Defensa de los derechos de los pueblos y comunidades

Nélida Almeida es una joven trabajadora de la tierra de la provincia de Misiones y forma parte de Productores Independientes de Puerto Piray (PIP), una organización que reúne a más de 70 familias productoras que hoy integra la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT). A su vez,  la  UTT nuclea a más de 22 mil familias campesinas en 18 provincias del país cuya producción es principalmente agrícola, frutihortícola y de cría de animales. Una lucha histórica de la UTT es por el acceso a la tierra para que familias, pequeños y pequeñas productoras puedan, mediante un crédito asequible, tener la titularidad de la tierra para trabajarla y vivir en condiciones dignas. 

Entre enero de 2020 y diciembre de 2021, al menos 1964 comunidades indígenas, afrodescendientes y locales de seis países de América Latina vieron afectados sus derechos colectivos por proyectos extractivos y de infraestructura.

La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) presentó ocho propuestas prioritarias de su Agenda Grande que busca garantizar la existencia de los pueblos indígenas amazónicos mediante el desarrollo con identidad a fin de alcanzar la Vida Plena.

La 28ª Marcha Campesina inundó en la mañana del jueves las calles de la capital. La histórica movilización reunió, tras varios años, a las principales organizaciones campesinas del país en una convocatoria unitaria. Con la masiva presencia de campesinos e indígenas se levantó temporalmente la Lucha Prolongada colocando en el horizonte futuras movilizaciones por un Programa de Emergencia Nacional.

Las últimas décadas del siglo XX y primeras del XXI han visto el renacer político y cultural de los pueblos indígenas de México. En el caso del entonces Distrito Federal los pueblos originarios colocaron en la agenda local demandas como el reconocimiento pleno a sus tierras y territorios, el alto al saqueo y degradación de sus recursos naturales: tierras, bosques y agua; el derecho a definir internamente sus formas de gobierno y representación y el derecho a la toma de decisiones colectivas por vía de la asamblea comunal o comunitaria.

De un lado de la carretera la empresa Bonafont permanece blindada. Policías, perros y trincheras levantadas con garrafones anaranjados fueron colocados detrás de dos puertas protegidas con alambres de púas. Sólo así pueden ocupar este inmueble los empresarios acusados de saquear el agua de los pueblos nahuas de la región cholulteca, en las faldas de los volcanes. Frente a ellos marcharon ayer pobladores y activistas aliados con las consignas “Fuera Bonafont”, “El agua no se vende” y “No más fuerzas armadas en nuestros pueblos”, entre otras exigencias que enarbolan quienes durante tres décadas fueron saqueados por el consorcio francés Danone.

Miriam Miranda es la Coordinadora General de la Organización Fraternal  Negra Hondureña, OFRANEH, defensora de los territorios con una larga trayectoria en la lucha por los derechos de los pueblos indígenas, afros y de las mujeres y en representación del pueblo garífuna al que pertenece.

 El 22 de marzo fue declarado por las Naciones Unidas como el Día Internacional del Agua. Con esta declaración se confirma al agua como un derecho humano. A pesar de que este día debería servir para concientizar, se torna como una de las causas para la criminalización, más que un derecho para los pueblos originarios. El agua y otros bienes que hay en los territorios de los pueblos originarios no se pueden entender de forma aislada a los otros bienes, como el aire, tierra, fuego, animales. Son interdependientes con las personas, los pueblos y la comunidad, como muy bien lo sostiene el texto constitucional que están discutiendo en Chile, sobre la naturaleza.