La “rentabilidad” del modelo agrotóxico: más glifosato, menos ProHuerta

En medio de la oficialización de la Secretaría de Bioeconomía y el recambio de algunos funcionarios, el gobierno de Javier Milei ofreció dos nuevas muestras de cuál es su modelo para la producción agropecuaria y el abastecimiento de alimentos. Por un lado, el ministro de Economía, Luis Caputo, realizó dos anuncios “para favorecer al agro” con la baja de aranceles para la compra de herbicidas y fertilizantes químicos. Por otro, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, mantiene vacante la dirección y el financiamiento del programa ProHuerta y desvinculó a 43 técnicos que cumplían funciones en territorio.

Los anuncios de Caputo fueron a través de una canal no oficial, su cuenta de la red social X. La baja de los aranceles para la importación de herbicidas —glifosato, atrazina y 2-4D, los más utilizados y con mayor prueba científica acumulada sobre sus daños en la salud y el ambiente— y la eliminación de los aranceles aplicados a la urea y sus mezclas con nitrato de amonio —fertilizantes químicos de probado impacto en la generación de gases de efecto invernadero—. 

Desde la Secretaría de Bioeconomía confirmaron a Tierra Viva que los anuncios hechos por redes sociales por parte de Caputo aún no se tradujeron en letra de resoluciones. “Estamos trabajando en eso”, dijeron desde la secretaría conducida por Fernando Vilella.

En tanto, la denuncia del fin del programa ProHuerta es un secreto a voces entre los trabajadores dependientes del Ministerio de Capital Humano y del INTA —organismo que ejecuta el programa en territorio—, que preparan respuestas en asambleas y denuncian individualmente en redes sociales. En 34 años de existencia, el programa asiste a familias y organizaciones de la agricultura familiar con semillas, seguimiento técnico y proyectos especiales para el acceso al agua. Según datos oficiales, alcanza a más de 600 mil huertas y 700 ferias que impulsan el modelo agroecológico, sin uso de agroquímicos y sustentable con el ambiente. 

La coordinación nacional de ATE-INTA se declaró en estado de alerta "ante la falta de voluntad de diálogo por parte del Ministerio de Capital Humano para dar curso a la continuidad del programa".

“Atentos a las necesidades del campo” 

Los anuncios del ministro Caputo de la baja de aranceles se dan en medio de juego de tensiones internas y negociaciones con  “el campo”, representado en la agenda política por la Mesa de Enlace (Sociedad Rural, Coninagro, CRA y Federación Agraria). En el inicio de la cosecha gruesa —soja, maíz y girasol—, cuya liquidación significa un ingreso de dólares central para que el Gobierno sostenga su promesa de evitar una nueva devaluación, las entidades de la Mesa de Enlace lanzaron una advertencia al Ejecutivo para que anuncie “ya una baja en los derechos de exportación” como “estímulo para la próxima cosecha”, un reclamo que habían sellado durante la campaña presidencial.

Las primeras medidas de shock tomadas por el Milei y Caputo, en diciembre pasado, favorecieron al sector agroexportador: devaluación del 50 por ciento del peso y liberación de cupos a la exportación. Sin embargo, y a pesar de las promesas de campaña, el plan para alcanzar el “equilibrio fiscal” se apoya en la recaudación del Impuesto País, que impacta en las importaciones de agroquímicos. 

El plan de ajuste también precisa del sostenimiento de las retenciones a la exportaciones del agro, que el Gobierno intentó incluso incrementar en el primer proyecto de Ley Ómnibus. Algo que debió dejar afuera por la presión del sector agroexportador y de los gobernadores. El nuevo proyecto que el Poder Ejecutivo negocia no contempla modificaciones, como tampoco la incorporación del convenio UPOV 91 de semillas.    

En la previa del comunicado de las entidades de la Mesa de Enlace, el reclamo llegó a la cartera de Economía por parte de los gobernadores —que se encargan de representar los intereses de esos sectores— durante el primer Consejo Federal Agropecuario, realizado en la emblemática Bolsa de Comercio de Rosario. En ese encuentro, según cronicaron medios del agronegocio como Agrofynews, se comenzó a limar la autoridad del secretario de Bioeconomía, Fernando Vilella. La voz cantante en el encuentro fue la del secretario de Industria, Juan Pazo, a quien se señaló como el “vocero de Caputo” y quien “maneja la caja”. En ese encuentro, Pozo prometió ir hacia la unificación del tipo de cambio. 

