¿De qué hablamos cuando decimos soberanía alimentaria?
El anuncio de la intervención y posterior expropiación del grupo Vicentin como parte de las acciones del gobierno nacional y de avanzar en la vía de la Soberanía Alimentaria es una paso necesario y estratégico para el desarrollo de nuestro país y afrontar el escenario excepcional de crisis combinada por la pandemia y la crisis en que nos sumergió Macri. El anuncio de la medida generó, como era de esperarse una ola de rechazo de los voceros de Juntos por el Cambio, que una vez más asume la representación del los sectores acomodados y concentrados de la economía argentina, los únicos que se beneficiaron ( como Vicentin) durante su gobierno.
En este caso, estando Macri como presidente, el Banco Nación entregó de manera irregular en forma de préstamos a Vicentin 18.182 millones de pesos. Además Vicentin aportó 27 millones de pesos a las campañas de Mauricio Macri, lo que le quita mucha seriedad al accionar de Juntos por el cambio yendo a la justicia para intentar impedir la intervención.
Lo que el estado hace es rescatar un empresa quebrada que incide en cerca del 9% de las exportaciones agroindustriales del país. Evitando que sea adquirida por otras grandes empresas y se profundice la concentración del sector.
Pero, el marco que tanto el presidente Alberto Fernandez como la Senadora Nacional por Mendoza Anabel Fernandez Sagasti le dieron al anuncio fue el derecho a la alimentación, y el objetivo de caminar hacia la Soberanía Alimentaria. Esto le da un carácter histórico al anuncio, porque mas allá de la intervención, se establece un horizonte programático que esta acorde con una demanda que históricamente traen las organizaciones campesinas y de la agricultura familiar cuya voz se amplificó con el Foro por Un Programa Agrario Soberano y Popular que puso a la Soberanía Alimentaria en el centro de sus propuestas.
La Soberanía alimentaria es un concepto dinámico que expresa, fundamentalmente, la propuesta política de los movimientos populares para enfrentar el hambre y sus consecuencias. Se trata además de una ética de vida. Fundamentalmente abarca el derecho de los pueblos a una alimentación saludable y nutritiva, adecuada culturalmente, cuyos alimentos son producidos de forma ecológica y sustentable, así como el derecho a decidir su propio sistema agroalimentario, priorizando la participación y necesidades de quienes producen, distribuyen y consumen por sobre los intereses de las empresas y mercados.
El derecho a la alimentación fue reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Y luego, incluido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1976. En 1952, el brasileño Josué de Castro fue elegido presidente de la FAO, fundamentalmente por su obra “Geografía del hambre”, donde concluye que el hambre es un problema social, resultante de la forma de organización social de la producción y distribución de los alimentos.
La Vía Campesina lanzó el concepto de Soberanía Alimentaria en 1996, en el Foro de la Organización de la Sociedad Civil de Roma. La declaración final de este foro «Beneficio para pocos o comida para todos» se presentó en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación organizada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en ese mismo año. La Soberanía Alimentaria se propuso como respuesta superadora a la crisis alimentaria que había agudizado el Neoliberalismo de la mano de la globalización del capital financiero y la destrucción de los sistemas locales de producción de alimentos y el deterioro de las políticas de protección de los estados a medida que perdían soberanía.
En 2007 se realizó una conferencia mundial de soberanía alimentaria, en Mali, donde se consolidó, de la mano de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo y La Vía Campesina, una gran alianza con otros movimientos sociales de pescadores, pastores, mujeres del campo y de ciudad, consumidores, ecologistas, nutricionistas, investigadores, científicos, movimientos de salud pública y con gobiernos progresistas que construyeron colectivamente ese nuevo entendimiento sobre soberanía alimentaria. Allí nació el Foro Nyeleni.
Neyeleni la definió como el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo. Esto pone a aquellos que producen, distribuyen y consumen alimentos en el corazón de los sistemas y políticas alimentarias, por encima de las exigencias de los mercados y de las empresas.
