Agronegocio en la mira: Rosario marchó contra el extractivismo y sometió a juicio ético y popular a los ecocidas
El modelo productivo, que desde 1996 se basa en la siembra de semillas transgénicas y el uso de agrotóxicos, genera consecuencias sobre los cuerpos de las personas y los territorios. “No son recursos naturales, son bienes comunes”, enfatizaron desde la movilización que llevó a unas 3 mil personas hasta el Monumento a la Bandera de Rosario.
Por Lucía Demarchi para Agencia de Noticias Biodiversidadla
Lo primero fue saludar al río Paraná. Un ritual quichua junto a una wiphala, un pedido de permiso. Así comenzó este sábado 4 de junio el Juicio Ético y Popular contra los Ecocidas en la costa central de la ciudad de Rosario. La audiencia buscó hacer justicia socioambiental: señalar a los responsables de las distintas formas de extractivismo en la región. En el caso de la provincia de Santa Fe, estuvo centrada en las consecuencias del agronegocio sobre los cuerpos de las personas y los territorios. Apuntó también a quienes, por acción u omisión, habilitan a que los humedales del delta del Paraná sigan ardiendo desde hace dos años y se niegan a sancionar leyes que los protejan. “Ahora, mientras realizamos esta audiencia, acá enfrente hay un nuevo foco de incendio”, dijo uno de los oradores al inicio de la jornada, apuntando hacia las islas.
En Rosario, la audiencia del Juicio que se replica en distintas provincias y que tendrá un veredicto el 10 de diciembre, día de los Derechos Humanos, se realizó en la víspera de la segunda Marcha Plurinacional de los Barbijos, organizada por una veintena de organizaciones socioambientales en contra de todas las formas del extractivismo. La movilización fue el domingo 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, y recorrió la costa central hacia el sur hasta el Monumento Nacional a la Bandera, punto de llegada obligado para todas las movilizaciones populares en Rosario.
Foto: Lucía Demarchi
Modelo de muerte
El agronegocio es el modelo productivo de la provincia de Santa Fe y de buena parte de la Argentina desde la década del ’90. Desde sus inicios implicó una intensificación de la producción agroindustrial orientada a la exportación, bajo las lógicas de los commodities. Está enmarcado en un paradigma tecnológico que genera dependencia (uso y abuso) de agrotóxicos y semillas genéticamente modificadas.
Este modelo productivo genera concentración de tierras y riquezas en manos de pocos y grandes productores. En el camino del crecimiento ilimitado que propone el capitalismo, el modelo necesita sacrificar más territorios para incorporarlos a la producción. Las consecuencias son la desforestación y las quemas de humedales (y otros ecosistemas), reguladores naturales del agua. Esos que la retienen en épocas de inundaciones y las liberan en tiempos de sequías. El sacrificio de esos territorios acentúa las consecuencias del cambio climático.
En 1996, durante el gobierno de Carlos Saúl Menem, el entonces secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación, Felipe Solá, firmó el primer evento transgénico y autorizó la utilización de soja modificada genéticamente, resistente al glifosato y otros agrotóxicos. La consecuencia directa: contaminación del aire, de los suelos y de los cursos de agua.
La audiencia del Juicio Ético y Popular contra los Ecocidas se hizo a la vera del río Paraná, que en el sur de la provincia de Santa Fe alberga más de 40 puertos por los que salen los granos destinados a exportación. Lo hacen a través de la llamada Hidrovía Paraná-Paraguay, una vía navegable conformada por esos dos ríos y utilizada principalmente como salida al océano Atlántico de diversos bienes extraídos en los territorios de Argentina, Brasil, Uruguay, Bolivia y Paraguay.
“En 25 años, el río Paraná en el tramo argentino soportó la circulación de casi 5 mil embarcaciones por año, que transportan, en total, entre 120 y 150 millones de toneladas. Hasta 1995 la profundidad de las vías navegables era de 25 pies, como máximo. Luego de una década se llevó el calado a 34 pies, lo que obliga a un dragado anual permanente, en promedio, de 30 millones de metros cúbicos de sedimento. Se espera llegar a los 40 pies de navegación en la ruta troncal. ¿Cuál sería el impacto de estas intervenciones técnicas? No lo sabemos, porque los anuncios se hacen sin ningún tipo de estudio de impacto ambiental”, remarcaron durante la audiencia.
El agronegocio tiene consecuencias a nivel ambiental, sí, pero también social. Para incorporar territorios a la producción se necesita un país deshabitado. Hoy, el 95% de las personas que viven en Argentina lo hacen en ciudades. Miles de personas emigran de sus territorios ancestrales como consecuencia del avance del modo de producción, abandonando un campo que los expulsa por falta de trabajo y de condiciones para desempeñar la vida.
Quienes aún habitan esos territorios, sufren otras consecuencias. Consecuencias físicas, en sus cuerpos. Tal es el caso de las poblaciones fumigadas por haber quedado rodeadas de campos destinados al agronegocio y bajo la lluvia de las avionetas fumigadoras.
