Defensa de los derechos de los pueblos y comunidades

Organizaciones defensoras del maíz alertan que en la Cámara de Diputados se busca revivir la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Variantes Vegetales, que promueve brindar “certeza jurídica a los obtentores de innovaciones en materia de variedades vegetales”. Ello, señalan, es contrario a la protección de esta semilla que ha abanderado la cuarta transformación.

Lucineia Miranda De Freitas es activista feminista del sector de géneros del Movimiento Dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra (MST) de Mato Grosso, uno de los estados más violentos del Brasil. Amable y atenta a las preguntas y las respuestas que transitaban el portugués y el español, señaló durante la entrevista dos puntos fundamentales de su tarea cotidiana como Defensora: trabajar sensibilizando a las poblaciones urbanas sobre los problemas del "campo" y luchar por la unidad política de los pueblos originarios y movimientos sociales para la defensa de las tierras, las aguas y el bosque.

Para que existan naciones enriquecidas, necesariamente, otras deben ser explotadas, saqueadas, usadas, consumidas. Así lo sostienen las teorías poscoloniales y transnacionales. Este es el caso de los territorios y pueblos situados en el llamado Sur Global. Territorios que funcionan como “enclaves coloniales” -como explicaba Berta Cáceres. Dispositivos imperiales al servicio del saqueo de los bienes comunes y la explotación de la fuerza de trabajo. Pueblos que tienen diferentes historias y procesos pero que cuentan con los mismos entramados de opresión y raíces coloniales. En palabras de Francia Marquez,  el arraigo de las comunidades afro con sus territorios en Abya Yala es, también, una forma de mantener conexión con su territorio ancestral, con “Mamá África”. 

A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib) realiza a 18ª edição do Acampamento Terra Livre (ATL), entre os dias 04 e 14 de abril. Com o tema ‘Retomando o Brasil: Demarcar Territórios e Aldear a Política’, em 2022 a mobilização retorna a Brasília após dois anos de atividades online devido a pandemia da Covid-19.

Bernarda Pesoa es del pueblo Qom y vive en Paraguay. Ella integra la Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (CONAMURI) y es lideresa comunitaria de Santa Rosa. Defensora de la vida en comunidad, Bernarda resiste -junto a sus compañeras- al avance del agronegocio en sus territorios.

"Varias organizaciones sociales han empezado a construir propuestas de articulado de lo que sería una nueva ley de aguas; que resulte del análisis y consensos con la plena participación y decisión de las organizaciones campesinas, indígenas, negras montubias, comunales, y los aportes técnicos de sectores comprometidos con la defensa del agua y el buen vivir. El desafío es contar con una norma acorde con los derechos establecidos en la Constitución y que enfrente las graves amenazas que representan el extractivismo minero y petrolero, los agronegocios, las represas e hidroeléctricas, la financiarización del agua".

Nélida Almeida es una joven trabajadora de la tierra de la provincia de Misiones y forma parte de Productores Independientes de Puerto Piray (PIP), una organización que reúne a más de 70 familias productoras que hoy integra la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT). A su vez,  la  UTT nuclea a más de 22 mil familias campesinas en 18 provincias del país cuya producción es principalmente agrícola, frutihortícola y de cría de animales. Una lucha histórica de la UTT es por el acceso a la tierra para que familias, pequeños y pequeñas productoras puedan, mediante un crédito asequible, tener la titularidad de la tierra para trabajarla y vivir en condiciones dignas. 

Entre enero de 2020 y diciembre de 2021, al menos 1964 comunidades indígenas, afrodescendientes y locales de seis países de América Latina vieron afectados sus derechos colectivos por proyectos extractivos y de infraestructura.