Naciones Unidas, derechos campesinos y emergencia alimentaria

La Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) aprobó la Declaración de los Derechos Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales el 18 de diciembre de 2018. Marcó un hecho histórico para el propio sistema internacional de derechos humanos y también para las comunidades campesinas del mundo. Ha sido una lucha llevada adelante por más de 17 años por La Vía Campesina, que logró impulsar en la ONU el debate sobre el papel y la situación del campesinado.

En plena ofensiva neoliberal, a fines de la década de los 90, el capital financiero profundizó sus tentáculos en el campo; la mercantilización de la agricultura provocó despojos, aumento de la violencia y persecución contra las comunidades campesinas, privatización de las semillas y destrucción de mercados locales. Reforzó los mecanismos de la llamada “revolución verde”: potenció su capacidad de acaparamiento y destrucción, de la mano de la tecnología transgénica asociada al uso masivo de agrotóxicos. Grandes beneficios para las corporaciones transnacionales, pero a costa de graves consecuencias para la humanidad. Entre ellas, el aumento del hambre, la migración y la destrucción de la naturaleza.

La violencia en el campo es uno de los elementos sobre los que se sostiene el agronegocio, así como el redireccionamiento de los recursos públicos hacia ese modelo, que deja a los campesinos sin posibilidad de acceso a créditos ni mercados.

La propaganda del “fin de la historia” en el plano agrario incluyó el mito del “fin del campesinado”, que insinuaba que las familias campesinas iban a desaparecer y que solo el agronegocio era capaz de alimentar a la humanidad.

Nuevos tratados y acuerdos internacionales fueron construyendo un andamiaje de jurisprudencia que en lugar de estar anclada en los derechos humanos y la democracia se basa en la libertad del capital financiero y en mecanismos para blindar a las empresas frente a la resistencia y la lucha de los pueblos.

Las organizaciones campesinas resistieron en todos los rincones del planeta. La conformación de  La Vía Campesina se da en ese contexto, destacándose la lucha por la tierra, contra la Organización Mundial del Comercio (OMC) y contra las políticas de libre mercado. Pero además de articular la resistencia, sistematiza propuestas políticas.

Por la vía campesina

El campesinado es parte de la solución posible a las crisis provocadas por la dinámica de acumulación del capital. Propuso (y propone) la soberanía alimentaria y la campaña global por la reforma agraria. La Vía Campesina irrumpió en 1996 en el Consejo de Seguridad Alimentaria de la ONU con esas propuestas. Planteó que para resolver la crisis alimentaria es condición necesaria el desarrollo y fortalecimiento de la agricultura campesina, que está unido a la democratización de la tierra.

Así, la discusión sobre los derechos de los campesinos siempre estuvo ligada a propuestas sobre las políticas agrarias necesarias para poder superar la crisis alimentaria. En 2012, luego de más de diez años de trabajo interno del movimiento campesino internacional, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU creó un grupo intergubernamental de trabajo (presidido por el Estado Plurinacional de Bolivia) con la misión de proponer un texto de declaración de derechos campesinos a partir del trabajo realizado por La Vía Campesina.

La agricultura campesina cuenta con tan solo el 25 por ciento de las tierras agrícolas, pero alimenta a más del 75 por ciento de la población mundial. Mientras que la agroindustria subordinada al capital financiero, con el 75 por ciento de las tierras agrícolas, solo llega con sus alimentos al 25 por ciento de la población.

Garantizar la vida y el modo de producción campesina es estratégico para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de ONU. Y el proceso coincide con el lanzamiento del Decenio de la Agricultura Familiar (también de Naciones Unidas).

La concentración de la tierra, una barrera al desarrollo

La Declaración, en su preámbulo y en los 28 artículos, consagra derechos de los campesinos y obligaciones de los Estados. Es un compendio para la planificación y renovación de la política agraria mundial.

El artículo 15 resalta: “Los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales tienen el derecho a definir sus propios sistemas agroalimentarios, reconocido por muchos Estados y regiones como el derecho a la soberanía alimentaria”. ONU reconoce y reivindica la soberanía alimentaria para abordar la crisis alimentaria que afecta a más de 1.000 millones de personas en todo el mundo.

