áreas. El resultado es la expansión de sus plantaciones agroindustriales”, aclara Castillo. “Hay grandes empresas que están realizando actividades sin contar con instrumentos de gestión ambiental”, agrega.

El estudio advierte que la flexibilidad en la formalización de los predios, además de la especulación, también puede dar cabida al tráfico de tierras, considerando además,  la presencia de economías ilegales. “Este marco normativo ha permitido y promovido el avance desregulado de explotaciones agropecuarias en bosques de dominio público, bajo la lógica de que primero se deforesta, se instalan cultivos —hacer una explotación económica del predio— para luego formalizar e inscribir el predio”, precisa el informe.

“Urge transparencia en un sistema catastral a nivel nacional y unificado para ver cómo se está distribuyendo la tierra y cómo se están entregando derechos sobre la tierra en el país, además, para poder planificar y que los diferentes sectores sepan qué otros derechos se han entregado sobre ese territorio”, dice Julia Urrunaga, directora en Perú de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA por sus siglas en inglés).

Urrunaga cuestiona que aún se tenga la visión de que se debe conquistar la Amazonía, que hay que dominarla y que se debe  tumbar el bosque. “Se ha seguido legislando en ese sentido, con la mentalidad de que a la Amazonía hay que conquistarla, en lugar de tener un desarrollo armonioso y compatible con el bosque en pie”.

En ese sentido, Urrunaga cita como ejemplo la modificación de la  Ley Forestal, promulgada en enero de 2024. Una norma que según expertos facilita la legalización de la deforestación ilegal. “La normativa se sigue adecuando para validar la destrucción de la Amazonía y la violación de derechos humanos”, declara Urrunaga.

De acuerdo con el informe de Oxfam, la expansión de los agronegocios en la Amazonía funciona, en gran medida, mediante la transferencia de los riesgos ambientales hacia los pequeños agricultores, quienes venden sus productos a las grandes empresas, sin aplicar salvaguardas sociales y ambientales, como la de evitar productos de áreas deforestadas.

“Si bien la expansión de la agricultura es considerada como el principal motor de la deforestación en bosques tropicales, algunos estudios demuestran que hasta un tercio de estas áreas no estarían siendo utilizadas para la producción de alimentos, sino que estarían vinculadas a un interés especulativo sobre la tierra”, precisa el estudio.

Mongabay Latam solicitó al Ministerio de Agricultura y Riego (Midagri) su opinión sobre la forma irregular en la que los agronegocios están accediendo a las tierras y consultó sobre las acciones que realizan para evitar este aprovechamiento. Hasta el cierre del artículo no enviaron las respuestas.

Impactos en territorios indígenas

El informe también enfatiza que el avance de los agronegocios han incrementado los conflictos por la tierra y los riesgos para las personas defensoras del ambiente. “El 40 % de las personas defensoras en riesgo en Perú son indígenas que residen en la Amazonía enfrentando amenazas relacionadas con la tala ilegal y el tráfico de tierras”, dice el informe.

“La posibilidad de luchar contra el crimen organizado se está desmoronando. Nos estamos quedando con una normativa absolutamente debilitada”, señala Urrunaga.

Según el reporte de Oxfam, los agronegocios han incrementado la desigualdad. En la tenencia de la tierra, favoreciendo a grandes empresas en desmedro de los pueblos indígenas, que deben enfrentar largos procesos para la titulación de sus territorios.

Para Iveth Peña, representante de la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU), “hablar de agroindustria es hablar también de invasión y de conflicto”. Peña menciona los problemas que se generan con la propiedad de las tierras. “Cuando ingresan a la base de datos ven como si el espacio fuese de libre disponibilidad. Ahí se genera el conflicto, porque las autoridades regionales otorgan estas posesiones que pertenecen a la comunidad. Es una amenaza”.

“En nuestras comunidades indígenas estamos atacados por varios frentes”, dice la lideresa indígena, incluyendo el narcotráfico, la minería ilegal, la trata de personas. “Es escalofriante”, acota.

Peña menciona, principalmente, a la palma aceitera como un monocultivo que genera mucho conflicto. “La palma es un producto, como yo lo llamo, que genera un genocidio ecosistémico porque cuando siembras palma, matas los árboles y toda la vida que hay, porque hasta a las hormigas que están en la tierra las matas”, dice Peña en referencia a los agroquímicos que se utilizan en los campos de monocultivos. “En la selva hay varios conflictos con los empresarios que se dedican a la palma”, puntualiza.

Fuente: Mongabay