El viernes pasado, Vilella terminó de perder poder como secretario por las renuncias de dos funcionarios cercanos Germán Di Bella y Pedro Vigneau, quien lo acompañó en el armado político de La Libertad Avanza en la campaña. Con la publicación del decreto 293/2024, el Gobierno oficializó la creación de la Secretaría de Bioeconomía en reemplazo de Agricultura; confirmó a Vilella, y creó cuatro subsecretarías e incorporó a la función a Sergio Iraeta y Manuel Chiappe, enfrentado con Vilella y director general de la Fundación Barbechando, una organización de lobby en el Congreso, que por estos días coordina la formación de un grupo de diputados para imitar la “bancada rural”, de perfil bolsonrista, que existe en Brasil.

El decreto también creó la Secretaría de Planeamiento y Gestión para el Desarrollo Productivo y de la Bioeconomía, que quedaría en manos de Pazo. Ese lunes, Caputo publicó su primer posteo: “Los herbicidas a base de Atrazina, Glifosato y 2-4-D  bajarán del 35 por ciento al 12,6 por ciento”. El anuncio recibió más críticas que aplausos. La lectura del sector fue que la medida tendría un “impacto mínimo” para la siembra fina, principalmente trigo, que debe comenzar ahora y se insistió en la quita de retenciones. 

El martes, el presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, se reunió por la noche con Pazo —”el verdadero secretario de Bioeconomía”, tituló el portal Bicho de Campo—. Allí, Pino minimizó el anuncio del lunes y presentó un informe sobre otra necesidad “urgente”: bajar los costos de los fertilizantes para la siembra de trigo, bajo amenaza de una caída abrupta de la futura cosecha fina. 

Tras ese encuentro entre Pino y Pazo, llegó el segundo posteo de Caputo de la semana tomando las palabras del sector: “Atentos a las necesidades del campo, y en aras de mejorar su competitividad, vamos a avanzar en la eliminación de los aranceles aplicados a la urea y sus mezclas con nitrato de amonio, que actualmente se ubican en 5,4 y 3,6 por ciento.” 

¿Y los impactos quién los paga?

“Esta decisión pasa por una cuestión económica, por los costos elevados que significó la devaluación para la compra de los agroquímicos. Es otro subsidio a los productores del campo porque este Gobierno, como todos los anteriores, necesita los dólares del campo. No es casualidad que las rebajas de aranceles sean para glifosato, atrazina y 2-4D, porque es lo que más se utiliza para los cultivos extensivos”, analiza Rafael Lajmanovich, investigador del Conicet e integrante del Laboratorio de Ecotoxicología, Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas, de la Universidad Nacional del Litoral (UNL). 

Una investigación presentada por Lajmanovich y equipo fue noticia a nivel nacional e internacional el año pasado. “Los peces del Salado son récord mundial en contaminación por agrotóxicos”, era el título que circuló por los portales. La noticia indicaba que el estudio científico, publicado en la revista Science of the Total Environment, había probado la presencia de altas concentraciones de biocidas en sábalos, se detectaron hasta nueve agrotóxicos, entre ellos glifosato, AMPA —metabolito del mismo herbicida— y glufosinato de amonio. 

“Las pruebas científicas son abrumadoras. El glifosato debe ser la molécula más estudiada del mundo y sobre la que se ha demostrado sus efectos nocivos”, sentenció Lajamanovich y recordó también que los estudios en humanos mostraron que sus residuos, como el metabolito AMPA, aparecen en análisis de personas que viven en el campo y la ciudad. 

“La atrazina, igual que el glifosato, debe ser uno de los herbicidas más estudiados del mundo. Se estudió mucho en ranas y se demostró que los animales vertebrados expuestos a dosis bajas (dosis subletales) se produce feminización por actuar como disruptores hormonales. Esto desencadena mecanismos hormonales que generan enorme cantidad de errores, que a una escala de un ser humano son inductores de tumores y cánceres, entre otras”, describe el científico e investigador del Conicet sobre otro de los agroquímicos que el Gobierno propone subsidiar para sostener la rentabilidad del “el campo”.    

El tercero de los agroquímicos que será subsidiado es el 2-4D. “Es parte también de los herbicidas de vieja generación que actúa como disruptor hormonal, con características similares a la atrazina. Su acción crónica es muy negativa, pero toda la regulación de las bandas toxicológicas se hace en función a la ‘dosis letal’, que no es más que una dosis de fantasía, que sólo pueden ocurrir en un accidente. Los estudios han probado su efecto sobre la salud en dosis subletales”, explica Lajmanovich sobre el peligro del uso ampliado de estos herbicidas, que se encuentran hasta en las góndolas de jardinería hogareña. “En la ciencia también hay negacionistas”, sentencia el investigador y recuerda la censura del proyecto internacional SPRINT, suspendido por el INTA.  

