La disputa por el oro verde: pasado y presente de la yerba mate

Por Sergio Alvez

Desde Misiones

La Cámara Federal de Apelaciones de Posadas ratificó el fallo de primera instancia que suspendía el artículo del Decreto 70/2023 que le quita al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) la potestad de fijar los precios de la hoja verde. Sin embargo, abril comenzó con la nueva modalidad de fijación de precios sin la mediación del INYM y con las familias productoras libradas a la voluntad del poderoso emporio molinero. Advierten que con la desregulación del mercado yerbatero, impulsada por el Gobierno, se busca imponer un nuevo modelo agrario en Misiones, similar a lo ocurrido en la década del noventa. Pasado y presente de la disputa por el "oro verde".

Volver al pasado

Desde el 1 de abril, y como consecuencia directa de la vigencia —pese a su rechazo en el Senado de la Nación— del Decreto 70/2023, el mercado de la yerba mate en Argentina quedó completamente desregulado, retrotrayendo la situación del sector al año 1991, cuando otro decreto (2284), había eliminado la Comisión Reguladora de la Yerba Mate (CRYM) y el Mercado Consignatario Mercado Consignatario Nacional de la Yerba Mate Canchada. Estos entes tenían competencias similares al ahora acéfalo e incierto INYM, herramienta que desde 2002 mediaba entre los actores de la cadena, en la fijación del precio de la materia prima.

“Resulta necesaria una modernización del Instituto Nacional de la Yerba Mate, previsto en la Ley 25.564, que lo equipare con el Instituto Nacional de la Vitivinicultura, focalizando sus actividades en las verificaciones de calidad, al tiempo de impedir su intromisión en un mercado competitivo, replicando así el exitoso modelo de la industria del vino que ha logrado una mayor inserción internacional”, expresa textualmente en sus fundamentaciones el decreto firmado por Javier Milei y redactado por Federico Sturzenegger.

Una última novedad en materia judicial tuvo lugar el pasado 9 de abril, cuando la Cámara La Cámara Federal de Apelaciones de Posadas confirmó el recurso de amparo que el 12 de enero suspendió los artículos del DNU 7023 y que le impedían al INYM fijar los precios de referencia. Por estas horas, asesores jurídicos del INYM analizan la decisión judicial y los pasos a seguir en pos de recuperar las funciones que le fueron extirpadas.

Ante este panorama —que favorece decidida y exclusivamente al poderoso sector molinero—, pequeños productores y cooperativas de yerba mate (cultivo que se concentra en un 90 por ciento en Misiones) advierten que las consecuencias esperables de la desregulación no son ni serán otras que las que ya se vivieron en la década del noventa, ya que se trata de políticas calcadas.

“La desregulación nos deja en un estado de angustia y debilidad ante la cadena superior de la industria. Porque no se fija más el precio, y el mercado no nos reconoce los aumentos de los costos del 10 de diciembre para acá. Habrá algún productor que no entiende lo que va a pasar y que quizá festeja, pero cuando empiece la cosecha gruesa, que es a partir de marzo o abril, se va a dar cuenta que la libertad no llegó para todos sino que solo para los grandes empresarios", le dice a Agencia Tierra Viva el productor yerbatero Cristian Klingbeil, que hasta el 2023 fue presidente dela Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM).

Foto: Nicolás Pousthomis

“Van a desaparecer todos los pequeños productores y van a subsistir solamente los grandes: Los pequeños vamos a perder rendimiento y van a venir a comprar nuestra chacras, y va a desparecer la economía regional. Esto ya nos pasó, en los años noventa, desregularon el precio, vinieron multinacionales, compraron todas las chacras con yerba y llenaron de pino. Hoy esos ex productores de yerba son empleados de esas empresas”, advierte por su parte Ariel Steffen, presidente de la Cooperativa Siete Estrellas, del municipio norteño de San Pedro, un espacio que impulsa la producción de yerba mate a partir de la actividad de 96 pequeños productores de la zona, cuyas chacras oscilan entre las 13 y las 20 hectáreas cada una, es decir “microyerbales”, aquellas unidades que fueron las primeras en extinguirse cuando hace más de dos décadas se desreguló la actividad.

Menos yerba, más monocultivo de pinos

La referencia que hace Steffen, más allá de las negociaciones desiguales —o inexistentes— que se abran de aquí en más entre el sector molinero y los productores para la fijación del precio de la hoja verde, remite a un contexto que hace 23 años marcó el viraje del modelo productivo de la provincia desde la predominancia de la agricultura familiar y la yerba mate, hacia la expansión desmedida del modelo forestal basado en capitales extranjeros.

