Minería

 El proyecto minero-portuario Dominga ha dejado al descubierto una verdad incómoda: la institucionalidad ambiental en Chile no está a la altura de los desafíos que enfrenta el país. Más allá de las promesas de desarrollo económico y la consabida polémica sobre el impacto ecológico, el caso Dominga expone un sistema profundamente defectuoso, incapaz de garantizar procesos transparentes, participativos y coherentes con los compromisos internacionales de Chile en materia de sostenibilidad.

Gobierno e inversionistas buscan imponer los proyectos mineros El Algarrobo y Río Blanco sin aceptación social y pese a la posible afectación a ecosistemas de Piura.

La Comunidad colla Pai Ote fue aceptada por la Corte de Apelaciones como tercero coadyuvante en la causa que interpuso Tianqi tras ser rechazada su petición ante la CMF de pasar el acuerdo con Codelco por una junta de la totalidad de los accionistas. En la negociación SQM puso sobre la mesa 300 concesiones de explotación de litio en el Salar de Maricunga, territorio de trashumancia de la comunidad colla y que colinda con el Parque Nevado Tres Cruces, en donde ya opera una faena minera de envergadura y se proyectan otras cinco más.

Los ministros subrogantes calificaron desfavorablemente el proyecto Dominga, argumentando que falta información sobre la protección a la biodiversidad, además de que la iniciativa carece de planes de emergencia y contingencia suficientes.

Ante el abandono del Estado, el pueblo awajún de Amazonas se organiza en autodefensas para protegerse de la minería ilegal y de las organizaciones criminales. En junio pasado, bloquearon el río Comaina para evitar el paso de los mineros y sus dragas hacia el Cenepa pero esta medida solo logró desplazar a los ilegales. 

La Ley General de Minería Metálica, que contiene 35 artículos, fue aprobada con los votos de 57 diputados de 60 en la Asamblea Legislativa y deja sin efecto la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, aprobada en marzo de 2017.

• Tras la decisión del Congreso, el Ejecutivo dejó abierta la posibilidad de objetar la ley que acaba de ser aprobada en el Ejecutivo. Esta norma permite que mineros informales sigan operando sin estándares ambientales.
• El Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) fue creado en el 2012 para que los pequeños mineros legalicen sus actividades extractivas, pero en más de 10 años apenas el 2.4 % ha alcanzado la formalización.
• Previa a esta aprobación, el parlamento peruano retiró de su cargo al ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, por supuesta “incapacidad para solucionar la problemática de los pequeños mineros artesanales”.

La lideresa y el líder ambiental del páramo de Santurbán, Mayerly López y Hernán Alberto Morantes, denunciaron ser víctimas de estigmatización y calumnia por parte de líderes y organizaciones aliadas de las multinacionales mineras Minesa y Aris Mining, las cuales son acusadas de querer explotar el páramo de Santurbán.