Diego Montón

Milei anunció el cierre del INAFCI y el despido de más de 900 trabajadores. La agricultura familiar representa al 75% de los productores, aunque accede sólo al 13% de la tierra agrícola. Produce más del 60% de las hortalizas y verduras que comemos.

La soberanía alimentaria demanda una transformación estructural, económica, social y política, que priorice el derecho universal a la alimentación por sobre la propiedad privada de la tierra y los medios de producción y comercio.

La Declaración de los Derechos Campesinos es un triunfo internacional de las organizaciones del campo. Semillas, soberanía alimentaria y reforma agraria son algunos de los artículos. La situación en Argentina y la necesidad de implementarla como política de Estado.

El anuncio de la intervención y posterior expropiación del grupo Vicentin como parte de las acciones del gobierno nacional y de avanzar en la vía de la Soberanía Alimentaria es una paso necesario y estratégico para el desarrollo de nuestro país y afrontar el escenario excepcional de crisis combinada por la pandemia y la crisis en que nos sumergió Macri. El anuncio de la medida generó, como era de esperarse una ola de rechazo de los voceros de Juntos por el Cambio, que una vez más asume la representación del los sectores acomodados y concentrados de la economía argentina, los únicos que se beneficiaron ( como Vicentin) durante su gobierno.

"La agricultura familiar con tan solo 13,5% de la superficie agraria, representa el 75% de los productores del país, y produce mas del 60% de las verduras, supera el 85% en el sector caprino, más del 50% de porcinos, pollos parrilleros y explotaciones de tambo, y genera el 64% del trabajo permanente en el campo, sin embargo esta subordinada a la agroindustria corporativa y la dinámica de un mercado que lejos de ser libre, es de unos pocos".

Las barriadas populares en verano padecen escasez de agua, baja inversión en obras y falta de planificación, lo cual, sumado a la discriminación territorial, pintan una gran desigualdad, entre los que tienen jardines y piletas de natación, y quienes ni siquiera pueden acceder al agua para cocinar sus alimentos.

La aprobación y adopción de la Declaración sobre los Derechos de los Campesinos y Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales representa un hecho histórico para el propio sistema internacional de derechos humanos, así como para las comunidades campesinas del mundo. Ha sido una lucha de más de 17 años de La Vía Campesina que, junto con aliados, logró impulsar en el seno de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el debate sobre el rol y situación del campesinado.

La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó la Declaración de los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en áreas rurales. Con 121 votos a favor, 8 en contra y 54 abstenciones. Con fuerte respaldo al proceso de los países de América Latina, Asia y África. Se destacó el compromiso del Estado plurinacional de Bolivia que presidió desde 2012 el Grupo Intergubernamental de Trabajo para la Declaración en el Consejo de Derechos Humanos.