Los datos actuales son elocuentes: una sola empresa de origen chileno (Arauco) ostenta la posesión jurídica del doce por ciento del total de la superficie territorial de la provincia.

“La desregulación de la actividad yerbatera durante la década de 1990 acarreó mutaciones estructurales en la economía rural provincial: las crisis de sobreproducción, la caída de los precios pagados por kilogramo de hoja verde, la concentración del capital y las prácticas abusivas de intermediarios comerciales y agroindustriales implicaron la tala rasa de yerbales y su sustitución por pinares; o bien la venta a precios irrisorios de las desvalorizadas chacras yerbateras a grandes compañías forestales extranjeras”, explica Sebastián Gómez Lende, doctor en Geografía e Investigador del Conicet, quien estudió el caso de Arauco en Misiones.

Pero la desregulación del mercado yerbatero no fue la única herramienta que favoreció al proceso de despojo de los pequeños productores y acumulación de capitales forestales. Otras medidas de la reforma neoliberal del Estado fueron la apertura irrestricta a los flujos financieros externos, la laxitud en materia de regulaciones ambientales y la eliminación del Instituto Forestal Nacional (Ifona).

Entre los años 1991 y 2000, la Inversión Extranjera Directa (IED) que el complejo foresto-industrial argentino recibió fue de 3.500 millones de dólares, en su mayoría provenientes de Chile (46 por ciento), Estados Unidos (31 por ciento), y Canadá (15 por ciento), entre otros países. Un 40 por ciento del total de esas inversiones se concentraron en Misiones, en consonancia con la decadencia del sector productivo primario de la yerba mate.

Delia Ramírez, doctora en Antropología Social por la Universidad Nacional de Misiones (UNaM), señala que “con la disolución de la Comisión Reguladora de la Yerba Mate (CRYM) y el Mercado Consignatario de Yerba Mate Canchada, creció el número de plantaciones y el precio de la materia prima emprendió una abrupta carrera descendente. Entonces se produjo una concentración de las ganancias yerbateras en los sectores mecanizados, industriales y supermercadistas, como también una acelerada descapitalización de los productores pequeños y medianos, de muchas cooperativas, de la mayoría de los secaderos, y un deterioro en las condiciones de trabajo de los obreros rurales”.

Foto: Instituto Nacional de la Yerba Mate

Tractorazo y cooperativismo

Acorralados por el brutal deterioro del sector, cientos de colonos yerbateros organizaron en mayo de 2002 una movilización histórica desde los pueblos del interior profundo de Misiones hacia la capital, Posadas, donde decidieron acampar hasta ser escuchados. Aquella protesta es recordada como “El Tractorazo”, y fue la instancia que posibilitó la creación del INYM que ahora el gobierno de Javier Milei, 22 años después, intenta desmantelar en detrimento de las familias productoras y las pequeñas cooperativas.

Al respecto, son varias las marcas misioneras de yerba mate que se desarrollaron al fragor del cooperativismo y que hoy forman parte de la Federación de Cooperativas Federadas (Fecofe): “Titrayju”, “Tamanduá, “Orembaé”, “El Colono” y “Grapia Milenaria”, entre otras.

Salvador Torres, presidente de la Cooperativa Agropecuaria Río Paraná, que produce dos marcas de yerba, anticipa que “habrá una abrupta concentración de la actividad en manos de los cuatro monopolios de la industria de Misiones y Corrientes, que sin ningún tipo de restricción van a poder tirar los precios de la materia prima abajo” y asegura que el nuevo escenario “va acelerar el proceso de concentración de tierras, sencillamente porque las grandes empresas comprarán miles de hectáreas”.

Producción a pérdida

“Consideramos que hoy la hoja verde tiene que estar por encima de los 460 pesos el kilogramo”, señala el productor y presidente de la Federación Agraria Misiones, Jorge Butiuk, en relación al precio mínimo que los molinos debieren pagar a los productores por la materia prima esencial: la hoja verde.

Sin embargo, la cosecha arrancó con un precio decidido unilateralmente por el sector molinero de 370 pesos. “Lo que está en juego es la viabilidad económica de los productores yerbateros más pequeños, que son los que hoy están en riesgo”, añade Butiuk.

“Creemos que los grandes molineros van a bajar o subir los precios según lo que les conviene a ellos. El INYM justamente garantizaba el precio de referencia”, coincide Luis Ángel Grezak, presidente de la Cooperativa Agropecuaria Forestal de Industrialización y Comercialización de Aristóbulo del Valle (Caficla).