Con posterioridad, el CIP, un mecanismo de participación para la Soberanía Alimentaria vinculado a una red de más de 2 000 ONGs y Movimientos Sociales emanados de un proceso internacional de consulta de la Conferencia mundial de la Alimentación de 1996, incorporó a esa definición que Soberanía Alimentaria es el derecho de los pueblos, comunidades y países a definir sus propias políticas agrícolas, laborales, pesqueras, alimentarias y de tierra de forma que sean ecológica, social, económica y culturalmente apropiadas a sus circunstancias únicas.
Si en 1996 la FAO registraba mas de 800 millones de personas hambrientas en el mundo, ya en 2008 superaban los 1000 millones, era evidente que a medida que avanza el neoliberalismo y la agricultura de la mano de la trasnacionales se apropiaba de la tierra y bienes naturales, el hambre aumenta considerablemente.
En 2008, Ecuador fue el primer país en reconocer la Soberanía Alimentaria en su constitución. Desde entonces, otros países han seguido su ejemplo, incluyendo Senegal, Mali, Bolivia, Nepal, Venezuela y, el más reciente de todos, Egipto (2014). Esta situación significa que los estados deben desarrollar políticas públicas cuyos objetivos sean su implementación y alcance de sus objetivos.
En Argentina, en el año 2014, durante el gobierno de Cristina Fernandez de Kirchner se sanciono la Ley de reparación histórica de la Agricultura familiar Campesina Indígena, que en su artículo 1ro explicita “Declárese de interés público la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena por su contribución a la seguridad y soberanía alimentaria del pueblo, por practicar y promover sistemas de vida y de producción que preservan la biodiversidad y procesos sostenibles de transformación productiva.
En diciembre de 2018 la Asamblea General de Naciones Unidas estableció la Aprobación y adopción de la Declaración Internacional de los Derechos Campesinos y otras personas que trabajan en áreas rurales, en diferentes pasajes y artículos de ese texto, se hace hincapié en la Soberanía Alimentaria, asociada a los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas para el 2030, en su articulo 15 establece: “Los Estados, en asociación con los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales, formularán políticas públicas a nivel local, nacional, regional e internacional para promover y proteger el derecho a una alimentación adecuada, la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria, así como sistemas alimentarios sostenibles y equitativos que promuevan y protejan los derechos enunciados en la presente”
El relato neoliberal de la revolución verde y transgénica como solución a la crisis alimentaria es tensionado por la importancia de la Agricultura campesina y los mercados de cercanía. Esto puede verificarse en los cambios de las orientaciones de la FAO, así como en el impulso a la Agricultura Familiar, la declaración del año internacional de la AF en 2014 y el Decenio de la Agricultura Familiar entre 2018 y 2027.
Los campesinos son los principales proveedores de alimentos para más del 70% de la población del mundo, y producen esta comida con menos del 25% de los recursos (agua, suelo, combustibles), mientras que la cadena alimentaria agroindustrial que utiliza más del 75% de los recursos agropecuarios del mundo, es de las fuentes principales emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), y provee de comida a menos del 30% de la población mundial.
Gustavo Gordillo, en el documento de FAO “Seguridad y Soberanía alimentaria” concluye: “Subrayar que el concepto de soberanía alimentaria no es antagónico ni alternativo al concepto de seguridad alimentaria. De sus dos componentes, uno se ubica más allá del concepto de seguridad alimentaria en el ámbito de las definiciones irrenunciables del estado moderno: es decir, más allá de su soberanía en general, específicamente para definir políticas alimentarias. En tanto, su otro componente, sobre las formas de producir priorizando la agricultura familiar, se coloca más acá del concepto de seguridad alimentaria, en el ámbito de las políticas públicas específicas”.
Plantear la Soberanía Alimentaria como horizonte, implica reconocer que el escenario agroalimentario esta tensionado por intereses, por un lado las necesidades de alimentación y desarrollo de los pueblos y por otro las lógicas de acumulación de capital de las corporaciones, y que esa tensión se da en un contexto donde se profundiza la concentración de la tierra, de la agroindustria y de los mercados en manos de grandes empresas que en continua fusión avanzan hacia estructuras monopólicas.
Argentina no es una excepción y como hemos resaltado en otros artículos, la tierra, la agroindustria y el mercado agroalimentario están fuertemente concentrados. Ese contexto oligopólico atenta contra la democracia y la soberanía nacional. Las consecuencias se traducen en hambre y malnutrición de una buena parte del pueblo argentino, alto deterioro ambiental, uso masivo de agrotoxicos y falta de divisas, de las cuales una buena parte, que son fugadas por el complejo agroexportador de comodities.