Foto: Lucía Demarchi
Juicio Ético y Popular a los Ecocidas
Estos datos y argumentos fueron mencionados durante la audiencia del Juicio en Rosario. Vecinxs autoconvocadxs contra los agrotóxicos, vecinxs que resisten en avance de la especulación inmobiliaria en las ciudades, médicxs que investigan las consecuencias de los venenos en los cuerpos, organizaciones socioambientales, investigadorxs y activistas realizaron exposiciones de 10 minutos y les pusieron nombre y apellido a los responsables del ecocidio.
“El juicio a los ecocidas surge como propuesta política pedagógica para que nos demos las instancias de diálogo, de debate, acerca de quiénes son los responsables de esta situación crítica que nombramos como ecocidio, entendiendo que las prácticas extractivistas se profundizaron en las últimas décadas”, dijeron desde la organización Pañuelos en Rebeldía en la apertura de la audiencia.
Dentro del arco político fueron señalados funcionarios de distintos niveles del Estado. Destacaron Carlos Saúl Menem y Felipe Solá, por poner la piedra basal de la devastación al aprobar el primer evento transgénico de Argentina. Hoy suman 65 los eventos autorizados, el último fue el que habilitó el uso del Trigo HB4. También fueron señalados el presidente Alberto Fernández y sus antecesores –Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri- por intensificar el modelo extractivista en todas sus formas.; el Ministro de Ambiente, Juan Cabandié, por no poner peros ante el avance sobre los ecosistemas y frenar el tratamiento de una ley de protección de humedales.
A los gobernadores de Entre Ríos, Buenos Aires y Santa Fe, Gustavo Bordet, Axel Kicillof y Omar Perotti; y los intendentes de Rosario y de Victoria (Entre Ríos), Pablo Javkin y Domingo Maiocco, también se los halló responsables del fuego en las islas. Los 19 senadores provinciales de Santa Fe también entraron en la lista, tanto por los humedales como por el agronegocio.
Un sector del Conicet y las Universidades Nacionales también estuvieron en la mira por producir conocimiento que fomente este modelo productivo y frenar (o no invertir en) el desarrollo de investigaciones que busquen alternativas al modelo. En este aspecto, expusieron a la Universidad Nacional del Litoral. En el caso de la Universidad Nacional de Rosario, apuntaron contra la Facultad de Medicina por desfinanciar al Instituto de Salud Socioambiental y volver optativa la única materia obligatoria que relacionaba la salud con el ambiente.
La lista de acusados es extensa, e incluye a empresarios del agro, semilleras, medios de comunicación hegemónicos, exportadoras, dueños de tierras, desarrolladores inmobiliarios, entre otros.
Foto: Lucía Demarchi
Marcha de los Barbijos
El 5 de junio fue el día mundial del ambiente y, en Rosario, la fecha de la Marcha Plurinacional de los Barbijos. Este domingo pasado, unas 3 mil personas recorrieron con banderas y consignas la costa central hasta el Monumento Nacional a la Bandera, donde se hizo lectura de una proclama.
“Esta acción surge en Rosario a fines del año 2018, en el último plenario provincial de la Multisectorial Paren de Fumigarnos de Santa Fe”, explicó Mauricio Cornaglia, militante de esa agrupación integrada por unas 20 organizaciones, gremios y partidos políticos. “Las luchas sectoriales no estaban dando el resultado deseado. Entonces decidimos hacer algo fuerte, grande, para amalgamar todas y cada una de las luchas contra algún tipo de extractivismo en todos los rincones del país. Así nació lo que fue la primera Marcha Plurinacional de los Barbijos en 2019”, detalló Cornaglia.
La pandemia por coronavirus instaló el barbijo como símbolo de prevención y salud. Pero antes de que el covid-19 fuera siquiera identificado como virus, en Rosario los barbijos tuvieron un sentido opuesto: el de enfermedad y envenenamiento. “No fue un invento nuestro. Las primeras que instalaron el símbolo del barbijo en la lucha contra algún tipo de contaminación fueron las Madres del Barrio Ituzaingó Anexo, en Córdoba. Madres que están peleando desde siempre porque tienen chiquitos y chiquitas muertas y muertos, o nacidas y nacidos con algún tipo de malformación por las fumigaciones con agrotóxicos sobre sus viviendas”, detalló Cornaglia.
Después de un parate de dos años por la pandemia, este 2022 la Marcha volvió a las calles. “No abarca sólo la lucha contra los agrotóxicos y los agronegocios. Aquí hay compañeros y compañeras de Mendoza, San Juan, Córdoba, Entre Ríos que están luchando contra la megaminería, contra el fracking y contra un montón de otras expresiones del modelo extractivista”.
Este artículo fue realizado con el apoyo de Pan Para Todos.
Texto y fotos por Lucía Demarchi para Agencia de Noticias Biodiversidadla - moc.liamg@ihcramedaicul