El artículo 16 establece: “Los Estados adoptarán medidas apropiadas para reforzar y apoyar los mercados locales, nacionales y regionales en formas que faciliten y garanticen que los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales accedan a esos mercados y participen en ellos de manera plena y en igualdad de condiciones para vender sus productos a unos precios que les permitan, a ellos y a su familia, alcanzar un nivel de vida adecuado”.

En la Argentina la diferencia de precio entre lo que se paga al campesino y lo que paga el consumidor ronda entre el 500 y el 1.600 por ciento, situación que solo es posible resolver con una política pública que intervenga en defensa de quienes producen alimentos y del pueblo que los consume.

El artículo 17 incorpora: “Los campesinos y otras personas que viven en zonas rurales tienen derecho a la tierra, individual o colectivamente, (…) y en especial tienen derecho a acceder a la tierra, las masas de agua, (…) y los bosques, así como a utilizarlos y gestionarlos de manera sostenible para alcanzar un nivel de vida adecuado, tener un lugar en el que vivir con seguridad, paz y dignidad y desarrollar su cultura” y recomienda a los Estados implementar la reforma agraria para facilitar el acceso equitativo a la tierra y su función social, evitando la concentración.

En Argentina, según la ONG Oxfam International, el 83 por ciento de las Unidades Productivas Agropecuarias cuenta con solo el 13,3 por ciento del total de las tierras productivas. En 2014 el gobierno argentino realizó un muestreo de casos de conflicto por la tierra campesina. El resultado arrojó 852 casos, que abarcan más de nueve millones de hectáreas en conflicto.

La concentración de la tierra es una barrera estructural al desarrollo de una nación y al disfrute pleno de los derechos de las campesinas y los campesinos.

En el artículo 19 la Declaración sostiene: “Los campesinos tienen derecho a las semillas (…). El derecho a proteger los conocimientos tradicionales relativos a los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura (…). El derecho a participar en la toma de decisiones sobre las cuestiones relativas a la conservación y el uso sostenible de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura”. Frente al permanente avance de las trasnacionales en la apropiación de material genético y de fuertes presiones por leyes de semillas que las avalen en el ultraje, este artículo toma especial relevancia.

Una herramienta para las luchas campesinas

La adopción de la Declaración enriquece el sistema de Derechos Humanos, antepone el bienestar de los pueblos por encima del lobby y los intereses del capital. Actualiza el sistema desde una perspectiva pluricultural y respeta a las miles de millones de personas que conciben los derechos colectivos como fundamentales para el disfrute de los derechos individuales.

Ahora iniciamos una etapa de nuevos desafíos y esperamos que la Declaración de Naciones Unidas sea una herramienta para las luchas campesinas y para el derecho a la alimentación de los pueblos. De ella deben apropiarse las organizaciones campesinas, articulando con académicos, sindicatos, legisladores y funcionarios para que pueda ser adoptada a nivel municipal, provincial y nacional. Además de convertirse en un instrumento de diálogo entre organizaciones y Estados para avanzar en nuevas políticas agrarias adecuadas. También la Declaración puede ser un importante insumo para la dimensión jurídica de los conflictos agrarios.

Lejos de atravesar el “fin del campesinado”, podemos afirmar que las campesinas y los campesinos son protagonistas de las luchas por justicia social en todo el mundo. Y parte indiscutible de la solución a la crisis alimentaria y de migración que provocan el capital financiero y los agronegocios.

Argentina tuvo que declarar la emergencia alimentaria en 2019. Paradójicamente, la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar sigue sin ser reglamentada. La Secretaría de Agricultura Familiar y las políticas para el sector fueron desmanteladas por el Gobierno de Mauricio Macri. Será un desafío del actual gobierno terminar con el hambre y alcanzar la soberanía alimentaria. Sin dudas, la Declaración es una herramienta significativa para tal fin.

Fuente: Agencia Tierra Viva