La Soberanía Alimentaria Se centra en alimentos para los pueblos: Pone la necesidad de alimentación de las personas en el centro de las políticas. Insiste en que la comida es algo más que una mercancía. Pone en valor a los proveedores de alimentos: Apoya modos de vida sostenibles. Respeta el trabajo de todos los proveedores de alimentos. Localiza los sistemas alimentarios: Reduce la distancia entre proveedores y consumidores de alimentos. Rechaza el dumping y la asistencia alimentaria inapropiada. Resiste la dependencia de corporaciones remotas e irresponsables. Reconoce la necesidad de habitar y compartir territorios. Rechaza la privatización de los recursos naturales, entre otros principios.
Entre los principales lineamientos para esas políticas podemos sintetizar:
-El acceso de los campesinos y agricultores familiares a los recursos esenciales, tierra, agua de riego, semillas y tecnología apropiada. La Declaración de las Naciones unidas sobre Derechos Campesinos y otras personas que viven en áreas rurales establece en su articulo 17: “los Estados adoptarán medidas apropiadas para llevar a cabo reformas agrarias a fin de facilitar un acceso amplio y equitativo a la tierra y a otros recursos naturales necesarios para que los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales puedan disfrutar de condiciones de vida adecuadas, y para limitar la concentración y el control excesivos de la tierra, teniendo en cuenta su función social.”
-El Desarrollo de la agroecología: La sustitución de los agrotoxicos por dinámicas ecológicas, uso de bio insumos, conservación de la biologia y estructura de los suelos, diversidad biológica y de cultivos, etc.
-La protección y desarrollo del mercado local, promoviendo mercados de cercanía y garantizando una política de precios acordes a los costos de producción para garantizar el nivel de vida adecuado de los productores y el acceso a los alimentos de los consumidores.
-La participación de los campesinos en la construcción e implementación de las políticas agrarias, así como de los consumidores y la población en general en la elaboración de las políticas de acceso y comercio de los alimentos
-El límite al tamaño máximo de la propiedad y posesión de la tierra; y garantizar el principio del provecho de toda sociedad sobre los bienes de la naturaleza, agua, y biodiversidad.
-La reformulación del papel del Estado para que él ordene el proceso de soberanía alimentaria, garantizando su producción y distribución en todas las regiones del país. Control directo del gobierno sobre el comercio exterior (importación/exportación) de alimentos y sobre las tasas de interés y de cambio. El desarrollo de un amplio programa de pequeñas y medianas agroindustrias instaladas en todos los municipios del país, en la forma de cooperativa.
-La garantía de stocks reguladores de alimentos saludables, por parte del estado, para garantizar el acceso a toda la población.
-La Garantía sobre el libre uso, conocimiento y mejoramiento de las semillas de parte de toda la población y especialmente de las familias campesinas, la biodiversidad y la diversidad de especies y variedades.
Muchos y grandes son los desafíos que afrontamos para poder garantizar la Soberanía Alimentaria, es un largo camino que requiere de unidad nacional y un fuerte bloque social y político que acompañe al gobierno en este caminar. En el contexto de la pandemia las necesidades de alimentos se multiplican en todo el mundo, nuestro país esta en condiciones de resolver la demanda y interna y exportar, respecto al comercio exterior se hace imperioso que las exportaciones lleguen a destino sin intermediarios financieros, de manera que los alimentos sean para alimentar y las divisas esten al servicio del desarrollo nacional e inclusivo. Es falso que Soberanía Alimentaria signifique no exportar alimentos.
Argentina tiene las condiciones naturales excepcionales, organizaciones campesinas, de agricultura familiar, pymes y un sector cooperativo que confluyen en el Foro Agrario con vocación unitaria y pro-positiva, y ahora un gobierno que asume el compromiso, en primer lugar con el Plan Argentina contra el Hambre, y ahora con la afirmación de ir hacia la Soberanía Alimentaria. Es un tema prioritario y estratégico que todos y todas debemos acompañar e impulsar.
Fuente: Infonews