Argentina

Más de 180 colectivos de todo el país explicitaron los retrocesos que, en materia ambiental, generaría la Ley Ómnibus. "Los cambios propuestos implicarían una disminución de los niveles de protección ambiental ya alcanzados", advirtieron. El texto completo de la carta, con el análisis de las modificaciones a las leyes que protegen humedales, bosques y glaciares.

Este 24 de enero de 2024 se llevará a cabo un paro general en Argentina convocado por las centrales sindicales, y los movimientos populares, organizaciones sociales, políticas, de trabajadora/os, ambientales, feministas, culturales, científica/os y de la educación. Se organizan para rechazar las medidas dictadas en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y en la “Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”- Ley Ómnibus- del gobierno de Javier Milei, que proponen un gran retroceso en materia democrática, económica, social, laboral, ambiental, científica, cultural y de género. Por tanto: una enorme pérdida de soberanía nacional. 

Este 24 de enero de 2024 se llevará a cabo un paro general en Argentina convocado por las centrales sindicales, y los movimientos populares, organizaciones sociales, políticas, de trabajadora/os, ambientales, feministas, culturales, científica/os y de la educación. Se organizan para rechazar las medidas dictadas en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y en la “Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”- Ley Ómnibus- del gobierno de Javier Milei, que proponen un gran retroceso en materia democrática, económica, social, laboral, ambiental, científica, cultural y de género. Por tanto: una enorme pérdida de soberanía nacional. 

Desde el pasado lunes 15, representantes de diversas organizaciones y sectores sociales se vienen sumando al plenario de diputados que debate el megaproyecto de ley presentado por el gobierno de Milei, «Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos». Sus 664 artículos proponen cambios sustanciales a una gran diversidad de leyes vigentes, afectando derechos y garantías de sectores amplios de la población.

Mientras el foco está puesto en el litio, el cobre ocupa un papel silenciado: su demanda debería incrementarse 30 veces solo para la industria de autos eléctricos. En Catamarca y San Juan, los proyectos de megaminería MARA y Josemaría prometen, con discursos verdes, abastecer esa demanda. Las asambleas ciudadanas de Andalgalá y Jáchal denuncian que significarían el fin para los ríos y sus comunidades.

Familias campesinas denuncian que las aplicaciones terrestres y aéreas con agrotóxicos diezman la producción de animales y afectan su salud. Exigen medidas urgentes para frenar la vulneración de derechos. Al mismo tiempo, se organizan para participar en la redacción de la nueva ley de agroquímicos, anunciada por el Ministerio de Producción.

Las graves consecuencias de la crecida de ríos y arroyos en la provincia exponen los efectos de un modelo extractivo que tiene directa relación con la deforestación. Organizaciones sociales e investigadores denuncian el desmonte, el avance de la soja aguas arriba, la falta de políticas de cuidado del territorio y el accionar de la represas.

Cinco vecinos y vecinas de Chubut quedaron a un paso de un juicio oral por manifestarse contra la megaminería. Un día antes de la prescripción de la causa, el fiscal federal Fernando Gelvez solicitó la elevación a juicio al juez Ricardo Sastre, quien deberá decidir si avanza o rechaza el pedido. La criminalización como herramienta del modelo extractivo.