En el mismo sentido, el productor Cristian Klingbeil aporta que con la quita de potestades al INYM también se pierde “trazabilidad”, ya que “la estampilla certificaba calidad, era garantía de que en el yerbal que se produjo la yerba de ese paquete no hubo trabajo ni explotación infantil, se podía detectar el secadero y garantizar el buen estado del producto; ahora hasta se corre el riesgo de que haya marcas que importen yerba de baja calidad para venderla como si fuera argentina”.

Foto: Instituto Nacional de la Yerba Mate

Nañde yerba

En el año 1935 se produjo en Misiones la primera gran crisis de sobreproducción yerbatera, que dio lugar, ese mismo año, a la creación —por ley nacional— de la Comisión Reguladora de la Yerba Mate (CRYM). A partir de entonces, la cosecha sólo podía llevarse adelante con expresa autorización del organismo. Pero a pocos meses de su creación, la CRYM estableció una resolución —convertida en ley— que obligaba a los colonos a pagar un impuesto de cuatro pesos por cada nueva planta que se incorpore a la plantación. Esto generó malestar en los productores misioneros, y el reclamo por la quita de dicho impuesto fue una de las consignas elevadas por las familias que protagonizaron la movilización histórica del 15 de marzo de 1936, ferozmente reprimida por la policía local y conocida como La Masacre de Oberá.

La organización y las protestas del sector agrario misionero se extendieron durante las décadas siguientes. El golpe de Estado de 1976 marcó el inicio de una cacería feroz por parte de los militares hacia dirigentes y militantes de las organizaciones campesinas, derivando esto en secuestros, torturas, asesinatos y la prohibición de toda actividad ligada a estos movimientos.

En simultáneo, la dictadura empresaria-militar se caracterizó por la liberación de la cosecha, como así también por la expansión regulada de la superficie implantada. Además, la representación de los pequeños productores en el directorio de la CRYM se vieron absolutamente debilitados, quedando las decisiones en torno a los destinos del comercio de yerba mate, en manos de las dirigencias empresariales.

Al retornar la democracia, en 1983, asumió la gobernación de Misiones el representante de la Unión Cívica Radical, Ricardo “Cacho” Barrios Arrechea, quien además de intervenir la CRYM (buscando equilibrar el predominio abusivo que tenía el sector molinero ante el exterminio de las organizaciones de pequeños productores ejecutada por la dictadura), llevó adelante una singular política pública para el sector yerbatero: el Plan “Ñande Yerba”.

Foto: Instituto Nacional de la Yerba Mate

En líneas generales, el “Ñande Yerba” ("nuestra yerba", en guaraní), consistió en la creación de una marca estatal de yerba mate, cuya gestión estaba orientada a mejorar la calidad de vida de la entonces alicaídas familias yerbateras. El objetivo del “Ñande Yerba” era que los productores minifundistas conformasen un proyecto asociativo para vender su cosecha a la marca provincial, y de este modo evitar que el esfuerzo de su trabajo reditúe a los molinos privados. Así, en 1984 nació “Ñande Gente”, la marca yerbatera del programa estatal.

Lisandro Rodríguez, doctor en Ciencias Sociales y profesor de historia, recuerda que, para la puesta en marcha del proyecto, las entidades cooperativas recibieron un crédito a través del Banco de la Provincia y por intermedio del Consejo Provincial de Desarrollo Económico para la compra de yerba canchada. “Además, el plan estipulaba el mejoramiento de los yerbales, la distribución de nuevos plantines, y la instalación de viveros de yerba mate para el mejoramiento de los estratos menos favorecidos. Pero el plan no logró consolidarse y fue víctima del modelo neoliberal”, explica.

Consultado por aquella experiencia, el ex gobernador Barrios Arrechea señala que “Ñande Yerba fue una política satisfactoria, que terminaron liquidando los poderosos por ser un éxito. En seis meses se vendían 600.000 kilos por mes, pero entre el gobernador que me sucedió, Julio Humada, y el molino correntino Las Marías, la liquidaron tras nuestra derrota electoral de 1987”.

Reforzando esta posición, el investigador y autor del libro  "De la tierra sin mal al tractorazo: hacia una economía política de la yerba", Javier Gortari, aporta que “con el plan Ñande Yerba, el gobernador Barrios Arrechea procuró con sana intención y frustrada fortuna, avanzar desde el sector cooperativo apoyado por el estado provincial, sobre el oligopolio industrial comercial”.

Gortari asegura que “esta osadía de pretender entrometerse con los negocios de los dueños de la yerba le costó al radicalismo el gobierno provincial y jamás desde entonces pudo volver a administrar el territorio misionero. Sirvió en cambio para entronizar a partir de un segundo gobierno peronista, a conspicuo representante de los capangas de los yerbales: el ingeniero Ramón Puerta”.

Fuente: Tierra Viva Agencia de Noticias