La lucha por el agua en Mendoza

Finalizando el año 2019, una genuina y poderosa movilización popular tumbó los intentos del gobernador radical Rodolfo Suárez de modificar la ley 7722 que prohíbe el uso de cianuro, ácido sulfúrico y oras sustancias tóxicas en la minería. En la articulación de esa lucha se combinaron desde las Asambleas por el Agua, los movimientos sociales y campesinos, miles de “personas de a pie”, productores y hasta importantes sectores de la corporación vitivinícola. Un movimiento variopinto y policlasista articulado en la “defensa del agua pura”, consigna que predominó, tal como en el año 2007 cuando Julio Cobos, también condicionado por la movilización, debió aceptar que se sancionara la ley 7722.

En aquel entonces, la Ley se sancionó y el debate del agua volvió a ser invisibilizado. Ahora, luego de mas de diez años de “crisis hídrica” (que ya más que crisis es una nueva realidad consecuencia del cambio climático) nuevamente Mendoza manifiesta su vocación de cuidar el agua, así como el rechazo a la megamineria neoliberal, aún cuando el cuestionamiento al desarrollo minero no ha logrado profundizar una lectura integral sobre los problemas de desarrollo que acumula la provincia.

La ley 7722 es una barrera a la dinámica neoliberal de apropiación y mercantilización de nuestros de bienes naturales, pues en términos objetivos pone un freno a las corporaciones a llevarse las riquezas con ventajas desproporcionadas para el capital financiero por sobre los magros recursos que le quedan al estado nacional y provincial, en un marco de riesgo de contaminación del agua y degradación ambiental.

Sin embargo, esta ley no alcanza como “guardiana del agua” para el pueblo mendocino, tampoco la importante ley nacional de protección de glaciares, que establece condicionamientos para el desarrollo productivo en las zonas de glaciares, allí donde nace el agua, pues si bien es estrategica en cuanto a las nacientes, es insuficientes en cuando a lo que ocurre en las cuencas.

La Ley de Aguas que rige las normas y prioridades para el uso del agua, data de 1884, además de ser de otra época, fue el resultado de la derrota federal y la campaña del desierto. Los vencedores, sobre la sangre derramada, iniciaron una reestructuración que consolidó la conformación y el dominio de la nueva elite, que no solo se apropió de la tierra, sino fundamentalmente del agua.

El diseño y construcción de los diques y canales derivadores fueron un un proceso autoritario que despojó del agua a pueblos enteros, y benefició con los “nuevos derechos” a los amigos del poder de ese entonces. Quizás el ejemplo mas claro el actual departamento de Lavalle, otrora pueblo de Guanacache, que pasó de ser un complejo de humedales y lagunas donde predominaban los trigales, alfalfares y la pesca, a ser una de las zonas mas áridas y como menos agua de la provincia. Las comunidades Huarpes, que allí habitan y resisten, que se especializaban en la pesca, y en la navegación de las lagunas en sus canoas de totora hoy son crianceras de cabras en médanos y pampas secas. En el oasis de ese departamento, los productores que tienen derecho de riego tienen enormes dificultades para poder regar, pues el agua que llega es siempre insuficiente, historia que se repite en otros departamentos de la periferia como el caso de La Paz y Santa Rosa, donde solo alcanzan a regar la mitad de la superficie con derecho de riego en el mejor de los casos.

Es en estos departamentos, donde la crisis hídrica se siente sobre manera, pues no solo no alcanza para regar, sino que en los puestos campesinos los animales se mueren de sed y las familias apenas tienen agua para sobrevivir con menos de 20 litros por día por persona, e incluso en los barrios urbanos de esos departamentos, el agua es un bien escaso y contaminado.

En los 90, pleno auge neoliberal, desembarcaron en la provincia capitales y empresas vitivinícolas y olivícolas extranjeras que volvieron a transformar el paisaje, en este caso, invadieron el pedemonte mendocino, y se apropiaron del agua subterránea con métodos de dudosa legalidad. El pedemonte pasó a ser en gran parte propiedad de bodegas y viñedos extranjeros, que acaparan el agua desde las napas subterráneas provocando diversas alteraciones en las cuencas, con un estado ausente, sin planificación ni control. Estas empresas transnacionales utilizan modelos tecnológicos que requieren escasa mano de obra por lo que no tienen impacto positivo en la economía local. Es decir, dominan el pedemonte, se apropian del agua de Mendoza, pero no generan desarrollo.

En la capital de Mendoza hay un consumo de mas de 700 litros de agua por día y por persona, con un promedio de consumo provincial de 450 litros por persona, muy por encima al del consumo en Barcelona, donde el promedio es de 120 litros por persona, o de Córdoba que es de 330. Podemos observar que la “conciencia por el cuidado del agua” tiene un dejo de hipocresía en en los sectores privilegiados de la sociedad menduca.

Las barriadas populares en verano padecen la escasez de agua, la baja inversión en obras, falta de planificación sumado a la discriminación territorial pintan una gran desigualdad, entre los que tienen jardines y piletas de natación, y quienes ni siquiera pueden acceder al agua para cocinar sus alimentos.

La agricultura intensiva, fundamentalmente la impulsada por el agronegocio, a provocado la contaminación de los cauces de riego con agrotoxicos, siendo grave situación en el río Tunuyan y el río Mendoza. El Departamento General de Irrigación, lejos de controlar esta situación mira para otro lado. A esto se suma el vertido de efluentes industriales y cloacales al propio sistema de riego Los sistemas de riego tampoco son eficientes, y el balance hídrico que la constitución exige para las decisiones en torno al agua brilla por su ausencia durante la última gestión radical.

Las 5000 familias campesinas y de pueblos originarios que habitan el “secano”, que se dedican principalmente a la cría de cabras y vacas, en el 2019, además de padecer los ajustes y políticas de Macri y Cornejo, también atravesaron una terrible sequía, sin ningún tipo de política de emergencia o de obras para garantizar el acceso al agua. Los famosos acueductos ganaderos, solo benefician a un puñado de grandes empresarios.

Las comunidades campesinas de San Rafael y Alvear han padecido la usurpación del agua de sus vertientes, que en procesos de amenazas con complicidad de fiscales y la policía, han derivado mediante cañerías hacia estancias de los mismos poderosos.

La región del norte mendocino, declarada sitio Ramsar por la ONU, no recibe su caudal ecológico, transformando el sitio en un desierto, provocando la desaparición de especies y haciendo mas difícil la vida de los pobladores locales.

Así las cosas, en Mendoza el agua ya no es pura, se negoció y se negocia a conveniencia de un sector concentrado que incluso logró imponer un relato que impide profundizar un debate estratégico en una provincia con solo el 3% de su superficie con derechos de riego y en el marco de una crisis climática que llegó para quedarse.

Por esto, quizás, decir que el agua no se negocia termine siendo funcional a la minoría que hoy la concentra y contamina, No solo se requiere "renegociar” el agua, sino que es urgente construir nuevos acuerdos con la participación de las mayorías populares, en torno al recurso mas estratégico que tenemos. El desafío entonces es ir mas allá del "no a la megamineria neoliberal" y construir una agenda integral sobre la problemática hídrica en Mendoza.

El pueblo esta movilizado, veremos si somos capaces de profundizar la reflexión y avanzar hacia la función social, ecológica y productiva del agua en estas tierras secas, para poder reconstruir una Mendoza donde no exista hambre, ni sed. Una Mendoza donde el trabajo y el agua pura sean para todas y todos y no solo para algunos.

*¨El autor es dirigente de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Mendoza y de Vía Campesina

Fuente: Infonews