Argentina

El debate sobre el patentamiento de semillas y el objetivo de esos mejoramientos se repite en la Argentina desde la adhesión a la Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales (UPOV) durante el gobierno de Carlos Menem. La privatización y el avance de la agrobiotecnología vuelven a la carga con el gobierno de Milei para dar otro paso con el convenio UPOV 91. Repaso de dos décadas de negociaciones.

Más de 1800 hectáreas arrasadas por el fuego en Chubut. Es una receta conocida: incendios intencionales, intereses económicos, leyes que se incumplen y un poder político que desliga responsabilidades y regala culpas. Los incendios como engranaje del modelo extractivo, agravado con un Gobierno que niega la crisis climática y solo ve la naturaleza como un recurso a explotar.

Si la adhesión a Upov 91 no avanza en el Congreso, se fijarán nuevos parámetros para el uso propio mediante el Inase, según una fuente oficial; no descartan proponer una nueva ley de semillas

Los pequeños productores de Misiones se declararon en movilización permanente contra el decreto que debilita el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) y presentaron una medida cautelar. Tras un "tractorazo", lograron que la justicia federal de Misiones suspendiera los artículos del DNU 70/2023 referidos al INYM.

En Argentina hay más de 1.000 productos biológicos inscriptos, pero hasta octubre pasado no existía una reglamentación del Senasa que diferenciara la producción del agronegocio de la que realizan los pequeños productores. En un contexto adverso, la resolución permite formalizar la tarea de las biofábricas campesinas y comercializar biopreparados a precios justos.

La Asociación de Abogades Ambientalistas alerta que las modificaciones que propone el Gobierno en materia ambiental son una "invitación a la destrucción". La desprotección de bosques, glaciares y humedales favorece a un puñado de empresarios. "Los diputados deberán decidir si están del lado del lobby o de los intereses de la sociedad y la naturaleza", afirman.

Más de 400 organizaciones socioambientales, universitarias y de productores denuncian que el Gobierno y las grandes empresas intentan avanzar en el control de las semillas, primer eslabón de la cadena alimentaria. Vía el proyecto de Ley Ómnibus buscan la adhesión a la normativa UPOV 91, que beneficia a compañías como Bayer-Monsanto, Syngenta, Bioceres y Don Mario.

La Mesa Agroalimentaria llevó su voz al debate en el Congreso por la Ley Ómnibus. Omar Príncipe (Bases Federadas) marcó el rechazo a la extranjerización de la tierra, la modificación del instituto de la yerba mate, la privatización del Banco Nación o la adhesión al convenio UPOV 91. "Presentamos las normas necesarias para frenar el proceso de concentración", recordó y reclamó "más diálogo".