En este punto, la falta de una resolución para leer la letra chica de las decisiones anunciadas pone el alerta también sobre lo anunciado por Caputo respecto de “mejora de aprobaciones de los permisos de Senasa”. Las asambleas socioambientales, organizaciones y comunidades de los Pueblos Fumigados emitieron un comunicado denunciando el “paquete de veneno” y advirtieron los efectos de una flexibilización de las autorizaciones a los formulados comerciales: “Facilita su disponibilidad en el sistema agroalimentario,  priorizando los intereses económicos agroindustriales en detrimento del derecho a la salud y a un ambiente sano”.

Argentina es el tercer país del mundo que más usa plaguicidas (24 millones de hectáreas destinadas a cultivos dependientes del modelo agroquímico), después de Estados Unidos (71,5 millones) y Brasil (52 millones), aporta la publicación “Impacto de los plaguicidas en los alimentos, el ambiente y la salud en Argentina. Revisión bibliográfica y propuestas superadoras”, presentada, en 2021, por el ingeniero químico e investigador de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), Horacio Beldoménico. Y agrega otro dato: de los más de 430 plaguicidas autorizados en Argentina menos del 30 por ciento son controlados. 

Desde inicios de la década del noventa, el modelo transgénico con uso de agroquímicos amplió la frontera agrícola en la Argentina en miles de hectáreas, de la mano del incremento de las aplicaciones. Según el INTA, en 2020, en la Argentina se aplican 580 litros/kilos por año, en mayor medida se trata de herbicidas (42 por ciento), insecticidas (23) y fungicidas (20 por ciento). El incremento exponencial del uso de los agroquímicos pone en jaque la idea de “rentabilidad”, no solo porque cada campaña se usa mayor cantidad sino también porque el uso masivo generó “resistencias” en las “malezas” e insectos que se buscan eliminar.  

“Desde 2010, la cantidad de especies resistentes a herbicidas aumenta de manera ininterrumpida”, sentenció Fernando Oreja, investigador de la Cátedra de Cultivos Industriales de la Facultad de Agronomía de la UBA y autor principal de un trabajo publicado en la revista científica Weed Research. La investigación, difundida por el portal Sobre la Tierra, dependiente de la facultad de la que surgió el actual secretario de Bioeconomía, indica que “el glifosato fue el herbicida que generó más casos de resistencia”. El investigador recomienda como solución un manejo integrado, con cultivos de cobertura y un disminución del uso de los agroquímicos; conceptos que ya se manejan entre quienes transicionan a la agroecología. 

El anuncio hecho el martes sobre el subsidio a la urea, el fertilizante químico de mayor uso, implica, por un lado, otro acto negador del cambio climático —por generar óxido nitroso, una de los tres principales gases de efecto invernadero— y, por otro, continúa acrecentando un combo que va a contramano de la supuesta “rentabilidad” por los probados balances negativos de materia orgánica y macro y micronutrientes en los suelos de la región núcleo. 

“Durante los últimos 30 años, el consumo de fertilizantes artificiales y los productos fitosanitarios de síntesis química por unidad de superficie ha crecido, aproximadamente, unas doce veces más que el incremento del rendimiento de los diferentes cultivos agrícolas. Por ejemplo, en el año 1991 se aplicaban 1,95 litros por hectárea de agroquímicos, mientras que en el 2020 esa cantidad se elevó a 16,11 litros por hectárea”, marca el ingeniero agrónomo e integrante de la Red de Agroecología del INTA, César Gramaglia, en una columna publicada en Tierra Viva.    

Desde los territorios, la respuesta a esta política continúa siendo la organización, las colectas para realizar estudios de laboratorio, la presentación de demandas judiciales para limitar las fumigaciones y la sanción de ordenanzas locales para establecer zonas de resguardo. Solo en Buenos Aires, de los 135 municipios, 78 cuentan con regulaciones de distancia de aplicación o prohibición. 

Esas organizaciones en territorio son las que tejen redes con la universidad pública para impulsar los monitoreos ambientales que el Poder Ejecutivo no realiza. En ese sentido, Lajmanovich abre otra advertencia, a partir del desfinanciamiento del Gobierno a las universidades públicas y el Conicet: “Las investigaciones ambientales tienen un costo elevado, en los análisis químicos, que se vuelven tan onerosas que se va a tornar difícil llevar a cabo desde una entidad de una investigación pública”. Ya existen casos de investigaciones suspendidas por falta de recursos para estudiar las muestras.

