El proyecto minero-portuario Dominga ha dejado al descubierto una verdad incómoda: la institucionalidad ambiental en Chile no está a la altura de los desafíos que enfrenta el país. Más allá de las promesas de desarrollo económico y la consabida polémica sobre el impacto ecológico, el caso Dominga expone un sistema profundamente defectuoso, incapaz de garantizar procesos transparentes, participativos y coherentes con los compromisos internacionales de Chile en materia de sostenibilidad.
