Soberanía alimentaria

Estudo do Ipea mostra que vendas para PAA e PNAE geram impacto positivo, especialmente para agricultores de baixa renda

La edición 2024 del Panorama Regional de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición entrega una visión detallada de los indicadores de hambre, inseguridad alimentaria y malnutrición en cada uno de los países de América Latina y el Caribe y explica las causas por las que la inseguridad alimentaria de la región cae por debajo del promedio mundial, por primera vez en 10 años.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, envió al Congreso el jueves 23 una propuesta de reforma a la Constitución para prohibir la siembra de maíz transgénico en el país, una medida que, dice, es necesaria para proteger la diversidad genética de esta planta.

Somos delegadas y delegados de 15 organizaciones regionales provenientes de Chiapas, Quintana Roo, Yucatán, Puebla, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Guanajuato y Chihuahua, que juntas conformamos el Instituto Agroecológico Latinoamericano (IALA) México. En nuestro IALA nacional convergen personas de los pueblos indígenas tzeltal, maya, totonaco, zapoteca, náhuatl, otomí, purépecha, rarámuri, así como mestizos de diversas comunidades campesinas.

Pesquisa do Ipea indica um acréscimo estimado de 2,85 pontos em português e 2,91 pontos em matemática em 2013, e de 2,57 e 3,34 pontos, respectivamente, em 2019.

La Vía Campesina (LVC) dejó sentir su presencia en el 17º Foro Global de la Alimentación y la Agricultura (GFFA por sus siglas en inglés), que se celebró en Berlín del 15 al 18 de enero de 2025, participando activamente en el Foro de Jóvenes Agricultores, eventos clave paralelos, así como en acciones y manifestaciones fuera del foro para amplificar las voces de lxs productorxs de alimentos a pequeña escala.

Desde el CELS, la Fundación Rosa Luxemburgo y el Programa de Estudios Regionales y Territoriales (IGEO-UBA) elaboramos un nuevo informe que analiza el vaciamiento de políticas, organismos y leyes, y su impacto en la producción y el consumo.

"La Justicia Ambiental implica construir proyectos emancipadores que tengan como punto de partida la justicia en todas sus dimensiones -social, ambiental, económica y de género- la soberanía de los pueblos y la participación popular. Es una visión de lo ambiental que se identifica con las luchas populares históricas en nuestro país y la región, como las luchas de pueblos indígenas y afrodescendientes que enfrentaron y enfrentan la opresión de colonizadores y fuerzas imperiales, con quienes el Estado uruguayo tiene una deuda histórica".