Defensa del Territorio

Un nuevo contingente policial se preparaba en la mañana del pasado lunes para realizar una incursión en la zona de Kira’y Sexta Línea, donde unas 47 familias resisten exigiendo la recuperación de 265 hectáreas de tierras públicas actualmente usurpadas por una empresaria que no es de la zona. El emblemático caso revela una trama de corrupción en la que están involucrados actores privados que buscan apropiarse de tierras con apoyo de agentes del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) y de la Fiscalía.

El pueblo indígena denunció que la empresa no atiende la contaminación por el derrame de petróleo ocurrido en octubre de 2024.

En la siguiente declaración, organizaciones socioambientales articuladas frente al Plan de Fortalecimiento Industrial (conocido como Plan Grau), cuestionan los dichos del gerente de Aclara, Nelson Donoso, en un contexto donde, acusan, existe «una nueva oleada de validación que busca establecerse en torno al proyecto minero ante la anunciada presentación de Adenda mediante la cual debe dar respuesta a las observaciones ciudadanas».

Brasil tem 120 mil famílias acampadas à espera de terra, de acordo com dados do MST.

Comunidades y organizaciones indígenas agrupadas en los Pueblos en Defensa de la Tonantzin Tlalli (Madre Tierra) exigieron la clausura total y definitiva “de todos y cada uno de los tóxicos basureros o vertederos a cielo abierto, mal llamados ‘rellenos sanitarios’, ubicados dentro de la geografía del estado de Puebla y de todo el país”, por ser fuentes de contaminación, producir enfermedades, afectar a la fauna y la flora y dañar la vida comunitaria.

El extractivismo en México tiene profundas implicaciones económicas, sociales y ambientales, lo que lo convierte en un tema de relevancia. Aunque históricamente ha sido presentado como un motor de crecimiento económico, este modelo ha resultado en un despojo sistemático de recursos naturales y en el debilitamiento del desarrollo socioeconómico en diversas regiones (Azama & Ponce, 2014). Lejos de fortalecer las economías locales, estas actividades suelen beneficiar a grandes corporaciones extranjeras, mientras dejan tras de sí problemáticas sociales y ambientales de gran envergadura (Azama & Ponce, 2014).

El pasado martes (4/3) se difundió un comunicado de numerosas personas, organizaciones y comunidades en apoyo al la Lof Che Buenuleo. La comunidad mapuche habita a los pies del Cerro Ventana, en la nacientes del Arroyo Ñireco, Bariloche. En el 2020 el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas le reconoció la ocupación actual, tradicional y pública a la Comunidad sobre 481 hectáreas en la zona del cerro. Sus familiares se demostró, habitaron allí desde 1880.

Por segunda vez, las fuerzas de seguridad pública ingresaron a la comunidad Río Tebernal, Livingston, para desalojar a las familias Q’eqchi’ asentadas en ese lugar desde 2019. En el desalojo se pudo ver a Byron Matta, supuesto propietario de la finca, acompañando a las fuerzas de seguridad. La organización campesina CCDA señala que hay un amparo vigente por lo que el desalojo no debió llevarse a cabo.