¿Cierre del ProHuerta?

Mientras el Ministerio de Economía impulsa un “paquete de venenos” en nombre de la rentabilidad de “el campo”, el Ministerio de Capital Humano no solo ajusta las partidas de alimentos a los comedores populares sino que tiene en suspenso la designación y financiamiento para la continuidad del programa ProHuerta. El primer paso fue no renovar los contratos de 40 técnicos contratados por el Ministerio para la acción en territorio. Se trata de técnicos que le facturaban a la Fundación ArgenInta, creada como puente de contratos flexibilizados entre el Ministerio y el organismo. 

“No se les renovó el contrato en marzo. Estamos en abril y no hay novedades. Hoy por hoy, el programa ProHuerta no tiene continuidad, siempre fue financiado por el Ministerio de Desarrollo Social y el INTA lo ejecutaba”, explica Sebastián Fajardo, delegado de ATE y técnico de INTA-ProHuerta desde hace 18 años, quien trabajó 14 años como contratado, hasta 2020, cuando junto a otros 300 técnicos del ProHuerta fueron incorporados a la planta de técnicos de extensión del INTA, donde siguen dedicando parte de sus funciones al acompañamiento del programa en riesgo. 

“Si el programa ProHuerta no tiene continuidad sería un gran golpe para el sistema de extensión del INTA”, sostiene Fajardo y ejemplifica que, incluso, durante el gobierno de Mauricio Macri el programa “cuadriplicó su presupuesto” y colaboró con la mantención del programa de extensión del organismo. El nuevo presidente del INTA, Juan Cruz Molina Hafford, avanzó en los pasos institucionales para renovar el convenio con Capital Humano y el programa quedó reubicado dentro de la  Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, pero Pettovello no designa interlocutores.

La iniciativa surgió hace 34 años en el inicio de gobierno de Carlos Menem —un prócer para la actual gestión— con el objetivo base de otorgar a las familias el acceso a las herramientas para ser autosuficientes en la producción de alimentos. Aquella frase repetida en campaña por los candidatos de derecha sobre “no dar el pescado sino la caña de pescar”. Por el momento, Pettovello decidió desconocerlo.

Una política similar a la aplicada por el gobierno de La Libertad Avanza en el Instituto de Agricultura Familiar, donde se anunciaron 900 despidos si ningún tipo de diálogo y tras las protestas se ordenó una intervención; y la Dirección de Agroecología —que debió haber quedado dentro del organigrama de Secretaría de Bioeconomía—, cuyo titular Eduardo Cerdá renunció la semana pasada sin lograr tener diálogo con las nuevas autoridades. 

En sus tres décadas de existencia, el ProHuerta entregó kits de semillas para huertas, animales de granja y asistencia técnica, a través del INTA, a familias campesinas, organizaciones sociales y escuelas en situación de vulnerabilidad social con el objetivo de producir alimentos de forma agroecológica, para el autoabastecimiento familiar o comunitaria, e incluso la comercialización de excedentes. La política, en los últimos años, estuvo acompañada por proyectos especiales que se enfocaron en el acceso al agua potable para consumo y producción.

El desconocimiento del programa por parte de Capital Humano demoró el lanzamiento de la entrega de semillas para la temporada otoño-invierno, ya compradas por la gestión anterior. “Empezamos a distribuirlas hace 15 días, pero habíamos intentado iniciar en marzo para que lleguen a todo el territorio nacional”, explica Fajardo como una consecuencia de la inacción del Gobierno y la falta de autoridades.   

Como correlato, en la página oficial del ProHuerta ya no se pueden consultar las sedes provinciales del programa. “No tenemos información oficial para asegurar que el programa se cerró. Hay un silencio tremendo, las autoridades de INTA no dicen que sí ni que no”, lamentó el delegado de ATE y marca la política del gobierno nacional: "No es algo azaroso o de desorganización, tiene que ver con una intención de quitarle a los sectores populares los derechos que habían adquirido. En los primeros meses de gobierno se han encargado de golpear a estos sectores". A pesar del contexto, aporta una mirada optimista: "Son muchos años de trabajo en territorio y una red de promotores muy grande en todo el país (unos 9 mil en todo el país), es un capital territorial muy importante, que no se va a perder tan fácilmente". 

Fuente: Agencia Tierra Viva