Argentina

La agricultura industrial y su relato de producción como bien supremo son elementos centrales de la crisis climática. Su rostro menos publicitado es el impacto en la biodiversidad y en el calentamiento global. Un repaso de las falsas soluciones que propone el sistema y la posibilidad que brindan los sistemas agrícolas diversificados y la soberanía alimentaria.

El 27 de diciembre pasado el Gobierno Nacional presentó el proyecto de «Ley Ómnibus» que entre sus 664 artículos, el número 241, establece la adhesión de Argentina “a la Convención Internacional sobre la Protección de Nuevas Variedades Vegetales (1991)». Esto es la adhesión a UPOV 91, y es un viejo anhelo de las corporaciones semilleras transnacionales como Bayer-Monsanto, Syngenta, Corteva o Basf, y “nacionales” como Bioceres o Don Mario.

Los pequeños productores de Misiones se declararon en movilización permanente contra el decreto que debilita el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) y presentaron una medida cautelar. Tras un "tractorazo", lograron que la justicia federal de Misiones suspendiera los artículos del DNU 70/2023 referidos al INYM.

Un informe realizado por el CONICET junto con la ONG ACIJ establece un vínculo directo entre las deudas públicas y los daños ambientales.

Son un recurso inapreciable para cualquier política pública que se plantee la Argentina

Movimientos campesinos y chacarera son sinónimos de Santiago del Estero. Como también lo son, desde hace tres décadas, el corrimiento de la frontera agropecuaria, el desmonte y la violencia —para robarles la tierra— contra las familias campesinas. Soja, ganadería caprina, falta de agua, vulneración de derechos y agroecología, elementos del agro provincial.

La periodista ambiental, Anabel Pomar, dialogó con RADIO REALPOLITIK FM (www.realpolitik.fm) sobre el estudio realizado por el proyecto Sprint, que asegura que la mayoría de los participantes argentinos presentaba agrotóxicos en orina y sangre.

La organización de derechos humanos viajó a Jujuy, entrevistó a más de cien personas y confirmó que, en el marco de la aprobación de la reforma constitucional, la policía de Gerardo Morales vulneró los derechos básicos de los manifestantes. Disparos a la cabeza, detenciones arbitrarias y procesos judiciales injustificados, entre otras acciones.